Visto el telegrama remitido por el Sr. Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 14 de noviembre de 1996, por el que se requiere la remisión del expediente administrativo referido a la denegación presunta de la petición formulada por D. José María Alcaraz Cintado ante la entonces denominada Consejería de Trabajo y Función Pública con fecha 20 de junio de 1994, en solicitud de ejecución de la Oferta de Empleo Público para 1992, así como se formulen las alegaciones que se estimen oportunas como fundamento del acto impugnado.
A tenor de lo establecido en el artículo 8, apartado 2, último párrafo, de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, esta Dirección General R E S U E L V E:
Primero.- Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, el expediente administrativo referido a denegación presunta de la petición formulada por D. José María Alcaraz Cintado ante la entonces denominada Consejería de Trabajo y Función Pública con fecha 20 de junio de 1994, en solicitud de ejecución de la Oferta de Empleo Público para 1992.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos de lo preceptuado en el artículo 8, apartado 2, último párrafo, de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, a fin de que todos los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº 01/0001337/1994, interpuesto por D. José María Alcaraz Cintado, contra denegación presunta de la petición formulada por el citado recurrente ante la entonces denominada Consejería de Trabajo y Función Pública de fecha 20 de junio de 1994, en solicitud de ejecución de la Oferta de Empleo Público para 1992, puedan comparecer ante la citada Sala en el plazo de cinco días a partir de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de noviembre de 1996.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.
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