Visto lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, en el recurso nº 252/97, interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de fecha 9 de diciembre de 1996, cuyo punto 2º acuerda desestimar el recurso ordinario interpuesto por la citada empresa constructora, en lo relativo a la pretensión deducida respecto a la certificación nº 18, afectada por la providencia de embargo acordada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Teniendo en cuenta que el acto objeto de la impugnación afecta a una pluralidad de administrados por determinar, supuesto subsumible en lo establecido en el apartado a) del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, modificado por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal,
R E S U E L V E:
Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 252/97, para que puedan comparecer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Santa Cruz de Tenerife y personarse en los autos en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente. Santa Cruz de Tenerife, a 3 de marzo de 1997.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
© Gobierno de Canarias