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La Ley 2/1987, de 30 de marzo, en su artículo 70, establece los criterios y directrices en los que debe enmarcarse la oferta de empleo público, concebida como instrumento de programación anual de las necesidades de personal y de racionalización del empleo público y de los procesos de selección del personal al servicio de esta Administración autonómica, en los que deben primar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La experiencia de los últimos años, en los cuales la incorporación de nuevos efectivos a la Administración se ha visto limitada con carácter general como consecuencia de una política presupuestaria restrictiva, aconseja entender la oferta de empleo público como instrumento para la coordinación de políticas de selección y para una más adecuada programación y distribución de efectivos en los sectores considerados como servicios públicos esenciales, en un contexto en el que la convocatoria de plazas de nuevo ingreso en la Administración Pública ha de realizarse con carácter excepcional y selectivo.
La Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996, establece, en su Disposición Adicional Decimoctava, el marco al que habrán de referirse las incorporaciones de nuevos efectivos con carácter general para todo el personal al servicio del sector público, al disponer que las convocatorias de plazas de nuevo personal se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios, y que el número de plazas de nuevo ingreso será inferior al que resulte de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos.
Este principio general se concreta para los colectivos susceptibles de ser incluidos en la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Disposición Adicional Decimoséptima, uno, de la referida Ley, al establecer que el Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, y con el informe favorable de la de Economía y Hacienda, la convocatoria de plazas vacantes u ocupadas interina o temporalmente que se considere puedan afectar al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, con el límite que se señala en la Disposición Adicional Decimoctava de la citada Ley 9/1995.
Por otra parte, el conjunto de medidas que en la actualidad se negocia entre Administración y Organizaciones Sindicales en orden a la redistribución de los efectivos y racionalización de la situación del personal de la Administración autonómica aconseja concentrar la presente oferta de empleo público en sectores particularmente determinados, en tanto se culmina el referido proceso negociador.
En este marco, corresponde por tanto al Gobierno autorizar la convocatoria pública de aquellas plazas que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes, que se consideren prioritarias o esenciales para la prestación de servicios públicos y cuya cobertura resulte urgente e inaplazable. Todo ello en el contexto global de restricción presupuestaria y congelación de plantillas en la Administración Pública.
En base a estos planteamientos, el presente Decreto aprueba la oferta de plazas en un número limitado de sectores o áreas administrativas, atendiendo a la urgencia y necesidad de su cobertura.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, con el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda y el de la Comisión de la Función Pública Canaria, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 23 de diciembre de 1996,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Aprobación de la oferta de empleo público.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, se aprueba la oferta de empleo público para 1996 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que se establecen en el presente Decreto.
La oferta de empleo público del personal docente no universitario de Canarias se rige por el Decreto 72/1996, de 18 de abril.
Artículo 2.- Cuantificación de la oferta de empleo público.
En la oferta de empleo público se incluyen vacantes dotadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996, asignadas a Cuerpos y Escalas de funcionarios en las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por el Gobierno de Canarias, con el detalle que refleja el anexo único a este Decreto, correspondiente a plazas de Cuerpos y Escalas de funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y de la Ley Territorial 2/1987, de 30 de marzo.
Artículo 3.- Promoción interna.
En cada convocatoria se reservará un número suficiente de plazas para su provisión mediante el sistema de promoción interna que, por tipos, se determinan: a) Desde un Cuerpo o Escala del Grupo inferior a otro Cuerpo o Escala del Grupo inmediato superior, se fija para 1996 la reserva en el cincuenta por ciento de los puestos ofertados.
b) Desde un Cuerpo o Escala a otro Cuerpo o Escala del mismo Grupo de titulación, se fijará la correspondiente reserva en las convocatorias de ingreso en función del número de candidatos potenciales y de la oportunidad de realizarlo, detrayéndose el número de plazas reservadas para esta modalidad de promoción interna de las reservadas en el apartado a) del presente artículo.
Las plazas de provisión por promoción interna se cubrirán, en su caso, de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Artículo 4.- Regularización de la situación del personal interino de la Disposición Transitoria Novena de la Ley Territorial 2/1987.
La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales formulará las correspondientes propuestas de nuevas convocatorias al Gobierno para el personal afectado por la Disposición Transitoria Novena de la Ley Territorial 2/1987, que aún no haya sido objeto de las mismas, conforme a las determinaciones de las disposiciones legales en vigor.
Artículo 5.- Personas con minusvalías.
En las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de funcionarios, en las plazas ofertadas serán admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodo de prácticas, se establecerán para las personas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como que los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación. A tal efecto, los Tribunales o Comisiones de selección podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración Pública competente en las materias laboral, sanitaria y de asuntos sociales.
Del total de plazas ofertadas se reserva un tres por ciento para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con minusvalía, que se distribuirá entre los turnos de libre acceso y de promoción interna en función del número potencial de funcionarios de carrera con minusvalía, sin que pueda sobrepasar el cincuenta por ciento de esta reserva. La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará, si obtuviesen plaza, mediante certificación del órgano competente de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con los aspirantes de libre acceso, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el párrafo primero de este artículo. Si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas al Tribunal o Comisión de Selección respecto de la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo a que se opta, podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano competente conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo.
En la asignación inicial del puesto de trabajo, el órgano o la Comisión de Selección competente podrán requerir, respecto de las personas que ingresaron por este cupo de reserva, dictamen del órgano mencionado en el último inciso del párrafo segundo de este artículo, sobre compatibilidad del candidato al puesto de trabajo o sobre las adaptaciones de este último.
Artículo 6.- Requisitos formales para las convocatorias.
Las convocatorias de pruebas selectivas de ingreso a la función pública requerirán, en todo caso, autorización del Gobierno e informe favorable previo de la Consejería de Economía y Hacienda, en el que se acredite la existencia de créditos presupuestarios suficientes para satisfacer las remuneraciones correspondientes a los puestos convocados, estén vacantes, cubiertos mediante comisión de servicios o desempeñados por personal interino.
Los puestos de trabajo ofertados no podrán ser suprimidos ni modificados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo hasta que se resuelvan las correspondientes convocatorias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Plazas exceptuadas del sistema de promoción interna regulado en este Decreto.
Se exceptúan de la reserva de plazas para su provisión mediante promoción interna establecida en el artículo 3 del presente Decreto las plazas incluidas en la Oferta pertenecientes a la Escala de Letrados (Cuerpo Superior Facultativo), al venir contemplada la promoción interna correspondiente a dicha Escala en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Territorial 9/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Continuación de los procesos selectivos correspondientes a ofertas anteriores.
Por la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales se continuará hasta su plena resolución la tramitación de los procesos selectivos convocados conforme a las ofertas de empleo público anteriores a la presente.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 23 de diciembre de 1996. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
A N E X O
PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
GRUPO A: DOCTOR, INGENIERO, LICENCIADO O EQUIVALENTE
I.- Cuerpo Superior de Administradores.
1.1.- Escala de Administradores Generales 19 1.2.- Escala de Administradores Financieros y Tributarios 39
II.- Cuerpo Superior Facultativo.
Escala de Letrados 2 Escala de Ingenieros y Arquitectos 5 Escala de Titulados Sanitarios 2
TOTAL OFERTA 67
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