Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza la Orden de 24 de octubre de 1996 (libro 01, folio 88/976), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía recaída en el expediente nº 35-14-96. 2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 1996.- El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.
A N E X O
Orden de 24 de octubre de 1996, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza, contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de marzo de 1996, por la que se desestima la petición de expropiación total de la finca nº 40, por resultado antieconómico de la expropiación parcial realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con motivo de las obras de acceso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la instalación de una torre de alta tensión en el resto de la citada parcela.
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza, contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de marzo de 1996, por la que se desestima la petición de expropiación total de la finca nº 40, por resultado antieconómico de la expropiación parcial realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con motivo de las obras de acceso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la instalación de una torre de alta tensión en el resto de la citada parcela, y teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 27 de diciembre de 1995, D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza, presenta escrito en la Consejería de Industria y Comercio por el que se solicita que se acuerde la expropiación total de la finca de propiedad de la citada Comunidad y se proceda a liquidar el débito pendiente en tal concepto de la suma total de dieciséis millones quinientas cincuenta mil (16.550.000) pesetas por este Departamento por resultado antieconómico de expropiación parcial realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con motivo de las obras de acceso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dado que en el resto de lo que fuera la parcela nº 40 la Administración ha instalado una torre de alta tensión ocupando una superficie de unos 50 m2, lo que impide al propietario ejecutar edificación a la totalidad de la finca en la forma que autorizan las Ordenanzas del Plan General. Adjunta escrito de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno Autónomo Canario, en el que se considera incompetente al derivarse dicha pretensión económica de la actuación administrativa llevada a cabo por el Ministerio de Industria y Energía.
Segundo.- Este Departamento remite la solicitud de la Comunidad de Herederos de D. Nemesio Suárez Mendoza a la entidad Unelco, S.A. para que pueda formular las alegaciones que estime convenientes al respecto. Con fecha 2 de febrero de 1996, Unelco, S.A. informa que nada tuvo que ver con la expropiación parcial realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, de la cual fue asimismo objeto la citada entidad al encargarse la Administración a su cargo de la reubicación de una caseta de paso y línea de transportes existente en la zona y que impedía la realización de la carretera de acceso al norte de la isla de Gran Canaria. Asimismo pone de manifiesto que Unelco, S.A. no ha sido beneficiaria de la referida expropiación sino que únicamente ejecutó un traslado de instalaciones tramitado en su integridad por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
Tercero.- El 15 de febrero de 1996, la Viceconsejería de Industria solicita informe a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas sobre el escrito referenciado en el antecedente de hecho primero, el cual tiene entrada en este Departamento el 26 de febrero de 1996, en el que manifiesta su postura contraria a la procedencia de la tramitación de una solicitud de ampliación de expropiación, en base a los siguientes razonamientos:
1. La petición de la expropiación total de una finca sólo expropiada parcialmente, sólo puede hacerse mientras esté en tramitación el expediente que esa expropiación origina y en el presente caso la solicitud debe ser calificada extemporánea al finalizar el procedimiento con la percepción del justiprecio fijado por Sentencia firme de 23 de febrero de 1995 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por parte del Sr. Núñez Bravo, en calidad de apoderado de los herederos de D. Nemesio Suárez Mendoza.
2. La parte no expropiada de la finca debe seguir soportando la servidumbre forzosa de instalación de una caseta de paso y línea de transportes que fue objeto de reubicación dentro de la misma que ya la tenía establecida.
3. Concluye que no procede entrar en la tramitación de una solicitud de ampliación de expropiación al amparo de lo prevenido en el artículo 23 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, por plantearse fuera del plazo preceptivamente previsto.
Cuarto.- Con fecha 25 de marzo de 1996, el Director General de Industria y Energía dicta Resolución por la que manifiesta que compete a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas resolver la solicitud de expropiación total de la finca nº 40, formulada por D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de los herederos de D. Nemesio Suárez Mendoza, por ser el Departamento que promovió el expediente expropiatorio lo que motivó el traslado de las instalaciones eléctricas.
