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Vista la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos (provincia de Santa Cruz de Tenerife), en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 1996, en cuya virtud solicita de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias que autorice el desempeño del puesto de Tesorería por funcionario de carrera de la Corporación debidamente cualificado.
Vistas las certificaciones expedidas por la Secretaría General de la Corporación, acreditativas de la población de hecho y de derecho del municipio, con referencia al 1 de mayo de 1996, del importe del presupuesto municipal para el ejercicio de 1996, y de la clasificación de la Secretaría.
Visto el escrito de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos, de fecha 6 de febrero de 1997, en el que se comunica que la funcionaria de la Corporación que desempeñará el puesto de Tesorería será Dña. Ana María López Aguiar, con D.N.I. nº 78.342.948.
Considerando que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece textualmente: Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones Locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, cuya secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la Corporación debidamente cualificado. Considerando que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde a esta Dirección General el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, están atribuidas a la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º, número 2, letra h), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, aprobado por Decreto 321/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 152, de 29).
Considerando que, tal y como se infiere de las certificaciones incorporadas al expediente, la población de hecho del municipio de la ciudad de Icod de los Vinos, a fecha 1 de mayo de 1996, queda constituida por un total de 20.707 habitantes, y la población de derecho, por 21.293; el presupuesto municipal para 1996 ascendió a 1.302.294.260 pesetas, y el puesto de Secretaría se halla clasificado en clase primera, al tratarse de un municipio con población superior a 20.000 habitantes.
Considerando, pues, que se cumplen los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, citado.
Considerando, además, que desde hace varios años se halla vacante el puesto de Tesorería, al no haber optado al mismo funcionarios pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, en los diferentes concursos de méritos convocados, y que el puesto ha venido siendo desempeñado por funcionaria propia de la Corporación, debidamente cualificada, desde el año 1969, a entera satisfacción.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección General
R E S U E L V E:
Primero.- Autorizar, con carácter excepcional, el desempeño del puesto de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Icod de los Vinos (provincia de Santa Cruz de Tenerife), por Dña. Ana María López Aguiar, con D.N.I. nº 78.342.948, funcionaria de la Corporación debidamente cualificada, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente Resolución.
Segundo.- Mientras dure tal clasificación, la Corporación queda eximida de la obligación de convocar dicho puesto de trabajo en los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, que se convoquen.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa comunicación a este Centro Directivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de febrero de 1997.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.
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