No habiéndose podido notificar a D. José Rigo Ballester en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 494/96-M, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. José Rigo Ballester, la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, de fecha 21 de octubre de 1996, recaída en el expediente 494/96-M, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:
Vista la denuncia formulada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la 151ª Comandancia de la Guardia Civil, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Que el día 2 de octubre de 1996, se ha constatado el vertido no autorizado del vehículo, marca Seat, modelo Panda, matrícula TF-5.179-V, en el lugar conocido por Los Partidos de Franquis, en el interior del Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Teno (T-13), término municipal de El Tanque, lo que rompe la armonía del paisaje y altera la perspectiva del campo visual, siendo presunto responsable de la misma D. José Rigo Ballester. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º) Que esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y a la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, conforme a lo establecido en el artº. 23.bis del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, que modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial aprobado por Decreto 107/1995, de 26 de abril, siendo competentes para su resolución los órganos a los que se refiere el Decreto 107/1995, de 26 de abril, en su artº. 22, y el Decreto 273/1995, de 11 de agosto, en su artº. 23, apartado 22 y 23 bis.
2º) Que el referido lugar se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y que la referida actividad se viene realizando sin las perceptivas autorizaciones administrativas.
3º) Que los hechos denunciados son presuntamente constitutivos de una infracción administrativa a lo establecido en el artículo 38, apartado 5, de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, calificada de menos grave y sancionable con una multa que oscilará entre 100.001 a 1.000.000 de pesetas, en atención a las circunstancias que concurran en el caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,
R E S U E L V O:
1º) Iniciar expediente sancionador a D. José Rigo Ballester, como presunto responsable de una infracción administrativa a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, por los hechos anteriormente relacionados.
2º) Nombrar como instructora a la funcionaria de esta Consejería de Política Territorial Dña. Olga Sánchez-Pinto y secretaria del mismo a la también funcionaria Dña. María Eugenia Ramos Laserna, lo que se le comunica a los efectos de poder ejercer el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Comunicarle que a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Dirección General, de conformidad con los artículos 3 y 16 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Si reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora).
La sanción podrá reducirse si durante el procedimiento corrige la situación ilegal creada por los hechos que se le imputan mediante la demolición/restitución de las obras/del bien jurídico protegido, en atención a las circunstancias modificativas de la responsabilidad relacionadas en el artículo 39 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados instructora y secretaria, así como al interesado.
2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de febrero de 1997.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
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