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Resultando que, con fecha 26 de diciembre de 1996, se dictó Orden Departamental nº 1.335, por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valsequillo en varias zonas.
Resultando que el apartado 5 del dispositivo primero de la citada Orden se refiere erróneamente a modificación de límite de suelo urbano en Las Casas, duplicando la misma referencia, aunque en plural, en el siguiente apartado 6 al decir modificación de límites de suelo urbano en Las Casas.
Considerando que, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Considerando que, en el presente supuesto, se aprecia la existencia de un error en la denominación del ámbito referido en el apartado 5 del dispositivo primero de la referida Orden Departamental al señalar la localidad de Las Casas cuando debería ser el de La Cantera.
Considerando que la corrección compete al mismo órgano administrativo que dictó el acto erróneo.
Vistos el expediente administrativo, los documentos obrantes en el mismo, la legislación citada, sus concordantes y demás normas de general aplicación, D I S P O N G O:
Primero: rectificar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el error cometido en el apartado 5 del dispositivo primero de la Orden Departamental nº 1.335, de 26 de diciembre de 1996, por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Valsequillo en varias zonas, de tal forma que, donde dice: 5. Modificación de límite de suelo urbano en Las Casas, debe decir: 5. Modificación de límite de suelo urbano en La Cantera.
Segundo: el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y se notificará expresamente al Ayuntamiento de Valsequillo y al Cabildo Insular de Gran Canaria.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación, según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La interposición del referido recurso requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal y como establece el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de febrero de 1997.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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