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La Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias atribuye a la Intervención General el ejercicio del control interno de la actividad económico-financiera del sector público de la Comunidad Autónoma, estableciendo que el mismo se ejercerá con la misma extensión, efectos y modalidades previstas en la Ley General Presupuestaria.
La Intervención General, como órgano de control interno y sin perjuicio de su adscripción orgánica a la consejería competente en materia de hacienda, está dotada de autonomía respecto a las autoridades y órganos sujetos a control. Por ello, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda, aprobado por el Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, establece en su artículo 23.2 que se rige por sus propias normas de organización y funcionamiento.
Los cambios operados en el régimen de control interno en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y las modificaciones que a dicho régimen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se han introducido por las leyes anuales de los presupuestos autonómicos, así como la necesidad de introducir en el mismo los instrumentos precisos para subsanar las insuficiencias puestas de manifiesto por la aplicación de las normas hasta el momento vigente, determinan la exigencia de aprobación de un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
Asimismo, la evolución experimentada por el sector público de la Comunidad Autónoma sujeto al control de la Intervención General determina que se modifiquen los mecanismos de control, compatibilizando una mayor flexibilidad con el uso adecuado de los recursos públicos, en aras de una mayor eficacia y eficiencia en su gestión.
En cuanto al contenido del presente reglamento, su propia denominación indica que se regulan dos aspectos diferenciados de este órgano de control interno: la organización y el régimen a que debe ajustarse el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
En cuanto a la organización, contenida en el Título I, se realiza una regulación pormenorizada de los órganos que se integran en la Intervención General y de las competencias que se le atribuyen. En este último aspecto, se desconcentra en las Intervenciones Delegadas el ejercicio de la función interventora, salvo los expedientes cuya fiscalización se reserva el Interventor General, sin que por ello este último se vea desprovisto de las funciones directivas del control interno. Y, por otra parte, se concentran en el Interventor General las competencias que integran la función de control financiero y de la dirección y gestión de la contabilidad pública.
En lo que se refiere al funcionamiento, para la regulación del régimen de control interno de la gestión económico-financiera, en el Título II, se establece una clara distinción entre las dos modalidades de control existentes: la función interventora y el control financiero.
En este ámbito, se desarrollan las previsiones que sobre el ejercicio del control interno en el ámbito del sector público se contienen en la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del marco de lo establecido tanto por la legislación estatal, así como por las normas de la Unión Europea relativas al control de los fondos comunitarios.
En el ámbito de la función interventora, se considera conveniente delimitar con claridad las características básicas del régimen ordinario de la fiscalización y del especial de fiscalización limitada previa, así como regular, entre otros aspectos, las modalidades de ejercicio, las actuaciones de control a realizar en las distintas fases del procedimiento de los gastos públicos y las medidas a adoptar en los supuestos de omisión de la fiscalización previa. Asimismo se contempla la realización de informes de gestión, tanto de la totalidad de las actuaciones de los órganos y organismos sujetos a control como de extremos concretos, con propuesta de las medidas precisas para la adecuación de la actuación económico-financiera a los principios que deben presidir esta actividad del sector público.
En cuanto al control financiero, se delimita con precisión los aspectos que se consideran de especial relevancia, como son el ámbito de aplicación, las modalidades de ejercicio, el plan anual y el cauce a seguir por los informes que han de emitirse, entre otros.
En el Título III del reglamento se desarrollan las competencias que corresponden a la Intervención General como órgano que, de acuerdo con la Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene atribuida las funciones tanto de dirección de la contabilidad, cuyo ámbito de extiende a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sus entes de derecho público y a las empresas públicas, como de gestión de la contabilidad pública.
Por último, se recogen en el Título IV, aquellas otras funciones y competencias que, establecidas por el propio reglamento o atribuidas a la Intervención General por otras normas, no pueden entenderse incluidas exclusivamente en una de las dos modalidades de la función de control interno antes mencionadas.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Economía y Hacienda y de Presidencia y Relaciones Institucionales, previa deliberación del Gobierno en la sesión celebrada el día 6 de marzo de 1997,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General en los términos que figuran en el anexo de este Decreto.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en este Decreto y, específicamente, el Decreto 126/1986, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Interventora, con las modificaciones introducidas por el Decreto 87/1988, de 13 de mayo, y el Decreto 271/1990, de 19 de diciembre.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto. Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 1997.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA José Carlos Francisco Díaz.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
A N E X O
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
TÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN
Artículo 1.- Órganos.
La Intervención General, bajo la dependencia orgánica del titular de la consejería competente en materia de hacienda, se estructura en los órganos siguientes:
a) Interventor General.
b) Intervenciones Delegadas.
c) Intervenciones Insulares.
Artículo 2.- Interventor General.
El Interventor General, con rango de director general, es nombrado por Decreto del Gobierno a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 3.- Intervenciones Delegadas.
1. En cada departamento del Gobierno de Canarias, organismo autónomo de carácter administrativo y entes que por su normativa reguladora estén sujetos a la función interventora ejercerá sus funciones, al menos, una Intervención Delegada, sin perjuicio de que un mismo interventor pueda ejercer sus funciones en varias de ellas.
