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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Miguel Ángel Fernández Jiménez la Resolución de 16 de mayo de 1996 (libro nº 1, folio 19, nº 225), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de revisión nº 596/92 (expediente nº GC-0279-0-95), interpuesto contra la Orden de la extinta Consejería de Pesca y Transportes de fecha 26 de mayo de 1993.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 1996.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez. Visto el recurso de revisión formulado por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, contra la Orden de 26 de mayo de 1993, de la Consejería de Pesca y Transportes, que vino a declarar la estimación en parte del recurso ordinario nº 596/92, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El 26 de mayo de 1993 fue dictada Orden Departamental que estimó en parte el recurso ordinario promovido por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de agosto de 1992, recaída en el expediente sancionador nº GC-0279-0-92, que vino a sancionar a D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, como titular del vehículo matrícula GC-9731-AB, por carecer de autorización de transporte en servicio público de mercancías, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, en el sentido de modificar dicha resolución al considerar privado complementario el transporte efectuado, manteniéndose la cuantía de la sanción impuesta.
Segundo.- El recurso de revisión interpuesto alega, en resumen, que el vehículo se encontraba en posesión de la tarjeta de transportes, solicitando se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso de revisión previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de imprimir a la norma unas directrices más amplias y de la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión, circunstancia esta última que no se encuentra en el escrito de interposición del recurso presentado, en el que se reiteran alegaciones, ya vertidas en otras ocasiones y que constan en el expediente sancionador correspondiente, sin que se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida (artículo 118.1.2ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), ni pueda considerarse que al dictar el acto recurrido se ha incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente (artículo 118.1.1ª de la referida Ley), dado que, para que sea admisible el recurso de revisión es necesario que los hechos en virtud de los que se ha dictado el acto sean inexactos, no responda a la realidad, y el error ha de resultar patente con la simple confrontación con un documento que ya conste en el expediente correspondiente, características que no se aprecian en el presente caso, y, en consecuencia, no dándose tampoco, por razones obvias, las causas tercera y cuarta del artículo 118, procede declarar la inadmisión del recurso de revisión interpuesto por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, por no concurrir ninguna de las causas de fundamentación que para el citado recurso se establecen en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Declarar la inadmisión del recurso extraordinario de revisión formulado por D. Miguel Ángel Fernández Jiménez, por no concurrir ninguna de las causas de fundamentación del citado recurso que se establecen en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente Resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
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