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Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 210/96, incoado a Tenebingo, S.A., titular de la Sala de Bingo Baudet, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROVIDENCIA
Vista el acta de los funcionarios de la Inspección del juego, de fecha 9 de diciembre de 1996, levantada en el establecimiento Sala de Bingo Baudet, sita en Santa Cruz de Tenerife, Avenida General Mola, 4, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la normativa sobre el juego, iníciese expediente sancionador a la empresa de servicios del juego del bingo denominada Tenebingo, S.A., empresa que gestiona y explota el juego del bingo en la indicada sala, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Decreto 123/1988, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo en esta Comunidad Autónoma, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, Técnico Instructor de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
PLIEGO DE CARGOS
1º) Con fecha 9 de diciembre de 1996, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Sala de Bingo Baudet, sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida General Mola, 4, gestionada por la empresa de servicios Tenebingo, S.A. en virtud de autorización administrativa de fecha 24 de mayo de 1995 por un plazo de cinco años, se estaba procediendo a realizar la última partida del Juego del Bingo a las 03,30 horas del día 9 de diciembre de 1996, dando por terminada la gestión de la explotación de la indicada Sala por la citada empresa gestora, todo ello careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
2º) Los hechos descritos suponen infracción al artº. 19 del Decreto 123/1988, de 1 de agosto (B.O.C. nº 119, de 19.9.88) que dispone, que en virtud del contrato de prestación de servicios que la empresa formalice con la entidad titular de la sala, aquélla asumirá ante la Administración, la total responsabilidad por la organización, funcionamiento y gestión del juego.
3º) De conformidad con lo previsto en el artº. 40.3.f) del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de muy grave, la modificación de cualquiera de las condiciones en base a las cuales se concedió la preceptiva autorización de instalación y el permiso de funcionamiento para la explotación o gestión del Juego del Bingo, procediendo sancionar con multa de un millón de pesetas, según disponen los artículos 41 del citado Decreto 123/1988, de 1 de agosto y 22 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), sin perjuicio de lo que pueda resultar de la Instrucción.
4º) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.b) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 42.1.2.b) del citado Decreto 123/1988, de 1 de agosto, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento aprueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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