2. Asimismo, existirá una Intervención Delegada en los órganos competentes en materia de tesoro y política financiera.
Artículo 4.- Intervenciones Insulares.
En la consejería competente en materia de hacienda existirán Intervenciones Insulares, como órganos de control y fiscalización de los ingresos y pagos tramitados a través de su caja pagadora.
CAPÍTULO II
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Artículo 5.- Funciones.
1. Corresponden a la Intervención General las funciones interventoras previstas en la ley reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y en el presente Reglamento.
2. Específicamente, la Intervención General tiene atribuidas las siguientes funciones:
a) El control interno del sector público autonómico.
b) La dirección y gestión de la contabilidad pública.
c) Cualesquiera otras que le atribuya la normativa vigente.
3. En el ejercicio de sus funciones, la Intervención General actúa con plena autonomía respecto de las autoridades, órganos y entidades sujetas a su control y de acuerdo con el principio de ejercicio desconcentrado.
Artículo 6.- Competencias del Interventor General.
1. El Interventor General dirige todos los servicios, dependencias y personal adscrito a la Intervención General, a cuyo efecto tiene las competencias que la normativa autonómica atribuye a los directores generales, salvo las facultades de órgano de contratación.
2. Corresponde al Interventor General, en materia de función interventora, la fiscalización previa de los documentos y expedientes siguientes:
a) Los de cuantía indeterminada. b) Los que sean autorizados por el Gobierno, por superar el importe fijado anualmente en la ley de presupuestos.
c) Las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones.
d) Los que precisen ser informados con carácter preceptivo por el Consejo Consultivo o, en su caso, por el Consejo de Estado.
e) Los que sean elevados motivadamente por el interventor competente.
3. Corresponde al Interventor General, en materia de control financiero:
a) Disponer el alcance y contenido de las auditorías conforme al Plan de Auditorías anual.
b) Emitir los informes definitivos de control financiero.
c) Emitir informes de actuación.
d) Fijar el alcance del control financiero permanente de los organismos autónomos y entes públicos, en los términos que se prevén en este Reglamento.
e) Las demás competencias que derivan del control financiero previsto en este Reglamento.
4. Corresponde al Interventor General, en materia de contabilidad pública:
Las competencias dimanantes de las funciones de dirección y gestión de la contabilidad pública, en los términos previstos en este Reglamento.
5. Asimismo le corresponde instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
Artículo 7.- Competencias de las Intervenciones Delegadas.
Corresponden a las Intervenciones Delegadas, en su respectivo ámbito orgánico o territorial, las competencias de fiscalización y control que se establecen en este Reglamento que no estén atribuidas específicamente a ningún otro órgano.
Artículo 8.- Competencias de la Intervención Delegada en el tesoro y política financiera.
Corresponde a la Intervención Delegada en el tesoro y política financiera las siguientes competencias: a) El control y fiscalización de los ingresos afectos a la caja central y de los gastos de la Deuda Pública.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material de los pagos que queden afectos a la caja central.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan específicamente.
Artículo 9.- Competencias de las Intervenciones Insulares.
Corresponden a las Intervenciones Insulares, en el ámbito de sus cajas pagadoras, las siguientes competencias:
a) El control y fiscalización de los ingresos.
b) La intervención formal y material de los pagos.
c) Interponer los recursos y reclamaciones en vía administrativa que procedan contra los actos y resoluciones contrarios a la Ley o que se estimen perjudiciales para los intereses del Tesoro de la Comunidad Autónoma.
TÍTULO II
CONTROL INTERNO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 10.- Ámbito objetivo.
El control interno de la gestión económico-financiera se extenderá al conjunto de la actividad financiera del sector público de la Comunidad Autónoma sujeto conforme al ordenamiento jurídico vigente y a los actos con contenido económico que la integran.
Artículo 11.- Modalidades de control.
1. El control interno de la gestión económico financiera del sector público autonómico se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.
2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración Pública autonómica, de sus organismos autónomos y demás entes públicos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los cobros y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de fondos públicos, con el fin de asegurar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso. 3. El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación económico-financiera se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
Artículo 12.- Colaboración y asistencia con la Intervención General.
1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los presidentes o directores de organismos autónomos y empresas públicas, así como, en general, quienes ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades, deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control.
2. Cuando al realizar el control interno se opusiera resistencia por parte del sujeto sometido al mismo o de aquellos que, de acuerdo al presente Reglamento, estén obligados a prestar la debida colaboración para la realización de éste, se pondrá inmediatamente en conocimiento del Interventor General, quien lo trasladará al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que adopte las medidas necesarias y, en caso de que proceda, exija las responsabilidades en que hayan podido incurrir.
3. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, la Intervención General podrá recabar de los distintos órganos, unidades administrativas o personal de la Administración autonómica los asesoramientos jurídicos e informes técnicos que considere necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno. En el caso de que los mismos hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extienda a la totalidad de la Administración, se solicitarán por el Interventor General.
4. La Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias prestará la asistencia jurídica que corresponda al personal que sea objeto de citación por órganos jurisdiccionales como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno, en los términos previstos en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Artículo 13.- Resultados del control interno.
1. La Intervención General comunicará a los órganos de gestión controlados los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables.
