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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 73/96, incoado a Promica, Asociación para la Promoción del Minusválido Canario, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 73/96, incoado a la entidad Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Examinado el expediente nº 73/96, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la entidad Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) En virtud de la comunicación de la Dirección General de la Policía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11 de marzo de 1996, por la que se remitían copias de las diligencias número 3.809, tramitadas por la Brigada de la Policía Judicial, se puso en conocimiento de esta Consejería, que la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), con C.I.F. nº G-38405361, organiza la venta de boletos, denominados cupón del minusválido canario, al precio de cien pesetas por unidad, en forma diaria, ofreciéndose premios que oscilan entre dos millones quinientas mil pesetas y cien pesetas, según boletos que se acompañan a la referida comunicación de la Dirección General de la Policía, careciendo de la preceptiva autorización administrativa. 2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de 14 de mayo de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Teniendo conocimiento, a través de las diligencias número 3.809, remitidas por la Dirección General de la Policía de Santa Cruz de Tenerife que dieron origen al presente expediente sancionador, que el domicilio social de la citada entidad, que figura en el reverso de los cupones, esto es, la Avenida Tres de Mayo, Edificio Rascacielos (Tenerife), no existe en el domicilio indicado, ni hay persona alguna que indique donde se encuentra la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se instó la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos recaídos en el citado expediente mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 12 de junio de 1996.
4º) Notificado lo anterior, por el interesado y en el plazo concedido al efecto, no se presentaron las correspondientes alegaciones.
5º) Con fecha 12 de julio de 1996, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se impusiera a la entidad Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), por la comisión de una infracción muy grave, la sanción principal de tres millones de pesetas y la adicional del decomiso y cuando la sanción sea firme la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
6º) Dentro del plazo concedido al efecto el interesado no ha formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, pese a serle notificado mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 122, de 25 de septiembre de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la inexistencia del domicilio social señalado en el reverso de los cupones, esto es, Avenida Tres de Mayo (Edificio Rascacielos) Tenerife.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en el Real Decreto 1.116/1985, de 5 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de casinos, juegos y apuestas (B.O.C. nº 163, de 9 de julio), en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31 de diciembre), en el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21 de julio), en la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 109, de 21 de agosto), y en el Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales (B.O.C. nº 152, de 29 de noviembre).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 7 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre).
Cuarta.- Dispone el artº. 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), que queda prohibida la práctica de todos los juegos que ... aún estando permitidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley.
Quinta.- De conformidad con el artº. 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias (B.O.C. nº 42, de 11.4.86), el juego mediante boletos es una variante de la lotería presorteada en la que mediante adquisición de boletos autorizados en establecimientos públicos y privados, a cambio de un precio cierto, puede obtenerse, en su caso, el premio en metálico indicado en el propio boleto.
Sexta.- Por su parte los artículos 4 del Decreto 57/1986, antes mencionado, 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los juegos y apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86), y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se regula el juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86), coinciden al determinar que, salvo que en el caso de que el Gobierno de Canarias se reserve la gestión directa del juego mediante boletos, la autorización de explotación del mismo se efectuará mediante concurso público.
Séptima.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 5 de la Ley 6/1985, en el artº. 16 del Decreto 56/1986, en el artº. 4 del Decreto 47/1986, y en los artículos 2 y 7 del Decreto 138/1986.
Octava.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 21.2.1.a) de la Ley 6/1985, en relación con el artº. 25.2.a) del citado Reglamento del Juego mediante boletos, la infracción debe calificarse muy grave, correspondiendo sancionar a la entidad denominada Promica (Asociación para la Promoción del Minusválido Canario) con multa en su grado mínimo de tres millones de pesetas atendiendo a la poca extensión de la citada actividad de venta de boletos clandestinos por parte de la citada entidad, a tenor de lo preceptuado en el artº. 25.5 del mismo texto reglamentario en relación con los artículos 22 y 24 de la referida Ley, y la sanción adicional prevista en el apartado 4.c) del citado artº. 22 del decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a la entidad denominada Asociación para la Promoción del Minusválido Canario (Promica), con multa de tres millones de pesetas, por la celebración y organización de un juego mediante boletos carente de la preceptiva autorización administrativa, y con la sanción adicional del decomiso y cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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