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Habiéndose intentado sin éxito la práctica de la notificación al interesado de la Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda nº 171, de 8 de mayo de 1996, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa nº 93/93/3 interpuesta por la citada entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a fin de garantizar los derechos de defensa que asisten al interesado,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Comercial Atlántica de Vehículos, S.A. la Resolución nº 171 del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, cuyo tenor literal es el siguiente:
RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Nº 93/93/3. CONCEPTO: APIC. INTERESADO: Comercial Atlántica de Vehículos, S.A.
Vista la reclamación económico-administrativa de referencia, incoada a instancia de D. Juan Peña Álamo, mediante escrito presentado el 28.5.93 en la Administración Tributaria Insular y 10.6.93, R.E. 493, de la Dirección General de Tributos, en nombre y representación de la entidad Comercial Atlántica de Vehículos, S.A., CIF. A-35003896, con domicilio a efectos de notificación en la calle Arrecife, 23, Urbanización Ind. Lomo Blanco, Las Torres, Las Palmas de Gran Canaria, contra la resolución del Sr. Administrador Tributario Insular de Gran Canaria de fecha 7.5.93, por la que se resuelve el recurso de reposición contra Resolución del Sr. Administrador Tributario Insular de Gran Canaria de 29.10.92, dictada en el expediente de devolución nº 400/92.
Resultando: que el interesado solicitó en su día devolución del importe del Arbitrio de Entrada por la importación de dos vehículos marca Pegaso identificados con el nº de bastidor HD 0693 y HD 0695, con destino a recogida y transporte de aceites usados, incoándose así el expediente de devolución nº 400/92.
Resultando: que puesto de manifiesto el citado expediente, el interesado presentó escrito de alegaciones en el que indicaba que los citados vehículos tenían como destino una actividad de naturaleza social, por lo que su pretensión era acojerse a la exención prevista en el artículo 6.6 del Real Decreto 1.081/1991, de 5 de julio, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Arbitrio Insular sobre la Producción e Importación en Canarias (en adelante APIC), creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Resultando: que el Órgano de gestión, a la vista de las alegaciones formuladas, solicita informe al Servicio de Valoración de la Dirección General de Tributos, concluyendo el informe técnico lo siguiente:
Que examinados los vehículos con nº de bastidor HD 0693 y HD 0695, se trata de camiones cisternas que son utilizados para la recogida y transporte de aceites usados hasta la refinería de CEPSA, en Santa Cruz de Tenerife, donde se reciclan o transforman, y termina diciendo que tales vehículos no tienen consideración de bienes de equipo.
Resultando: que el día 28 de octubre de 1992, se dicta resolución por el Sr. Administrador de Arbitrios Insulares de Gran Canaria, desestimando las pretensiones deducidas por el interesado y considerando ajustadas a derecho las liquidaciones cuya devolución se solicitaba, por considerar que los citados bienes, de conformidad con el informe técnico obrante en el expediente, no tenían consideración de bienes de equipos.
Resultando: que contra la anterior resolución el interesado presentó recurso de reposición, solicitando nuevamente la devolución de lo pagado en concepto de APIC por la importación de los vehículos mencionados, por considerarlos amparados en la exención recogida en el artículo 6.6 del Real Decreto 1.081/1991, de 5 de julio.
Resultando: que en la tramitación del citado recurso se solicitó nuevamente informe técnico al Servicio de Valoración, recogiéndose en el mismo que, además de ratificar el informe anterior, son camiones cisterna y que se utilizan para la recogida y transporte de aceites usados, sin que en ningún momento efectúen transformación de residuos sólidos.
Resultando: que el 7 de mayo de 1993 se dicta resolución por el Sr. Administrador Tributario Insular, por la que se desestima el recurso interpuesto y contra la misma se presenta escrito de reclamación económico-administrativa.
Resultando: que de los documentos obrantes en el expediente se deduce que la entidad adquirente de los vehículos, Auxiliar del Medio Ambiente Regional, S.L. (AMARCO), desarrolla una actividad de recogida y transporte de aceites usados, tal y como se recoge en la Resolución dictada por el Director General de Protección y Restauración del Medio Ambiente de la Consejería de Política Territorial, sin que por el contrario se haya acreditado por el interesado en modo alguno que desarrolla actividad distinta a la indicada.
Resultando: que hecho venir el expediente administrativo al de reclamación, se procedió a la substanciación de ésta, observándose en su tramitación las pertinentes prescripciones legales y reglamentarias.
Vistas: las disposiciones que se citan a continuación, las normas referentes al procedimiento económico-administrativo y demás de general aplicación.
Considerando 1º: que este Órgano -de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Decimotercera de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias- es competente para conocer de la presente reclamación, la cual ha sido interpuesta en plazo hábil, con personalidad bastante y legitimación suficiente.
Considerando 2º: que la cuestión de fondo que se discute se refiere a si la importación de los referidos camiones cisternas pueden quedar amparados en el artículo 6.6 del Real Decreto 1.081/1991, de 5 de julio, tal y como pretende el interesado.
Tal precepto dispone que estarán exentos en APIC las importaciones definitivas de los bienes de equipo destinados a la transformación de residuos sólidos, tóxicos y sanitarios para la protección del medio ambiente. Considerando 3º: que, por un lado, no es posible calificar los bienes importados como bienes de equipo, tal y como se desprende del informe de Valoración y, por otro, que los camiones cisternas no se utilizan para la transformación de residuos en los términos expuestos en el artículo citado, sino a la recogida y transporte de los mismos tal y como se acredita en el expediente con el informe del Ingeniero del Servicio de Valoración, y de los escritos que presenta el interesado, que lejos de apoyar su solicitud, la desvirtúan y sirva de ejemplo la resolución de la Consejería de Política Territorial que acompaña y que en el primer párrafo de los considerandos expresa textualmente: que la labor de gestión que pretende llevar a cabo, se concreta a la recogida, transporte, almacenaje y entrega a gestor tratador autorizado, y en el Resuelvo dispone: otorgar autorización para la recogida y transporte de aceites usados a D. Ángel W. Arteaga Rodríguez, en calidad de Director de la Sociedad Auxiliar del Medio Ambiente Regional, S.L. (AMARCO).
De lo expuesto queda claro que los camiones cisternas importados no se destinan a la transformación de residuos.
En su virtud,
Este Órgano, en el día de la fecha y por los fundamentos expuestos, resuelve desestimar la presente reclamación económico-administrativa y confirmar la resolución recurrida por ser ajustada a Derecho. Notifíquese.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 1996.- El Consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Francisco Díaz.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación a este Consejero de Economía y Hacienda (Juntas Superior y Territoriales de Hacienda), exigida en el artº. 110.3 de la Ley 26/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27), sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Tercero.- Remitir la presente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para su publicación en el tablón de edictos. Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre de 1996.- El Secretario General Técnico, José Rafael Díaz Martínez.
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