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El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de servicios mínimos de la Comunidad Autónoma de Canarias, asigna a los titulares de las Consejerías del Gobierno de Canarias competencias para la determinación de los servicios mínimos que sean necesarios prestar en caso de huelga, así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus Departamentos.
Esta Consejería ha tenido conocimiento de la decisión de diversas centrales sindicales de convocar una huelga para el día 11 de diciembre de 1996, que afectará al personal dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo (excluidos sus Organismos Autónomos). La asistencia que se presta por el personal antedicho tiene carácter de servicio público de reconocida e inaplazable necesidad que, de no prestarse, podría ocasionar daños de especial gravedad, por lo que se hace necesario fijar las medidas contempladas en el citado Decreto. Por tal motivo, oído el Comité de Huelga, de acuerdo con las competencias que me otorga el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (B.O.C. nº 34, de 20.3.87),
D I S P O N G O:
Artículo único.- Los servicios mínimos que han de prestarse por el personal dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, excluidos sus Organismos Autónomos durante la duración de la huelga, se corresponderán con el diez por ciento de los efectivos.
Por los titulares de los órganos respectivos se determinará la relación nominal de personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándose a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra la presente Orden cabe recurso ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de 10 días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artº. 8 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pudiendo, asimismo, interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 1996.
EL CONSEJERO DE SANIDAD Y CONSUMO, Julio Bonis Álvarez.
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