2. Asimismo, dará cuenta al Gobierno, a través del titular de la consejería competente en materia de hacienda, de los resultados que por su especial transcendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas. CAPÍTULO II
FUNCIÓN INTERVENTORA
Sección Primera
Disposiciones generales
Artículo 14.- Objeto de la función interventora.
1. La función interventora, de carácter interno y preventivo, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la normativa presupuestaria, de gestión de los gastos e ingresos y de aplicación de los fondos públicos.
2. La función interventora se ejercerá respecto de todos los actos y documentos que puedan dar lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los cobros y pagos que de ellos se deriven.
Artículo 15.- Ámbito de la función interventora.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos de carácter administrativo están sujetos a la función interventora en los términos establecidos en la ley reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y en el presente capítulo.
2. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a actos, documentos y expedientes de contenido económico objeto de control participen distintas Administraciones Públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de la Administración Pública autonómica y sus organismos autónomos administrativos.
Artículo 16.- Modalidades de ejercicio.
1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.
2. La intervención formal consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
3. La intervención material tiene por objeto comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Artículo 17.- Contenido de la función interventora.
1. El ejercicio de la función interventora por los órganos de la Intervención General comprenderá:
a) La fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, incluso cuando deriven de actos resolutorios de recursos administrativos.
b) La intervención de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones.
c) La intervención y comprobación material de las inversiones.
d) La intervención formal de la ordenación del pago.
e) La intervención material del pago.
2. La fiscalización previa consiste en el examen, antes de que se dicte la correspondiente resolución, de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.
3. La intervención de la liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación consiste en la facultad de comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos y que el acreedor ha cumplido o garantizado su correlativa prestación.
4. La intervención de la comprobación material de la inversión tiene por objeto verificar que se han realizado o entregado las prestaciones y su adecuación al contenido del contrato suscrito.
5. La intervención formal de la ordenación del pago tiene por objeto verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro de la Comunidad Autónoma.
6. La intervención material del pago consiste en verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente, en favor del perceptor y por el importe establecidos.
Artículo 18.- Informes de gestión.
1. Los interventores delegados realizarán anualmente un informe de toda la actividad económico-financiera desarrollada por los órganos, organismos u entes sujetos a su control.
2. Los órganos de la Intervención General, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán emitir informes acerca de los aspectos deducidos del ejercicio de la función interventora.
3. La Intervención General, en su caso, remitirá los informes realizados al titular del departamento que corresponda, a efectos de que en un plazo de quince días pueda formular las alegaciones que estime procedentes. 4. Los informes y las propuestas de medidas y actuaciones necesarias para asegurar la correcta administración de los recursos públicos, así como las alegaciones remitidas, podrán elevarse por el Interventor General, a través del consejero competente en materia de hacienda, a la consideración del Gobierno.
Sección Segunda
Función interventora sobre derechos e ingresos
Artículo 19.- Fiscalización previa de derechos e ingresos.
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma se realizará mediante el control inherente a la toma de razón en contabilidad y control posterior.
2. La fiscalización prevista en el número anterior no alcanzará a los expedientes de devolución de ingresos indebidos y a los que resuelvan la devolución de ingresos o pagos no presupuestarios, que se fiscalizarán conforme a lo que se establece en la sección tercera de este capítulo.
Artículo 20.- Control posterior de derechos e ingresos.
1. El control posterior de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma se efectuará mediante el ejercicio del control financiero permanente.
2. El Interventor General podrá establecer comprobaciones y procedimientos específicos posteriores sobre determinados tipos de liquidaciones.
Sección Tercera
Función interventora sobre gastos y pagos
Artículo 21.- Requisitos de la solicitud de informe.
1. A la solicitud de informe deberá adjuntarse el expediente administrativo completo, en el que consten todos los justificantes e informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se adopte el acuerdo que corresponda por el órgano competente. 2. El informe de la intervención será el último en cada una de las fases de fiscalización a que esté sujeto el expediente. No obstante, la fiscalización en los casos en que deba emitir dictamen el Consejo Consultivo de Canarias, además de comprobar con anterioridad al dictamen de dicho organismo los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad al mismo únicamente constatará su existencia material y, en el supuesto de que sea vinculante, su carácter favorable. Artículo 22.- Plazo para la fiscalización.
1. La intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la fecha de su recepción. Este plazo se reducirá a siete días computados de igual forma cuando exista declaración expresa de urgencia en la tramitación del expediente.
2. El mencionado plazo se suspenderá cuando se soliciten los asesoramientos o informes a que se refiere el artículo 12.3 de este Reglamento, a cuyo efecto se comunicará esta circunstancia al órgano solicitante.
Artículo 23.- Fiscalización de conformidad.
1. Si la intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, emitirá informe de conformidad.
2. El informe de fiscalización podrá sustituirse por la firma en los documentos contables en los supuestos que expresamente se establezca por el Interventor General.
Artículo 24.- Formulación de reparos.
1. Si la intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito, que recogerá todas las objeciones observadas en el expediente y la motivación fundada en las normas en que se sustenta su criterio.
