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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó Sentencia, con fecha 3 de marzo de 1994, en el recurso contencioso-administrativo nº 1.334/1993, en el que fueron partes, de un lado, como demandante, el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, y de otro, como demandada, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y como codemandados, el Cabildo Insular de Tenerife y los Ayuntamientos de Telde, Arucas, Moya y Santa Lucía.
El citado recurso se promovió contra la Orden del Consejero de Trabajo y Función Pública de fecha 12 de agosto de 1993, dictada por delegación del Gobierno de Canarias, mediante la que se participó al Ayuntamiento de Arrecife que, de las subvenciones por el mismo solicitadas -al amparo del Decreto del Gobierno de Canarias 176/1993, de 28 de mayo (B.O.C. nº 77, de 14 .6.93), por el que se regula el Programa Canario de Empleo de 1993 en proyectos que respondan a necesidades colectivas- por importe de 63.786.740 pesetas, para la financiación de los proyectos denominados Conservación de parques y playas de Arrecife, Apoyo extraescolar en los colegios de Arrecife de Lanzarote, curso 1993/94, Plan de actividades socioculturales y deportivas 1993/94 y Ayuda a domicilio, asistencia social, solamente se le concedía una subvención de 7.376.544 pesetas para la financiación del último de los mencionados proyectos.
La parte dispositiva de la expresada Sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
La estimación del recurso, dada la flagrante vulneración de aquel precepto, artº. 14 de la Constitución, declarando la nulidad parcial de las resoluciones combatidas y el derecho de la actora a que le sean aceptados los proyectos desestimados mediante el prorrateo de minoración a que haya lugar en el importe de las ayudas concedidas a las otras Corporaciones afectadas, o cualquier otra fórmula compensatoria alternativa.
Mediante auto de fecha 5 de octubre de 1994, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó la ejecución provisional de la referida Sentencia, requiriendo a la Administración de la Comunidad Autónoma para que procediera de inmediato a dar cumplimiento a los términos de su parte dispositiva.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y concordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso de la competencia atribuida por el apartado 3 del artº. 5 bis de la Ley Territorial 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario de Formación y Empleo, introducido por Ley Territorial 6/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la anteriormente citada,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar, en ejecución de la referida Sentencia, la realización de los trámites conducentes a dar cumplimiento a la citada resolución judicial, y atendidas las circunstancias de haber transcurrido determinado periodo de tiempo entre la fecha de la convocatoria de referencia y la ejecución provisional de la Sentencia que ahora se dispone y al no existir constancia de la vigencia y virtualidad actual de los proyectos desestimados en tanto el transcurso del tiempo puede haber tomado innecesaria su ejecución y visto que al propio tiempo resulta impracticable una detracción porcentual al resto de los beneficiarios de la antes citada convocatoria con el fin de compensar al Ayuntamiento actor, por cuanto los créditos correspondientes ya han sido dispuestos, y la circunstancia de no ser firme la resolución judicial que se ejecuta, aconseja el que se opte por compensar a la referida Entidad Local con la iniciación de los trámites conducentes a la concesión de una subvención específica por reconocido interés público y por importe igual al que le hubiera correspondido a la citada Entidad Local con arreglo al Decreto 176/1993, de 28 de mayo, del Gobierno de Canarias para la realización de los proyectos dejados de subvencionar por medio de la convocatoria impugnada, siempre y cuando se manifieste conformidad de parte de la Administración actora y se suscriba el oportuno convenio, en cuyo texto habrá de determinarse haber dado cumplimiento al fallo judicial en forma satisfactoria para la parte actora.
Segundo.- Requiérase al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote a fin de que, en el plazo de diez días, alegue lo que estime procedente para fijar los términos del convenio de colaboración que habrá de celebrarse para la concesión de las subvenciones a que se refiere el anterior apartado primero. Tercero.- Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, y publíquese en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la que la misma se refiere.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 1997.- El Presidente, Víctor Manuel Díaz Domínguez.
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