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BOC Nº 001. Miércoles 1 de Enero de 1997 - 20

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

20 - ANUNCIO de 26 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, relativo a notificación de Propuesta de Resolución en el expediente sancionador incoado a D. Ángel Luis Afonso González, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 128/96.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 128/96, incoado por esta Viceconsejería de Administración Pública a D. Ángel Luis Afonso González, titular del establecimiento Bar Guayaba, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 12 de julio de 996, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Guayaba, sito en Hoya Grande Tijoco Bajo, calle Principal, 40, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo “B”, Cirsa Classis Jack Pot, nº registro del cristal frontal B-821 B-1721; D-0??4, que en el momento de la inspección carecía de todo tipo de documentación: no tiene placa de identidad, no tiene Guía de Circulación, no tiene Boletín de Instalación, no tiene distintivo del pago de la Tasa Fiscal del Juego, no tiene Libro de Reclamaciones ni ejemplar del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.

Por el Inspector del Juego actuante se procedió al precinto cautelar de la citada máquina recreativa.

2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 17 de julio de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador al titular del establecimiento Bar Guayaba por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia se acordó mantener la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión de la citada acta, esto es, el precinto cautelar trabado en la máquina recreativa del tipo “B”, Cirsa Classis Jack Pot, nº registro del cristal frontal: B-821 B-1721; D-0??4, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, toda vez que se reputa una máquina presuntamente clandestina de conformidad con lo dispuesto en el artº. 13 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma.

3º) Intentada la notificación en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 25 de septiembre de 1996; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia, vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 8.3 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.

Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 13 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, desde el punto de vista de la documentación a incorporar a las máquinas de juego, se reputarán clandestinas las máquinas de juego que carezcan de la marca de fábrica correspondiente, placa de identidad, autorización de explotación obtenida mediante la diligenciación de la Guía de Circulación así como el justificante de pago de la Tasa Fiscal del Juego de la correspondiente anualidad, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 19.3 del Decreto 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), que modifica la redacción dada por el citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, y por el que los titulares de la actividad desarrollada en los locales a que se refiere el citado artículo y que no sean a su vez la empresa operadora, vendrán obligados a exigir de aquéllas el cumplimiento de los requisitos que respecto a homologación, explotación, documentación y limitación de número de máquinas establece el Reglamento y a velar por su observancia, así como que la instalación técnica de las mismas cumpla las exigencias de seguridad de los Reglamentos Técnicos y de Seguridad, incurriendo en responsabilidad administrativa en caso contrario para los supuestos aquí contemplados.

Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 40.2 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de grave, permitir o consentir expresa o tácitamente, la organización, celebración o práctica de juegos o apuestas en lugares no autorizados o por personas no autorizadas, así como permitir la instalación o explotación de máquinas recreativas y de azar carentes de autorización de explotación, correspondiéndole una sanción de quinientas mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de noviembre de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.

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