2. El reparo suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes:
a) Cuando se base en la insuficiencia del crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando el gasto sea autorizado por órgano no competente.
c) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
d) Cuando se omitan en el expediente requisitos o trámites que, de conformidad con la normativa aplicable, sean esenciales, o cuando se estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro o a un tercero.
e) Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención. En caso contrario, se seguirá el procedimiento de resolución de discrepancias previsto en el artículo siguiente.
4. Siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales, la Intervención podrá fiscalizar favorablemente, condicionando la efectividad de la fiscalización favorable a la subsanación de los defectos observados con anterioridad a la aprobación del expediente. A estos efectos, el órgano gestor deberá remitir a la Intervención la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
5. En el supuesto de que el órgano gestor no cumpliese los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará formulado el correspondiente reparo.
Artículo 25.- Discrepancias.
1. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, podrá plantear su discrepancia, motivada con las normas y actos en los que sustente su criterio, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
2. En los supuestos en que el reparo haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá al Interventor General resolver la discrepancia en el plazo de quince días, siendo esta resolución obligatoria para aquélla.
3. Cuando el reparo haya sido formulado por el Interventor General o éste haya confirmado el de una Intervención Delegada, corresponderá resolver las discrepancia al Gobierno, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda.
4. A los efectos previstos en el número anterior, el titular del departamento al que afecte el reparo remitirá informe razonado, acompañado del expediente administrativo, a la consejería competente en materia de hacienda.
Artículo 26.- Omisión de intervención.
1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento u otra norma de aplicación, la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido no se podrá reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente el expediente correspondiente, a menos que se subsane la omisión producida, a través de la oportuna fiscalización, y que, en su caso, ésta fuera favorable; todo ello sin perjuicio, en su caso, de la tramitación de un expediente autónomo de revisión, para el supuesto de que se estime que la omisión de la fiscalización u otros defectos de que adolezca el expediente impidan la convalidación del acto o contrato. 2. La subsanación de la omisión de la fiscalización requerirá la previa autorización del Gobierno para que proceda a su realización, sometiéndose a los siguientes requisitos:
a) La propuesta de autorización se remitirá al Consejero de Economía y Hacienda por el titular del departamento que tramite el oportuno expediente de convalidación del acto o contrato en que se haya producido la omisión de la fiscalización;
b) A la propuesta de autorización habrá de acompañarse, preceptivamente, la siguiente documentación:
- resolución de iniciación del expediente de convalidación por el órgano competente;
- memoria que incluya la explicación de la omisión de la fiscalización y la justificación de que la subsanación de tal omisión permitirá la ulterior convalidación del acto o contrato;
- informe de la Intervención General sobre la omisión producida.
c) La propuesta de autorización se elevará al Gobierno por el Consejero de Economía y Hacienda.
3. La autorización, en su caso, del Gobierno se limitará exclusivamente a habilitar a la Intervención General a realizar la oportuna fiscalización, sin determinar la convalidación del acto o contrato ni el sentido o efectos de la ulterior fiscalización.
4. Obtenida la autorización del Gobierno, por la Intervención General se procederá a realizar la oportuna fiscalización, debiendo estarse a su alcance, naturaleza y resultado a efectos de determinar, por el órgano competente en cada caso, la procedencia o no de la convalidación del acto o contrato; todo ello sin perjuicio del eventual planteamiento de discrepancia con el informe emitido por la Intervención General.
Artículo 27.- Exención de fiscalización previa.
Están exceptuados de fiscalización previa los expedientes, contratos, actos y documentos en los que así esté establecido por la normativa vigente.
Artículo 28.- Fiscalización limitada previa.
1. El Consejo de Gobierno podrá acordar, previo informe de la Intervención General y a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, que la intervención previa en cualesquiera de los centros gestores del gasto, dependencias y organismos, se limite a comprobar los extremos siguientes:
a) Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado para este tipo de gastos.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. En todo caso se comprobará la competencia del órgano, cuando éste no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
c) Aquellos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Gobierno a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General.
2. El Interventor General y los interventores delegados podrán formular las observaciones complementarias que estimen convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
3. El régimen de fiscalización limitada prevista en este artículo no será de aplicación a las obligaciones o gastos de cuantía indeterminada ni a aquellos otros que sean autorizados por el Gobierno.
Artículo 29.- Fiscalización plena posterior.
1. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada previa, dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio presupuestario en que se hayan producido, serán objeto de fiscalización plena con posterioridad, con el objeto de verificar que se han ajustado a las disposiciones aplicables en cada caso y de determinar el grado de cumplimiento en la gestión de los créditos, así como, en su caso, la eficacia en la gestión del gasto.
2. La fiscalización plena podrá referirse a la totalidad o a una muestra representativa de los documentos o expedientes sometidos a fiscalización limitada, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría.
3. La fiscalización plena posterior se plasmará en un informe en el que constarán cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de la misma. El informe se remitirá por el interventor delegado al titular del departamento que corresponda, para que formule, en el plazo de quince días, las alegaciones que considere oportunas.
4. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo fijado para ello, el interventor delegado remitirá al Interventor General el informe emitido, las alegaciones formuladas y, en su caso, las observaciones a estas últimas.