Quinto.- Con fechas 26 y 29 de marzo de 1996, la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza reitera su solicitud de expropiación total y abono del débito pendiente en su favor de treinta y nueve millones ciento ochenta y una mil trescientas ochenta y seis (39.181.386) pesetas, dirigida a la Consejería de Industria y Comercio, en base a documentación adjunta al escrito en la que se hacen constar las siguientes aclaraciones:
1. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en el recurso contencioso nº 445/1993, que dispone dicho abono en concepto de la expropiación total solicitada.
2. El escrito de contestación del Ministerio de Industria y Energía informa sobre la competencia de la Administración autonómica canaria en materia de industria y energía, en concreto cuando se trata de la resolución de los expedientes relacionados con la Ley 10/1996, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa, y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, según establece el Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Canarias en materia de industria y energía en el apartado referente a energía eléctrica.
3. La servidumbre que genera el tendido eléctrico sobre el solar (de acuerdo con el informe del arquitecto D. Samuel Streiger Ritvo) impide que la edificación se ajuste a las Ordenanzas del Plan General que permite la construcción de cuatro plantas, viéndose obligados a suprimir una para respetar las distancias mínimas, situación que obliga a perder la superficie edificable permitida en toda una planta.
Sexto.- Con fecha 23 de abril de 1996, D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de los herederos de D. Nemesio Suárez Mendoza interpone recurso ordinario ante la Consejería de Industria y Comercio contra la Resolución de 25 de marzo de 1996, en base a las siguientes alegaciones:
1. Las servidumbres de paso de las instalaciones de energía eléctrica no son competencia de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y por lo tanto se ha cometido una irregularidad administrativa al haberse efectuado el tendido eléctrico por Unelco, S.A., sin haber promovido la Consejería de Industria y Comercio el oportuno expediente expropiatorio en quien debe recaer la responsabilidad última por tratarse de una materia de su competencia específica.
2. En la tramitación de expropiación realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, no se indicó en ningún momento que se iba a proceder a la instalación de tal servidumbre de tendido eléctrico, consistente en la instalación de una torre de alta tensión, ocupando una superficie de 50 m2, de tres brazos de 8 metros y una altura de 18, distante el vallado delimitador a 15 metros de la línea de edificación, atravesando el cableado la totalidad de la finca en sentido norte-sur, obras realizadas en el resto de la parcela nº 40, ajenas al expediente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas posteriores a la oferta del justiprecio y a la interposición del recurso contencioso.
3. Tal servidumbre impide la ejecución de edificación en la totalidad de la finca en la forma autorizada por las Ordenanzas del Plan General, haciendo imposible incluso su venta a tercero.
Séptimo.- En el expediente obra copia del escrito por el que Dña. Lea Suárez González, coheredera de D. Nemesio Suárez Mendoza, autoriza a Acnor U.T.E. a realizar las reformas en la parcela nº 40, para la instalación de un poste de energía eléctrica de Unelco, S.A. de fecha 17 de noviembre de 1992.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se hace pronunciamiento en contrario al presentarse en los términos indicados en la citada Ley, siendo competente para resolver este Departamento.
Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Canarias en materia de industria y energía, la Consejería de Industria y Comercio sería el Departamento competente para la tramitación y resolución de los expedientes relacionados con la Ley 10/1996, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y servidumbre de paso para instalaciones de energía eléctrica y su Reglamento aprobado por el Decreto 2.619/1996, de 20 de octubre.
No obstante, el apartado segundo del artículo 2 de la citada Ley 10/1996 remite al artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 cuando se trata del ejercicio de una competencia del Departamento de Obras Públicas, como las enunciadas en el citado artículo 2 de la Ley 10/1966 y 4 de su Reglamento, en el que hayan de intervenir con facultades decisorias dos o más Departamentos ministeriales se instruirá un solo expediente y se dictará una resolución única por el Departamento que tenga una competencia más específica, en relación con el objeto de que se trate.
