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BOC Nº 046. Miércoles 9 de Abril de 1997 - 1042

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

1042 - ANUNCIO de 25 de febrero de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Ramiro Santos Morales, como titular del establecimiento Bar Plaza, contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de 1 de octubre de 1996, recaída en el expediente administrativo de revocación de autorización de explotación de dos máquinas recreativas propiedad de la empresa operadora Andrés Acosta Castañeda.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el recurso ordinario, interpuesto por D. Ramiro Santos Morales, en el domicilio que figura en el expediente administrativo tramitado por esta Consejería de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a D. Andrés Acosta Castañeda, sin que haya podido practicarse de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Examinado el expediente tramitado por esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. Ramiro Santos Morales, como titular del establecimiento Bar Plaza, contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 1 de octubre de 1996, recaída en el expediente administrativo de revocación de autorización de explotación para las máquinas recreativas TF-B-11.703 y TF-B-972, propiedad de la empresa operadora Andrés Acosta Castañeda y Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública,

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES 1º) Con fecha 1 de octubre de 1996, fue dictada Resolución por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se resuelve sobreseer el expediente administrativo de revocación de boletines de instalación, autorizados para las máquinas recreativas TF-B-11.703 y TF-B-972, propiedad de la empresa operadora Andrés Acosta Castañeda, diligenciados para el local denominado Bar Plaza, sito en la calle El Pilar, 2, de Santa Cruz de Tenerife, al encontrarse vigentes las autorizaciones de instalación en que consisten los boletines de las referidas máquinas recreativas para el citado local.

2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que no es cierto lo manifestado por la empresa operadora Andrés Acosta Castañeda, pues éste retiró voluntariamente las máquinas del establecimiento, alegando falta de rentabilidad.

Por otro lado, manifiesta el recurrente que el presente expediente carece de fundamentación, al no haberse respetado por la Administración los principios del Derecho Penal plenamente aplicables al Derecho Administrativo Sancionador, debiendo la Administración soportar la carga de probar los elementos de hecho integrantes del tipo de infracción administrativa, no aportándose por la Administración ninguna prueba que desvirtúe la presunción de inocencia que ampara al compareciente, sino que el sobreseimiento se ha basado en una simple manifestación de D. Andrés Acosta Castañeda.

Solicitándose, en definitiva, que se acceda a dejar sin efectos la Resolución recurrida, declarándose que no ha lugar al sobreseimiento del expediente de revocación de boletines de instalación para las máquinas recreativas TF-B-11.703 y TF-B-972. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1 de julio), modificado por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17 de julio), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29 de junio).

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 6.1 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- Considerando que el escrito deducido es extemporáneo, dado que no se ha presentado dentro del preclusivo plazo de un mes que para la interposición del recurso ordinario establece el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo comenzar el cómputo del mismo a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del acto, la cual fue realizada en debida forma el 21 de marzo de 1995, existiendo constancia de su recepción por el acuse de recibo del Servicio de Correos firmado.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.

Sexta.- En primer lugar, hay que partir de la premisa de que la resolución impugnada no está poniendo fin a procedimiento sancionador alguno, por cuanto la misma no ha sido dictada en el ejercicio de la potestad sancionadora de que está investida la Administración; por el contrario nos encontramos ante un procedimiento de naturaleza bien distinta, tramitado conforme a las reglas del procedimiento administrativo común, previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En segundo lugar, y entrando en el fondo del asunto, para determinar la extinción de la validez de los boletines de instalación de dichas máquinas, habrá que estar a lo dispuesto en el artº. 22 apartado 1, párrafo segundo, in fine, del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya virtud y teniendo en cuenta que el plazo de permanencia mínimo de las máquinas de juego en los locales donde estuviere autorizada su instalación, no podrá ser inferior a doce meses, a partir de la fecha de diligenciación del Boletín de Instalación (artº. 22.1 párrafo primero, del mismo texto reglamentario) el deber de permanencia de las máquinas de juego en los locales donde estuviera autorizada su instalación, se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de doce meses, salvo que por alguna de las partes (el operadora o el titular del local) se manifieste expresamente lo contrario, y lo notifique a la otra parte de forma fehaciente, y siempre antes del último mes de vigencia del plazo corriente; extremo éste que no ha sido cumplimentado por ninguna de las partes firmantes de los boletines de instalación, lo que determina el hecho de que las máquinas deban permanecer instaladas en el local de referencia, en tanto en cuanto, el documento que así lo habilita (Boletín de Instalación) se encuentre plenamente vigente para esta Administración.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Ramiro Santos Morales, como titular del establecimiento denominado Bar Plaza, contra la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 7 de octubre de 1996, descrita en el Antecedente 1º de la presente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle El Pilar, 2, de Santa Cruz de Tenerife; así como a D. Andrés Acosta Castañeda, también parte interesada en el procedimiento, y con domicilio en calle Marqués de Celada, 99, La Laguna, concediéndole un plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente de la presente publicación, a fin de que pueda alegar cuanto considere en su defensa.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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