5. El Interventor General comunicará al titular de la consejería competente en materia de hacienda los resultados más importantes de la fiscalización realizada con posterioridad, a efectos de que pueda dar cuenta al Gobierno de los mismos y comunicarlos a los órganos que resulten afectados. En su caso, el Interventor General propondrá las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar la correcta asignación y administración de los recursos públicos.
Artículo 30.- Intervención de la liquidación del gasto.
Al efectuarse la intervención previa de la liquidación del gasto o el reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar:
a) Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación se realicen simultáneamente.
b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:
1º) Identificación del acreedor. 2º) Importe exacto de la obligación.
3º) Las prestaciones y otras causas de las que derive la obligación del pago.
c) Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización o entrega de la prestación o del gasto, y, en su caso, que ha sido intervenida dicha comprobación.
Artículo 31.- Comprobación material de la inversión.
1. Dentro del mes siguiente a la realización o entrega del objeto del contrato y, en cualquier caso, antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación, se procederá a verificar materialmente la efectiva realización o entrega de las prestaciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del contrato.
2. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará, de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones, en los siguientes medios:
a) En informe emitido por el titular del órgano, centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar la prestación realizada. Dicho informe expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su identificación, o haberse ejecutado la prestación con arreglo a las condiciones generales y particulares previamente establecidas. b) En acta, suscrita por todos los que concurran al acto de recepción de la prestación objeto del contrato, en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Asimismo, en el acta o en informe ampliatorio, podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
Artículo 32.- Intervención de la comprobación material.
1. La intervención de la comprobación material se realizará por el delegado designado por el Interventor General para una inversión determinada, para determinados tipos de inversión o con carácter general para todas las que afecten a un departamento, centro directivo u organismo.
2. A estos efectos, con una antelación mínima de veinte días a la celebración del acto de comprobación material, deberá solicitarse a la Intervención General la designación de delegado en los supuestos siguientes:
a) Ejecución de obras y adquisición de bienes inmuebles, cuando su importe supere los diez millones de pesetas.
b) Suministros y demás prestaciones, cuando su importe exceda de cinco millones de pesetas.
3. La Intervención General, en el plazo máximo de ocho días y atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, designará un delegado o desestimará la asistencia al acto de recepción. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la designación de delegado, se entenderá desestimada la asistencia al mismo.
4. Designado el delegado, el órgano o centro gestor deberá remitir al mismo, en un plazo no inferior a los quince días anteriores a la celebración del acto, la documentación que se establezca por la Intervención General.
5. En los casos en que sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para la comprobación material, el delegado de la Intervención General estará asistido por los asesores con la titulación o especialidad idónea que sean designados por el Interventor General, preferentemente entre personal dependiente del mismo y, en su defecto, entre el adscrito a otros órganos de la Administración autonómica que no hayan intervenido en la preparación, adjudicación o ejecución del contrato.
6. La comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con el informe emitido por el titular del órgano, centro, dependencia u organismo a quien corresponda recibir o aceptar la prestación realizada.
7. Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales durante la ejecución de las obras, prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante contratos de suministros.
Artículo 33.- Intervención formal del pago.
1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos que ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma. Esta intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos del Tesoro.
2. La adecuación de la orden de pago al acto de reconocimiento de la obligación se verificará mediante el examen de los documentos o de la certificación de dicho acto emitida por el mismo órgano que realizó las actuaciones y de su fiscalización.
3. En el caso de que las órdenes de pago se expidan basándose en propuestas recibidas por medios informáticos, se entenderá que se produce tal ajuste cuando se libren de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de propuestas.
4. La intervención formal de la ordenación del pago alcanzará a los acuerdos de minoración en el pago en los casos de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor.
Artículo 34.- Intervención material del pago. 1. La intervención material del pago verificará la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención.
2. Está sometida a esta intervención la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:
a) Cumplir, directamente, las obligaciones del Tesoro.
b) Situar fondos a disposición de habilitados.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas del Tesoro.
3. Cuando la Intervención encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos y valores. Si no la encuentra conforme formulará el correspondiente reparo. CAPÍTULO III
CONTROL FINANCIERO
Sección Primera
Disposiciones generales
Artículo 35.- Objeto y finalidad.
1. El control financiero tiene por objeto verificar que la gestión económico-financiera de los órganos y entidades, cualquiera que sea la denominación o forma jurídica, que integran el sector público de la Comunidad Autónoma se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
2. En los supuestos de concesión de ayudas, subvenciones, transferencias, créditos y avales, el control financiero tendrá por objeto comprobar la adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de las mismas, la realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas para su obtención, concesión o disfrute y, en su caso, determinar la situación económico-financiera del perceptor beneficiario o avalado.
Cuando la importancia de las operaciones individualizadas y concretas así lo aconseje, el control financiero se podrá ejercer total o parcialmente antes de que la operación se formalice o concierte.
3. El control financiero tiene como finalidad emitir opinión sobre los objetivos del mismo y promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera, a través de las propuestas o recomendaciones que se deduzcan de los resultados del mismo.
Artículo 36.- Contenido.
El control financiero comprenderá la verificación de que la actuación económico-financiera se ajusta a los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia, del adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y de su fiel reflejo en las cuentas y estados que deban formar los mismos.
