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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 168/96, incoado a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, de 19 de noviembre de 1996, por la que se resuelve el recurso ordinario, interpuesto por D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, contra la Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública de 30 de octubre de 1996, por la que se ordena como medida cautelar, el precinto de dos máquinas recreativas y de azar de su propiedad.
Examinado el expediente tramitado por esta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, contra la Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 30 de octubre de 1996, recaída en el expediente administrativo sancionador nº 168/96.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 30 de octubre de 1996, fue dictada Providencia por la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se ordena como medida cautelar, el precinto de las máquinas recreativas que se indican a continuación, afectas por el expediente sancionador nº 168/96, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, por la comisión de presunta infracción muy grave tipificada en los artículos 21.2.1.f) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 39.12 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, esto es, la utilización de documentos o consignación de datos que no sean conformes con la realidad para obtener los permisos o autorizaciones necesarios o evitar el control de la Administración.
TF-B-16.042, con Boletín de Instalación para el Bar Cafetería Habana, sito en Carretera General Santa Cruz-La Laguna, Urbanización Buganvillas, Santa María de Gracia, 114, La Laguna y con solicitud de Boletín de Instalación denegado para el establecimiento Bar Los Espejos, sito en Transversal Lucas de Vega, La Laguna, y
TF-B-16.071, con Boletín de Instalación para el Bar Zulla, sito en calle Siracusa, Carretera Jove, Tejina, 20, La Laguna y con solicitud de Boletín de Instalación denegado para el Bar Ávila Reyes, sito en calle Licenciado Bueno, 5, Valverde, El Hierro.
2º) Contra dicha Providencia fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis:
a) El expediente sancionador de referencia en el que se ordena el precinto de las máquinas recreativas indicadas, se basa en la Resolución de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se niega el diligenciamiento de los Boletines de Instalación de las mismas para los establecimientos Bar Los Espejos y Bar Ávila Reyes, al haberse comprobado que los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones del modelo 045, no figuran contabilizadas como ingresos en la Consejería de Economía y Hacienda; y en este sentido se ha de indicar que dichos justificantes de ingresos le fueron facilitados a esta empresa operadora por D. Fernando Mónico Rivero Castellano, en calidad de Administrador Único de la entidad mercantil Recreativos Mar Azul, S.A., como anterior titular de las máquinas recreativas en cuestión.
b) Además, como consecuencia de todo ello, el ahora recurrente y otros han interpuesto querella criminal contra D. Fernando Mónico Rivero Castellano, que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Santa Cruz de Tenerife, y cuya copia se adjunta al presente recurso, y es por ello, por lo que se interesa la suspensión de la ejecución de la Providencia impugnada, hasta que recaiga Resolución firme en la causa penal, toda vez que los hechos objeto del expediente administrativo sancionador y de los que deriva la Orden de precinto de las máquinas referenciadas, son objeto, a su vez, de un procedimiento criminal. c) Por otra parte, al recurrente no se le ha notificado la Providencia de nombramiento de Instructor e iniciación de dicho procedimiento sancionador, ni el Pliego de Cargos recaído en el mismo, por lo que no se ha visto imposibilitado de hacer estas mismas alegaciones en el correspondiente Pliego de Descargos. Al mismo tiempo, la Providencia impugnada tampoco contiene la expresión de los recursos que proceden contra ella, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 83, de 1 de julio), modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 6.1 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, este Departamento es competente para resolver el recurso deducido.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación. Sexta.- En efecto, cuando con fecha 3 de octubre de 1996, la empresa operadora ahora recurrente solicitó el diligenciamiento de los Boletines de Instalación para las máquinas recreativas de su titularidad, con números de permiso de explotación TF-B-16.042 y TF-B-16.071, con el fin de proceder a la instalación de las mismas en locales autorizados, aportó entre la documentación preceptiva a tal efecto, fotocopias de los impresos de declaraciones-liquidación de la Tasa Fiscal del Juego, máquinas o aparatos automáticos, modelo 045, nº de justificantes 0450001328445 y 0450001329793; certificándose por el Interventor Insular de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 4 de octubre de 1996, que no figuran contabilizados los ingresos correspondientes a las autoliquidaciones del modelo 045, nº de justificantes: 0450001328445 y 0450001329793. Por consiguiente, el recurrente, como titular de las referidas máquinas recreativas, está utilizando dichas autoliquidaciones, no conformes a la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, lo que integra la comisión de la presunta infracción muy grave tipificada en los artículos 21.2.1.f) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, y 39.12 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, incurriendo, por tanto, en responsabilidad administrativa.
Séptima.- Por otra parte, no procede acordar la suspensión de la ejecución de la Providencia impugnada, en lo que se refiere a la medida cautelar del precinto de dichas máquinas, al no apreciarse identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, por cuanto el procedimiento administrativo sancionador se incoa a D. José Vicente Simón Mederos por la utilización de documentos no conformes a la realidad para obtener los permisos o autorizaciones necesarios, en base a los hechos y fundamentos expuestos en la Consideración Jurídica anterior, mientras que en el proceso penal, alegado por la parte recurrente, y según se desprende de la documentación aportada por ésta, por la representación de la entidad mercantil Comercial Juafa, S.L., D. Evaristo González Reyes y D. José Vicente Simón Mederos se interpone querella criminal contra D. Fernando Mónico Rivero Castellano por los delitos de apropiación indebida, extorsión y falsedad continuada en documento público, como medio de cometer un delito de estafa, de los artículos correspondientes del Código Penal.
Octava.- Por último, la Providencia que ahora se recurre, fue dictada al amparo de lo dispuesto en los artículos 23 de la citada Ley 6/1985, de 30 diciembre, y 42.6 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, con fecha 30 de octubre de 1996, y una vez iniciado el procedimiento sancionador por acuerdo del órgano competente para resolverlo, de fecha 15 de octubre de 1996, si bien intentada la notificación, a través de Correos con acuse de recibo, de la incoación de dicho procedimiento sancionador junto con los cargos imputados al presunto infractor, en el domicilio señalado a tal efecto, aquélla no se pudo practicar al haber sido devuelta por Correos con fecha 7 de noviembre de 1996, según Registro de Entrada en esta Consejería, por cambio de domicilio del interesado, por lo que habrá que estar a la práctica de la notificación del procedimiento de acuerdo con lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Finalmente, aunque la notificación de la Providencia impugnada se hubiese practicado con infracción de los requisitos legales que establece el artº. 58.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según alega la parte recurrente, no es menos cierto que si el interesado se da por notificado, utilizando el recurso procedente, surte efectos la notificación defectuosa, supuesto normal de subsanación este recogido en el artº. 58.3 de la misma Ley.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
1º) Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. José Vicente Simón Mederos, como titular de las máquinas recreativas con números de permiso de explotación TF-B-16.042 y TF-B-16.071, contra la Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública, de fecha 30 de octubre de 1996, descrita en el Antecedente 1º de la presente, confirmando dicho acto en todos sus extremos.
2º) No acceder, en su consecuencia, a la suspensión, interesada por la parte recurrente, de la ejecución de la Providencia impugnada, debiendo materializarse por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas de esta Consejería, el precinto cautelar ordenado para dichas máquinas recreativas, para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento administrativo sancionador incoado.
3º) Notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en Camino La Villa, 99, del término municipal de La Laguna.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde su publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 1997.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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