Examinado el expediente tramitado a instancia del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos sitos en Los Hinojeros (U.A. Trasera del Convento) afectados por la expropiación forzosa iniciada con motivo de la ejecución del Proyecto de Urbanización de calles Tomás de Iriarte y Los Hinojeros, y teniendo en cuenta los siguientes: ANTECEDENTES
1) El Ayuntamiento de Granadilla de Abona insta la declaración por el Gobierno de Canarias de la urgente ocupación de un trozo de terreno sito en Los Hinojeros (U.A. Trasera del Convento) afectado por la ejecución de obras de urbanización de las calles Los Hinojeros y Tomás de Iriarte, mediante escrito de la Alcaldía y remisión de documentación complementaria.
2) Examinada la documentación remitida se dirige oficio al Sr. Alcalde en el que se le señalan las siguientes observaciones:
a) Insuficiencia de la motivación y omisión de las circunstancias justificativas de la urgencia en el acuerdo de solicitud.
b) Inconcreción en la financiación de las obras proyectadas.
c) Que el sistema previsto para la ejecución de la U.A. es el de cooperación.
3) El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus intereses dirige a la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación nuevo escrito en el que tras reseñar que entiende subsanadas las observaciones referenciadas en el antecedente anterior, hace constar que el expediente de reparcelación de la U.A. se inició mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 1995, y acompaña la restante documentación acreditativa de la justificación de la urgencia.
4) Estudiada toda la documentación remitida se le traslada oficio al Ayuntamiento en el que se cuestiona la viabilidad jurídica de la expropiación.
5) El Ayuntamiento de Granadilla de Abona remite a la Dirección General escrito de alegaciones tendentes a la defensa de la viabilidad jurídica del expediente.
6) Por el Servicio de Administración Local dependiente de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación se emite informe jurídico en el que propone la desestimación de las alegaciones presentadas por los motivos que se señalarán en los razonamientos jurídicos. No obstante lo anterior, por ese Centro Directivo se solicitó a la Dirección General del Servicio Jurídico informe facultativo acerca de la viabilidad jurídica de la solicitud instada, siendo el informe emitido, así como el complementario solicitado a la Dirección General de Urbanismo, coincidentes con las tesis sustentadas por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Compete al Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el ejercicio de la facultad de declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada por una entidad local canaria, tal y como previene el artículo 52 de la L.E.F., modificado, en cuanto a la competencia, por el artículo 40.d) del Estatuto de Autonomía de Canarias y teniendo en cuenta el artículo 7.2.d) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Segundo.- Excepcionalmente podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación deberá estar debidamente motivado con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifiquen acudir al excepcional procedimiento y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como el resultado de información pública en la que se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate (artículo 52 L.E.F. y 56 R.E.F.).
En igual sentido, se denegará la urgente ocupación cuando no se acrediten aquellas circunstancias excepcionales o del expediente se deduzca la improcedencia legal del expediente expropiatorio. Tercero.- La Ley de Expropiación Forzosa (L.E.F.) preceptúa en el Capítulo I de su Título II los requisitos previos para la expropiación.
El primero de estos requisitos, y de carácter esencialísimo, es el contenido en el artículo 9, que señala:
Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Granadilla de Abona entiende implícita la declaración de utilidad pública de las obras afectadas por el denominado Proyecto de Urbanización de calles Tomás Iriarte y Los Hinojeros por aplicación del artículo 132 de la vigente Ley del Suelo y artículo 103.3 de la Ordenanza de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
A) La declaración implícita de la utilidad pública de las obras afectadas por el proyecto de urbanización no puede ampararse en el artículo 132 de la vigente Ley del Suelo, por los siguientes motivos: 1. El denominado Proyecto de Urbanización de calles Tomás de Iriarte y Los Hinojeros (verdadero Proyecto de Urbanización, dice el Ayuntamiento en el apartado V de sus alegaciones) fue aprobado por el Pleno de la Corporación -según se desprende de las certificaciones aportadas y de las propias alegaciones municipales- el día 25 de noviembre de 1993, y la Orden por la que el Consejero de Política Territorial tomó conocimiento del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento es de fecha 3 de noviembre de 1994, publicándose las Ordenanzas en el Boletín Oficial de la Provincia el día 13 de marzo de 1995.
