Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Carmelo Acosta Abrante, en representación de Novedades Acosta, S.L., la Resolución de 23 de diciembre de 1996 (libro nº 1, folio 24, número 335), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 630/95 (expediente número TF-0590-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 6 de noviembre de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de febrero de 1997.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Carmelo Acosta Abrante, en representación de Novedades Acosta, S.L. Visto el recurso ordinario formulado por D. Carmelo Acosta Abrante, en representación de Novedades Acosta, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 6 de noviembre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0590-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo TF-0037-AV un transporte privado complementario de mercancías careciendo de tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que se solicitó la autorización de transporte el 5 de agosto de 1994 y se le autorizó en el mes de marzo de 1995 y, por tanto, la empresa reunía los requisitos para el otorgamiento de la tarjeta de transportes siendo de aplicación el artículo 142.a) de LOTT y como no hubo intencionalidad ni mala fe, se solicita la reducción de la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 6 de noviembre de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 158 y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Decreto 12/1992, de 7 de febrero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones de transporte, por lo que se considera infracción administrativa grave, la realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo específico careciendo del mismo.
En efecto, a la vista del informe emitido por el Servicio de Apoyo y Coordinación de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de noviembre de 1996, que obra en el expediente, en el que se hace constar que si bien el vehículo TF-0037-AV carecía en la fecha de la denuncia de la preceptiva autorización administrativa, dado el escaso periodo transcurrido entre la misma y la concesión del título habilitante, y que reunía, en esa fecha, los requisitos para su otorgamiento, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 142.a) del LOTT que considera infracción administrativa leve, la realización de transportes o actividades auxiliares para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija la previa autorización administrativa, careciendo de la misma siempre que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento, y en consecuencia, estimar el recurso interpuesto y modificar la resolución impugnada en el sentido de calificar como leve la infracción cometida y rebajar la cuantía de la sanción impuesta a 15.000 pesetas.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resultas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar en parte el recurso ordinario promovido por D. Carmelo Acosta Abrante, en representación de Novedades Acosta, S.L. y modificar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 6 de noviembre de 1995, recaída en el expediente sancionador nº TF-0590-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a quince mil (15.000) pesetas al calificar como leve la infracción cometida.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
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