Artículo 37.- Ámbito subjetivo.
El control financiero podrá ejercerse respecto a los órganos, entidades y personas siguientes:
a) Los órganos y entidades de derecho público, cualesquiera que sea su denominación o forma jurídica, integrantes de la Administración autonómica, así como las sociedades mercantiles de la misma. b) Los beneficiarios de las ayudas, subvenciones, transferencias, créditos y avales concedidas por los órganos, entidades y sociedades mercantiles con cargo, directa o indirectamente, a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento de gestión de aquéllas.
En este supuesto, las actuaciones de control podrán extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados o vinculados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona física o jurídica, siempre que guarden algún tipo de relación con la aplicación de aquéllas y sea susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos de control.
c) Los beneficiarios de las ayudas y subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Unión Europea, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias, delimitado por su participación en la gestión o financiación.
Artículo 38.- Modalidades de ejercicio.
1. El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, en las normas de auditoría del sector público y en las Instrucciones que se dicten por la Intervención General.
2. Podrán emitirse los informes que sean solicitados por los departamentos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles de la Administración autonómica relacionados con la actividad financiera de su respectiva competencia.
Artículo 39.- Auditorías.
1. Las auditorías consistirán en la comprobación de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control, realizada de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de revisión y de análisis de las operaciones o actuaciones singulares seleccionadas al efecto.
2. Las comprobaciones, en función de los objetivos que en cada caso se determinen, consistirán en verificar:
a) Que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con los principios de legalidad, economía, eficacia y eficiencia.
b) Que la contabilidad, en general, y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión, en particular, expresan fielmente el resultado de dicha gestión y su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con las normas y principios contables generalmente aceptados. c) Que los procedimientos aplicados garantizan de forma razonable que las operaciones se han desarrollado de conformidad con las instrucciones y directrices internas del órgano o ente.
3. Cuando los presupuestos de los órganos o entidades públicas se formulen por programas, objetivos o planes de actuación, las auditorías tendrán por objeto el examen, análisis y evaluación de los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los órganos gestores, así como de cuantos documentos y antecedentes resulten necesarios para determinar el grado de fiabilidad de los datos contenidos en los informes que, con relación a la ejecución de los programas, deban rendir los órganos gestores responsables.
4. De acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, para el análisis de la actividad económico-financiera se podrán utilizar, entre otros, los siguientes modelos de auditoría: financiera, de cumplimiento, operativa, de programas presupuestarios y planes de actuación, así como de sistemas y procedimientos de gestión financiera.
5. Cuando no sea posible llevar a cabo las auditorías por medios propios, a propuesta del Interventor General, podrá contratarse la realización de las mismas con empresas privadas especializadas y profesionales ajenos a la Administración autonómica, a cuyo efecto se podrá exigir que su ejecución se realice con la supervisión o participación de personal adscrito a aquélla.
Artículo 40.- Otros controles.
Sin perjuicio de lo dispuesto para las auditorías, el control financiero podrá consistir en todos o algunos de los extremos siguientes:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de procedimientos concretos de revisión y análisis.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente controlado.
d) La comprobación material de inversiones y otros activos.
e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa vigente.
f) Otras comprobaciones decididas por la Intervención General en atención a las características especiales de las actividades realizadas por los órganos o entes sometidos a control. Artículo 41.- Planificación de los controles. 1. El titular de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General, aprobará el Plan de Auditorías anual, en el que se incluirán los controles financieros a realizar.
2. A estos efectos, los interventores delegados dentro de su ámbito competencial, y los titulares de los diferentes departamentos, organismos autónomos y centros directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma podrán remitir propuestas al referido plan.
3. La Intervención General valorará las propuestas recibidas y, cuando lo considere oportuno, acordará su inclusión en el proyecto de plan de actuaciones de control financiero del ejercicio que corresponda.
4. Aprobado el Plan de Auditorías anual, el titular de la consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General, podrá incluir en el mismo controles financieros no previstos.
Artículo 42.- Realización del control financiero.
1. El control financiero se realizará por los funcionarios que se designen por la Intervención General, los cuales podrán contar, en los casos que sea necesario, con la colaboración de otro personal adscrito a la misma.
2. La designación efectuada deberá comunicarse al responsable del órgano, ente o entidad en la que vaya a efectuarse el control financiero.
Sección Segunda
Informes de control financiero
Artículo 43.- Informes provisionales y definitivos.
1. Realizado el control financiero deberá emitirse informe comprensivo del alcance y objetivos del control, de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo.
2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá al titular del órgano, entidad o ente que haya sido objeto del control para que, en el plazo máximo de quince días desde su recepción, pueda formular las alegaciones que estime oportunas. En el caso de que se admita la existencia de las deficiencias puestas de manifiesto en el informe, deberá indicar las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas.
3. Transcurrido el referido plazo, se emitirá informe definitivo por el Interventor General, en el que se incluirá el informe provisional, las alegaciones recibidas y, en su caso, las observaciones que sobre dichas alegaciones hayan formulado los funcionarios designados para realizar el control. En el caso de que no se reciban alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo.