2. De lo anterior se infiere que el denominado Proyecto de Urbanización se aprobó antes de la entrada en vigor de las N.S.P., por lo que no puede desarrollar previsiones de un instrumento de planeamiento inexistente (S.T.S. de 12 de junio de 1987; 12 de febrero de 1988 y 12 de febrero de 1991).
3. Al aprobarse el Proyecto de Urbanización, el municipio de Granadilla de Abona carecía de planeamiento, existiendo en el casco del pueblo un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano que no ostenta el carácter de plan de ordenación, por lo que el Proyecto de Urbanización así aprobado está excluido de la declaración de utilidad pública que a sus obras confiere el artículo 132 de la L.S. (F.J. Primero y Segundo de la S. de 26 de abril de 1996 del T.S.J.C., Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife).
4. Asimismo el citado Proyecto de Urbanización de las calles Tomás de Iriarte y Los Hinojeros no goza de carácter de instrumento urbanístico en sentido estricto por cuanto no cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 67 del Reglamento de Planeamiento.
5. El citado Proyecto de Urbanización es en realidad un proyecto de obra ordinaria ya que no desarrolla el conjunto de determinaciones de un Plan de Ordenación (artículo 67.3 del R.P.); y como tal proyecto de obra no lleva aparejada la declaración implícita de utilidad pública o interés social (S.T.S. de 6 de julio de 1987).
B) Tampoco puede ampararse la expropiación de suelos destinados a sistemas locales de titularidad pública incluidos en Unidades de Ejecución a desarrollar por el sistema de cooperación -en el planeamiento aprobado con posterioridad al Proyecto- en el artículo 103.3 de las Ordenanzas Municipales por los siguientes motivos:
La C.E. (artículo 33) subordina la expropiación forzosa de los bienes al principio de legalidad.
Al pretender la Corporación local amparar la utilidad pública de los terrenos a expropiar en razones de urbanismo (ley especial), habrá que acudir a esta Ley (T.R. aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio) para conocer qué supuestos legales son los susceptibles de expropiación urbanística; y concretamente a los supuestos expropiatorios previstos en el artículo 206 de la L.S., donde no se contiene el de los suelos destinados a sistemas locales de titularidad pública incluidos en Unidades de Actuación a los que sí se refiere el artículo 103.3 de las Ordenanzas Municipales.
En consecuencia con lo señalado anteriormente -principio de legalidad en materia expropiatoria- no se puede ampliar por vía reglamentaria (Ordenanzas Municipales) los supuestos expropiatorios previstos en la Ley especial.
Quinto.- Al ser el sistema de cooperación un sistema de gestión pública, la Administración Local podría haber adquirido todos los terrenos de cesión obligatoria de esa U.A. -artículo 167 de la Ley del Suelo- si hubiera cumplimentado las previsiones establecidas en el artículo 102.2 de las Normas Urbanísticas; por lo que no se justifica que se acuda ahora al excepcional procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
En el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 40.B) del Estatuto de Autonomía de Canarias en relación con el apartado B).4.3 del anexo I del Real Decreto 2.613/1982, de 24 de julio, y el artículo 7.2.d) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 23 de diciembre de 1996,
D I S P O N G O:
Uno.- Denegar la declaración de la urgente ocupación de los bienes y derechos sitos en Los Hinojeros (U.A. Trasera del Convento) afectados por la expropiación forzosa iniciada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona con motivo de la ejecución del Proyecto de Urbanización de las calles Tomás de Iriarte y Los Hinojeros, por los motivos señalados en los anteriores Fundamentos Jurídicos.
Dos.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa la comunicación al Gobierno, exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados pueden ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 1996.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
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