A la luz de lo dispuesto en el citado apartado se entiende que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas actuó debidamente al tramitar y resolver sobre la expropiación parcial de la parcela nº 40, propiedad de D. Nemesio Suárez Mendoza, por tratarse de una competencia específica de dicho Departamento, siendo el objeto principal de la expropiación el trazado de la carretera de acceso por el norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para lo cual se estableció el condicionado de reubicación de una caseta de paso y línea de transporte de energía eléctrica, por afectar al trazado de dicha obra, circunstancia que viene recogida en el apartado segundo in fine del artículo 2 de la Ley 10/1996 y apartado B) del artículo 4 del Reglamento, para lo cual no se consideró necesario incoar un expediente expropiatorio independiente por tratarse de una servidumbre eléctrica ya existente en la misma finca objeto de expropiación, para lo cual se contó con el consentimiento previo de los herederos de D. Nemesio Suárez Mendoza, de acuerdo con el escrito remitido al Director de la obra de fecha 17 de noviembre de 1992.
Tercero.- Con respecto al derecho de solicitud de expropiación total, que ampara al propietario afectado por la expropiación parcial de su finca, cuando del resultado de aquélla resulte antieconómica la conservación de la parte de la finca no expropiada, contemplados los artículos 23 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 22 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, si bien no se fija plazo alguno para su ejercicio, la disposición ordenada de los trámites sucesivos del expediente expropiatorio en la normativa referenciada y la ubicación de los citados artículos en los capítulos referentes a la declaración de necesidad de ocupación, precedentes a los correspondientes de la determinación del justiprecio, parece indicar que tal derecho debería ejercitarse durante esa fase intermedia o, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Supremo (Ref. Aranzadi 3006) en Sentencia de 4 de mayo de 1995, desde el momento que el afectado conozca la concreción del objeto afectado por la necesidad de ocupación origina, y ... el mutuo acuerdo, o bien por fijación del justo precio por el Jurado y, en su caso, por los órganos de Jurisdicción Contencioso-Administrativa ....
En consecuencia, y considerando que el escrito de fecha 17 de noviembre de 1992 constituye una prueba del conocimiento y consiguiente consentimiento de las obras de instalación eléctrica por Dña. Lea Suárez Mendoza, copropietaria de la parcela expropiada, antes de la fijación definitiva del justo precio por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada con fecha de 23 de febrero de 1995, la solicitud de expropiación total de la finca formulada por D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza, con fecha 27 de diciembre de 1995 y presentada en la Consejería de Industria y Comercio, debe considerarse extemporánea, por cuanto no sólo se presentó con posterioridad a la determinación definitiva del justiprecio, sino que además en el momento de efectuar el pago los propietarios de la citada parcela nº 40, lejos de mostrar disconformidad con el justiprecio total, aceptaron la parte restante determinada por la citada Sentencia, abonada en su integridad por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y percibida por el Sr. Núñez Bravo, con fecha 2 de octubre de 1995, sin realizar objeción alguna, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Cuarto.- En relación a la tercera alegación del recurso referente a la limitación del ius aedificandi, por cuanto la distancia mínima preceptiva entre los conductores de línea eléctrica y los edificios, hace inviable la construcción de cuatro plantas permitidas por las Ordenanzas del Plan General, conviene añadir que el dueño de la finca podrá solicitar el cambio del trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas y corriendo a su costa los gastos de la variación (artículos 7.1 de la Ley 10/1996 y 28 del Decreto 2.619/1966), conforme a lo dispuesto en el artículo 545 del Código Civil.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Canarias en materia de industria y energía; el Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión; la Ley 10/1996, de 18 de marzo, de expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas; el Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966; la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 323/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, y demás normativa de pertinente aplicación.
El Consejero de Industria y Comercio, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. José Luis Núñez Bravo, en calidad de mandatario de la Comunidad Hereditaria de D. Nemesio Suárez Mendoza, contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de marzo de 1996, por resultado antieconómico de la expropiación parcial realizada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, con motivo de las obras de acceso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la instalación de una torre de alta tensión en el resto de la citada parcela.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos (2) meses desde su notificación/publicación, previa la comunicación de la Consejería de Industria y Comercio, exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, Francisco de la Barreda Pérez.
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