4. En los casos de control financiero sobre entidades colaboradoras o perceptores de ayudas, subvenciones o transferencias públicas, el informe provisional, además de remitirlo al gestor u órgano concedente de aquellas, también se dirigirá al beneficiario y, en su caso, a la entidad colaboradora, dándole quince días de plazo para que efectúe las alegaciones que estime oportunas. Transcurrido el plazo mencionado, y teniendo en cuenta las alegaciones, en su caso efectuadas, se procederá de la forma contemplada en los apartados anteriores.
Artículo 44.- Destinatarios de los informes definitivos.
Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención General a los siguientes destinatarios:
a) Al titular del departamento del que dependan o al que esté adscrito el órgano, organismo o entidad al que se refieran.
b) Al titular del órgano, entidad o ente objeto del control.
c) Al titular del órgano o ente que haya concedido las ayudas, subvenciones, transferencias, crédito y avales, al beneficiario y, en su caso, a la entidad colaboradora.
d) A la Intervención General de la Administración del Estado, cuando el control se haya realizado sobre ayudas o subvenciones financiadas con cargo a fondos comunitarios y se efectúen dentro del marco de los convenios de colaboración que se suscriban con aquélla.
e) A la Comisión Europea, cuando el control se haya realizado a solicitud de dicha institución.
Artículo 45.- Informes de actuación.
1. La Intervención General podrá emitir informe de actuación, en relación con los aspectos relevantes deducidos del control dirigido al titular del departamento del que dependa o esté adscrito el órgano, entidad o ente que ha sido objeto de control, en los siguientes casos:
a) Cuando los titulares de la gestión controlada no hayan realizado alegaciones.
b) Cuando no se acepten las discrepancias formuladas por el gestor respecto a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe emitido. c) Cuando habiendo manifestado su conformidad, no adopten las medidas para solucionar las deficiencias apreciadas.
2. El titular del departamento, en el plazo de dos meses, deberá remitir al consejero competente en materia de hacienda informe en el que manifieste su conformidad o disconformidad con el emitido por la Intervención. En caso de disconformidad, en el mismo plazo, el consejero competente en materia de hacienda, previo informe del Interventor General, podrá someter las actuaciones a la consideración del Gobierno.
Sección Tercera
Disposiciones específicas de control financiero
Artículo 46.- Organismos autónomos.
1. Los Organismos autónomos de la Comunidad Autónoma con actividades industriales, comerciales, financieras o análogas, estarán sometidos a control financiero de carácter permanente respecto de la totalidad de las operaciones que realicen.
2. Los Organismos autónomos de carácter administrativo, además de a la función interventora, podrán someterse a control financiero permanente, en los términos y con el alcance que determine el Interventor General.
Artículo 47.- Entidades y entes públicos.
El Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda y a iniciativa de la Intervención General, podrá determinar las entidades y entes de derecho público con personalidad jurídica que, de acuerdo con sus normas de creación, hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado, así como las entidades de derecho privado del sector público autonómico en los que el control financiero pueda ejercerse de forma permanente, sin perjuicio de lo establecido en su normativa específica.
Artículo 48.- Ayudas, subvenciones y transferencias.
1. Cuando en el ejercicio del control financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de ayudas, subvenciones o transferencias, los funcionarios encargados de su realización podrán, previa autorización de la Intervención General, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.
2. Mediante convenios con la Administración del Estado podrán establecerse procedimientos específicos para el control, seguimiento y evaluación de las ayudas y subvenciones gestionadas por la Comunidad Autónoma que se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con fondos de la Unión Europea.
3. En las ayudas, subvenciones o transferencias financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias que se gestionen por las Entidades locales, podrán establecerse mediante convenio procedimientos específicos para su control, seguimiento y evaluación.
TÍTULO III
CONTABILIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD
Artículo 49.- Ámbito.
Corresponde a la Intervención General la función de dirección de la contabilidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos previstos en el presente reglamento.
Artículo 50.- Plan General de Contabililidad.
1. La contabilidad del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a las disposiciones del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el titular de la consejería competente en materia de hacienda.
2. El Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma deberá contener las previsiones necesarias para la coordinación y articulación con el Plan General de Contabilidad del Sector Público Estatal.
3. Los entes de derecho público y demás entidades incluidas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias adaptarán su contabilidad al Plan General de Contabilidad Pública, según sus características o peculiaridades.
Artículo 51.- Planes parciales y especiales.
De acuerdo con las previsiones del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma, podrán aprobarse planes parciales y especiales de contabilidad pública, asegurando la articulación con aquél y la coordinación de la información contable a efectos de rendición de cuentas.
Artículo 52.- Competencias de la Intervención General.
En ejercicio de la función de dirección de la Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma, corresponde a la Intervención General, a través de los órganos y unidades administrativas que la integran:
a) La organización, impulso e inspección de la actividad contable de las instituciones de la Comunidad Autónoma, departamentos de la Administración autonómica, así como de los entes de derecho público y demás entidades del sector público autonómico.
b) La coordinación de la planificación contable de las empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma.
c) La elaboración del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) La elaboración de las disposiciones reglamentarias relativas a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública.
e) La aprobación de las normas precisas acerca de la naturaleza, estructura y procedimiento de elaboración de todo tipo de cuentas, libros, registros y documentos de la Administración de la Comunidad y de sus organismos autónomos administrativos.
