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Visto el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para dar cumplimiento, en sus propios términos, a la Sentencia nº 207, de 14 de marzo de 1996, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los recursos acumulados números 467/1991 y 446/1992, promovidos por Dña. Carmen Charlen Muñoz-Baroja.
Vista la propuesta de la Dirección General de la Función Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.
I. ANTECEDENTES
1º) Contra las Órdenes de la Consejería de la Presidencia, de 9 de julio de 1990, por la que se convocaba concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a las distintas Escalas de los Cuerpos Superior de Administradores y de Gestión, así como a dichos Cuerpos o Escalas y a otros, simultáneamente, vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma y de 20 de mayo de 1991, por la que se resolvía el referido concurso de méritos, se interpusieron recursos contencioso-administrativos números 467/1991 y 446/1992, respectivamente, a instancia de Dña. Carmen Charlen Muñoz-Baroja.
2º) Dichos recursos fueron acumulados y posteriormente resueltos mediante la Sentencia nº 207, de 14 de marzo de 1996, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuyo fallo dispone: Estimamos el recurso interpuesto y anulamos la base segunda de la Orden de la Consejería de la Presidencia de 9 de julio de 1990, en los términos señalados en el fundamento de derecho séptimo de esta resolución y en relación con los puestos de trabajo a los que se alude en dicho fundamento e incluidos en su anexo I y en el anexo I de la Orden de la misma Consejería de 13 de septiembre de 1990, así como la Orden de 20 de mayo de 1991, que resuelve el concurso de méritos convocado en la primera de las anteriores, en los términos y con el alcance señalado también en el fundamento de derecho séptimo de esta Sentencia, declarando el derecho de la actora a participar en dicho concurso respecto de tales puestos, sin hacer declaración expresa sobre las costas de este procedimiento.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- De conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17, apartado 2º, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y lo dispuesto en los artículos 103 y 104 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956; a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales le corresponde la obligación de ejecutar la resolución judicial y la de llevarla a su puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.
Segunda.- El fundamento de derecho séptimo de la mencionada Sentencia viene a determinar el alcance preciso de la anulabilidad de los actos impugnados señalando que ... la nulidad sólo afecta a la base (de la convocatoria) en la medida en que su tenor impide la participación de la actora pero no en cuanto permita la de los que expresamente contempla y dicha nulidad conlleva al reconocimiento, como situación jurídica individualizada, del derecho de la actora a participar en dicho concurso ....
Tercera.- De conformidad a lo indicado en la propuesta de la Dirección General de la Función Pública obrante en el expediente, el reconocimiento del derecho que asiste a la actora a su participación en el concurso, mediante la valoración de los méritos invocados por la misma, trae como consecuencia inequívoca, a tenor de los antecedentes que figuran en el expediente, la adjudicación de al menos una de las plazas solicitadas por aquélla, adjudicación que no se llevó a cabo en el momento procedimental oportuno para ello. No obstante y comoquiera que en la actualidad se hace materialmente imposible la adjudicación de las plazas en su momento solicitadas, habida cuenta de que las mismas han variado o desaparecido por el transcurso del tiempo, ha de procederse a adjudicar en orden al cumplimiento de la Sentencia, alguno de los puestos de trabajo en la actualidad vacantes que se adecuen a las características de los ofertados en su día.
En su virtud, en cumplimiento de la Sentencia nº 207, de 14 de marzo de 1996, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en ejecución del concurso de méritos convocado mediante Orden de 9 de julio de 1990, de la Consejería de la Presidencia,
R E S U E L V O:
Uno.- Adjudicar a Dña. Carmen Charlen Muñoz-Baroja el puesto de trabajo nº 242402002, denominado Jefe de Sección de Relaciones Laborales, del Servicio Canario de la Salud.
Dos.- El plazo de toma de posesión en el puesto adjudicado será de tres días, si radica en la misma isla que el destino actual, o de un mes, si radica en distinta isla o fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma.
Dicho plazo empezará a contarse desde el día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes a la publicación de la presente Orden.
Tres.- El destino adjudicado es irrenunciable.
La falta de incorporación al puesto adjudicado en los plazos indicados dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que legalmente procedan.
Cuatro.- Publicar dicho fallo en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 1996.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
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