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BOC Nº 007. Miércoles 15 de Enero de 1997 - 109

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial

109 - RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1996, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a D. Antonio Delgado Placeres de la Resolución dictada en el expediente de infracción urbanística 850/95.C.

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No habiéndose podido notificar a D. Antonio Delgado Placeres en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 850/95.C, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1. Notificar a D. Antonio Delgado Placeres la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, nº 155, de fecha 21 de marzo de 1996, en el expediente 850/95.C, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Vista la denuncia formulada por la Demarcación de Costas de Tenerife e informe de los Servicios Técnicos de este Centro Directivo y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Que de los datos obrantes en esta Dirección General se le atribuye a D. Antonio Delgado Placeres la realización de obras no autorizadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, consistentes en la construcción de 4ª planta y terraza a nivel de calle, con una superficie de 60 y 18 m2 respectivamente, a 10 metros de la línea de deslinde con el dominio público marítimo-terrestre, en el lugar conocido por Los Abrigos-Restaurante Vistamar, término municipal de Granadilla, sin la preceptiva autorización conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estimándose el valor de las mismas en 507.960 pesetas, según valoración realizada por el Servicio Técnico de esta Dirección General conforme a tarifas en vigor del Colegio de Arquitectos de Canarias.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Que conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, es competencia de esta Dirección General la tramitación de expedientes sancionadores por infracción a la vigente Ley de Costas, siendo competentes para su resolución los Órganos a que se refiere el citado Decreto en sus artículos 19.2 y 21.2.

II.- Que dicha actuación no está legitimada por la autorización administrativa prevista en el artículo 26 de la Ley de Costas, siendo el habitacional un uso prohibido en la zona de servidumbre de protección según establece el artículo 25.1.a) de la referida Ley de Costas, por lo que presuntamente se ha incurrido en una infracción administrativa tipificada en el artículo 90.c), calificada de grave en el artículo 91.2.e) y g) ambos del citado cuerpo legal, sancionada en el artículo 97 del mismo con multa del 25% del valor de las obras o instalaciones, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Por todo lo expuesto y en virtud de las competencias que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la inmediata paralización de las obras objeto del expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley de Costas y en los artículos 194 y 195 de su Reglamento y, en orden a garantizar dicha suspensión, que se precinten las citadas obras una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios, con la advertencia de que en caso de incumplimiento de esta orden deberá atenerse a lo previsto en el artículo 237 y concordantes del Código Penal, dando traslado esta Dirección General de la correspondiente denuncia a la Jurisdicción Penal.

Segundo.- Requerir al interesado para que solicite en el plazo de quince días la oportuna legalización de las obras conforme al artículo 26 de la vigente Ley de Costas ante la Dirección General de Urbanismo, a cuyos efectos se adjuntan impresos de solicitud, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento o de resultar las obras ilegalizables, esta Dirección General podrá acordar la demolición de las mismas conforme establecen los artículos 95.1 y 107.4 de la vigente Ley de Costas.

Tercero.- Iniciar expediente sancionador frente a D. Antonio Delgado Placeres en su calidad de promotor de las obras como presunto responsable de una infracción administrativa a la Ley de Costas por los hechos anteriormente relacionados; expediente cuya tramitación quedará en suspenso de conformidad con el artículo 43.4 de la Ley Procedimental 30/1992, de 26 de noviembre, si el interesado solicita, dentro del plazo antes señalado, la oportuna autorización ante la Dirección General de Urbanismo.

Cuarto.- Designar Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias afectas a este Organismo, Dña. Olga Sánchez-Pinto y a Dña. Ángeles Bouza Cruz respectivamente, lo que se le comunica a los efectos oportunos, pudiendo ejercer el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establecen los artículos 3 y 16 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Dirección General.

Si se reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1.398, de 4 de agosto).

La sanción podrá reducirse a la mitad si, durante el procedimiento, corrige la situación ilegal creada por los hechos que se le imputan, mediante la demolición voluntaria de las obras o bien, en su caso, mediante la legalización de las mismas.

Notifíquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como al expedientado, Ayuntamiento y demás interesados.” 2. Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de diciembre de 1996.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

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