CAPÍTULO II
GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD
Artículo 53.- Ámbito.
1. Corresponde a la Intervención General la función de gestión de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
2. La gestión de la contabilidad del Parlamento de Canarias e instituciones dependientes del mismo, así como de los entes públicos y demás entidades integrantes del sector público se realizará por los órganos que se determinan por su normativa reguladora.
Artículo 54.- Competencias de la Intervención General.
1. En ejercicio de la función de gestión de la Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma corresponde a la Intervención General, a través de los órganos y unidades administrativas que la integran:
a) La liquidación de los presupuestos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
b) La formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y de todos los documentos, cuentas e informes contables que hayan de ser remitidos al Parlamento de Canarias, a la Audiencia de Cuentas de Canarias y, en su caso, al Tribunal de Cuentas. c) La centralización de la información contable del sector público autonómico, deducida de la contabilidad de las entidades de derecho público y demás entidades que integran el sector público autonómico.
d) La elaboración de las cuentas económicas del sector público de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales, con distinción de los mismos subsectores contenidos en el mismo.
e) La anotación contable de las operaciones de ejecución del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las operaciones de Tesorería y de las operaciones que no tengan reflejo presupuestario.
f) La gestión de la contabilidad patrimonial de la Administración autonómica, así como la elaboración de las cuentas anuales, que incluirán el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.
g) La centralización de la información derivada de la contabilidad patrimonial de los entes y entidades que integran el sector público autonómico, así como la elaboración de los estados contables consolidados del mismo.
h) Cualesquiera otras relacionadas o derivadas de las anteriores o que le atribuya la normativa vigente.
2. Para el ejercicio de las competencias de gestión de la contabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, deberá remitirse a la Intervención General cuando lo solicite:
a) Las cuentas, informes, estados y demás documentos sujetos a examen crítico.
b) Los informes y dictámenes económico-contables que se realicen de los entes y entidades autonómicas sometidas al régimen de contabilidad pública.
TÍTULO IV
OTRAS COMPETENCIAS
Artículo 55.- Asistencia a mesas de contratación.
1. En las mesas de contratación que se constituyan para la contratación administrativa y patrimonial deberá asistir un representante de la Intervención General.
2. A estos efectos deberá comunicarse, con diez días de antelación, la fecha y el lugar de celebración de la mesa de contratación a la Intervención Delegada.
Artículo 56.- Control de dotaciones de personal. 1. Las Intervenciones Delegadas podrán comprobar las dotaciones de personal y examinar las plantillas, relaciones de puestos de trabajo, grupos y categorías, así como la situación administrativa del personal incluido en las nóminas.
2. Asimismo, a los efectos exclusivos de sus funciones de control y con el debido sigilo, tendrá acceso a los expedientes del personal.
Artículo 57.- Control de situación de cajas.
1. Las Intervenciones Delegadas podrán realizar arqueos extraordinarios de los fondos de las cuentas a justificar o de anticipos de caja fija.
2. Las Intervenciones Insulares podrán realizar, en cualquier momento, arqueos de las cuentas restringidas de recaudación.
Artículo 58.- Control de almacenes. Las Intervenciones Delegadas, en el ámbito de sus competencias, podrán realizar los inventarios y comprobaciones de material que estimen oportunas en dependencias y almacenes de los órganos, organismos y entes de la Administración autonómica sujetos a control.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Auditorías realizadas por auditores privados.
1. La Intervención General, en el ejercicio de sus funciones, podrá recabar de los titulares de los centros directivos de las distintas consejerías, así como de los jefes, directores o presidentes de organismos autónomos, empresas y demás entes públicos autonómicos, los informes de auditoría que hayan sido emitidos por auditores privados.
2. Los órganos, organismos autónomos, entes públicos y empresas del sector público canario no sujetas a auditoría anual obligatoria deberán, con carácter previo a la contratación con auditores privados, comunicarlo a la Intervención General.
3. En los contratos de auditoría que se celebren deberá incluirse una cláusula indicando que la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones, tendrá acceso a los papeles de trabajo que hayan servido de base a la realización de los informes.
4. La Intervención General podrá recabar de los auditores privados cuanta información resulte necesaria para el ejercicio de sus competencias en relación con las auditorías de cuentas realizadas en las empresas públicas autonómicas y entidades a que se refiere el artículo 37 de este Reglamento. Segunda.- Aplicación de las subvenciones.
La verificación de la aplicación o empleo de los fondos públicos recibidos en concepto de subvención, tanto con cargo a créditos corrientes como de capital, en el ámbito de competencias de la Intervención General, podrá ejercerse mediante el ejercicio del control financiero. Tercera.- Sistema de seguimiento de objetivos.
Con la finalidad de poder evaluar el cumplimiento de los objetivos que han servido de base para la asignación de recursos, los órganos gestores establecerán un sistema de seguimiento de objetivos adaptados a las necesidades propias de su gestión.
DISPOSICIÓN FINAL
Las cuantías establecidas en el artículo 32.2 de este Reglamento podrán modificarse por orden del titular de la consejería competente en materia de hacienda, a iniciativa del Interventor General.
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