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BOC Nº 032. Lunes 10 de Marzo de 1997 - 757

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

757 - ANUNCIO de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Orden de esta Consejería, por la que se resuelve levantar la suspensión acordada por Orden del Consejero de Presidencia y Turismo de 18 de julio de 1995, de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de 9 de noviembre de 1994, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la denominada D. Rufino Suárez Jiménez, inscrita bajo el nº 96 regional, en paradero desconocido.

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Se hace saber a la empresa D. Rufino Suárez Jiménez, que se encuentra en paradero desconocido, que por Orden de esta Consejería, de fecha 15 de octubre de 1996, se resolvió levantar la suspensión acordada por Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo, de fecha 18 de julio de 1995, de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la denominada D. Rufino Suárez Jiménez.

Habiéndose intentado la notificación de la misma, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, para levantar la suspensión acordada por Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo, de fecha 18 de julio de 1995, de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la denominada D. Rufino Suárez Jiménez, inscrita bajo el número 96 regional.

Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 18 de julio de 1995 fue dictada Orden del Consejero de Presidencia y Turismo, por la que se resolvió estimar la suspensión interesada por la parte recurrente, de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la denominada D. Rufino Suárez Jiménez, inscrita bajo el nº 96 regional, por incumplimiento del artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en tanto en cuanto no recaiga sentencia del Juzgado de Primera Instancia número cuatro, de Santa Cruz de Tenerife, en el juicio número 117/94, sobre menor cuantía, seguido a instancia de D. Rufino Suárez Jiménez, contra Crédito y Caución, S.A.

Desestimándose, por el contrario, las pretensiones deducidas por la parte recurrente, respecto de la nulidad de la Resolución recurrida, de fecha 9 de noviembre de 1994, anteriormente descrita, y consecuentemente del archivo del expediente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, salvo el de su inmediata ejecución.

2º) Con fecha 5 de septiembre de 1996, la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, comunica a esta Consejería que con fecha 7 de septiembre de 1994, fueron ejecutados y cobrados en su totalidad los avales nº 1.242.688; 1.841.634; 1.841.636 y 1.731.024, por importes de 2.000.000 de pesetas, 8.000.000 de pesetas, 6.000.000 de pesetas y 4.000.000 de pesetas, respectivamente, a nombre de D. Rufino Suárez Jiménez; con lo que no procede remitir Cartas de Pago alguna sobre reingreso del disponible.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia, se regulan por la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias y por el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por el Decreto 132/1989, de 1 de junio, y por el Decreto 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 111.2.a) en relación con el artº. 93 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.- Examinada la Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo de fecha 18 de julio de 1995, en base a la comunicación de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, descrita en el 2º Antecedente de la presente, esta Consejería estima procedente levantar la suspensión acordada por la referida Orden de fecha 18 de julio de 1995, de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, por la que se cancela la inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la denominada D. Rufino Suárez Jiménez, inscrita bajo el nº 96 regional, por incumplimiento del artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y ejecutar la misma en el sentido de cesar inmediatamente a D. Rufino Suárez Jiménez, en su actividad de empresa operadora de máquinas recreativas y de azar, lo que conlleva hacer entrega en estas Dependencias de toda la documentación relativa a las máquinas recreativas propiedad de la referida empresa operadora, al haber desaparecido las causas que motivaron el acuerdo de suspensión, tal como se pasa a fundamentar a continuación.

Quinta.- En efecto, la suspensión de la ejecución en su día acordada, encontró su fundamento en la interposición de la demanda civil, debidamente acreditada mediante Propuesta de Providencia del Secretario del Juzgado de Primera Instancia, número cuatro de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 2 de marzo de 1994, por parte del demandante D. Rufino Suárez Jiménez, contra la Compañía de Crédito y Caución, S.A., en su calidad de demandada, al haber tomado ésta la decisión de no prorrogar al vencimiento de la anualidad las Pólizas de Seguros de Fianzas números 1.731.024 y 1.841.636.

Pólizas éstas que, entre otras, y por Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 9 de junio de 1994, fueron puestas a disposición de la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de dar cumplimiento a la Providencia de Embargo, seguida en el expediente nº TF/93/01150, de fecha 7 de octubre de 1993, contra D. Rufino Suárez Jiménez, por débitos contraídos por esa Administración, y cuyo importe ascendía a la cantidad de 22.112.100 pesetas; razón ésta por la que por aquella resolución de 9 de junio de 1994, se autorizó la puesta a disposición de la Consejería de Economía y Hacienda de la cantidad de 20.000.000 de pesetas, procedentes de los avales nº 1.731.024, por importe de 4.000.000 de pesetas; nº 1.841.634, por importe de 8.000.000 de pesetas; nº 1.841.636, por importe de 6.000.000 de pesetas y nº 1.242.688, por importe de 2.000.000 de pesetas, todos ellos de la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A., avales éstos entre los que se encuentran los dos que han sido objeto de la demanda civil interpuesta, esto es, los nº 1.731.024 y 1.841.636.

Posteriormente, al concurrir como causa sobrevenida en el presente expediente la comunicación de la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, de fecha 5 de septiembre de 1996, por la que se pone en conocimiento de este Departamento que, con fecha 7 de septiembre de 1994, fueron ejecutados y cobrados en su totalidad los avales con los números e importes anteriormente relacionados, esta Consejería no estima procedente seguir manteniendo la suspensión de la ejecución del acto en cuestión, en su día acordada, al no existir ya garantías objeto de la demanda civil interpuesta, y por ende, de la suspensión, procediendo en su consecuencia, levantar ésta a los efectos de ejecutar materialmente la Resolución de fecha 9 de noviembre de 1994, ya descrita, toda vez que en el mismo acto en el que se acordó la suspensión, se resolvió asimismo desestimar el recurso ordinario interpuesto contra dicha Resolución.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1º) Levantar la suspensión de la ejecución de la Resolución de la Viceconsejería para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de noviembre de 1994, acordada por Orden de la Consejería de Presidencia y Turismo de fecha 18 de julio de 1995, al haber desaparecido las causas que la motivaron, en base a los Antecedentes y Consideraciones Jurídicas expuestos de la presente.

2º) Cesar inmediatamente a D. Rufino Suárez Jiménez, en su actividad de empresa operadora de máquinas recreativas y de azar, al haberse cancelado por dicha Resolución de fecha 9 de noviembre de 1994, su inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de la Comunidad Autónoma de Canarias, bajo el número 96 regional, por incumplimiento del artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo; debiendo en consecuencia, hacer entrega en estas Dependencias de toda la documentación relativa a las máquinas recreativas de su propiedad, a los efectos de extinción de los correspondientes permisos de explotación, para lo que se le concede un plazo de diez días; apercibiéndole que, en caso contrario, se practicarán las actuaciones a que en Derecho hubiere lugar.

3º) Notificar la presente a D. Rufino Suárez Jiménez, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en la calle Francisco Ramos, 13, La Cuesta, en el término municipal de La Laguna.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde la publicación de la presente, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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