BOC - 1996/155. Jueves 5 de Diciembre de 1996 - 3552

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3552 - RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador a persona jurídica de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de la persona jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle el Acuerdo de iniciación recaído en el expediente incoado contra la misma por presunta infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a la persona jurídica que se cita, el Acuerdo de iniciación dictado en el expediente que se le instruye por presunta infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir al Ayuntamiento de la población que se cita, el correspondiente Acuerdo de iniciación para su publicación en el tablón de edictos.

ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a: INCULPADO: Grupo Martínez, S.A. Nº EXPEDIENTE: 38-191/96. En base a los siguientes HECHOS: el día 14 de febrero de 1996, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en un establecimiento de venta al por menor de electrodomésticos, de rótulo Martínez, del que es titular Grupo Martínez, S.A., sito en el Centro Comercial Santa Cruz, 52, planta 1ª, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y mediante acta nº 42.829 instruida al efecto, comprobó la reclamación nº 85/96 presentada por Dña. María Remedios González Alberto, provista de D.N.I. nº 42.925.819, siendo el motivo de la misma la adquisición en el establecimiento citado de un exprimidor de la marca BRAUN, modelo MP26, por valor de 2.100 pesetas, en fecha 28 de diciembre de 1995, y siguiendo la publicidad de Martínez “si lo encuentra más barato le abonamos la diferencia”, se persona en el establecimiento a tal fin, por haberlo encontrado en el Centro Comercial del Mueble por valor de 1.770 pesetas, negándose a devolver la diferencia por tener un valor inferior a 10.000 pesetas la cuantía límite para acogerse a la publicidad; constatando el Inspector actuante adjuntando al acta modelo de condiciones generales que en el folleto emitido por el Grupo Martínez, S.A. “si lo encuentra más barato le abonamos la diferencia”, no se especifica que queden excluidos los bienes cuyo valor no sea superior a diez mil pesetas, siendo un dato fundamental en la publicidad, y a que dicha omisión puede inducir a error en los destinatarios, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo establecido en el artículo 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 4 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General para la Publicidad (B.O.E. nº 274), y con los artículos 8 y 13 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984; en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de setenta y cinco mil (75.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Álvaro Jiménez Cámara y Secretario a D. Felipe Rodríguez Dorta, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1º y 6º y Disposición Adicional Séptima del Decreto Territorial 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21), de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en conexión con el artículo 18.2, letra B), apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser la infracción calificada inicialmente como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de agosto de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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