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No habiéndose podido practicar la notificación a D. José Ferrera Gil de la Orden Departamental de 17 de mayo de 1996, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. José Ferrera Gil la Orden Departamental del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial nº 438, folios 1265, 1266, 1267, cuyo texto es el siguiente:
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. José Ferrera Gil contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo de 22 de febrero de 1996, recaída en el expediente administrativo S.R. 982/94. ANTECEDENTES
1. Por D. José Ferrera Gil se solicitó autorización para la legalización de casa-chalet, muro, construcción de piscina, terraza y W.C. en el lugar denominado Camino del Rayo, El Palmar, término municipal de Teror, habiendo sido denegada mediante Resolución del Director General de Urbanismo de 22 de febrero de 1996, notificada el día 23 de ese mes y año.
2. Con fecha 22 de marzo de 1996, se presentó por el interesado escrito de recurso, alegando fundamentalmente que la antigüedad de la edificación es superior a 10 años.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo y con los requisitos exigidos en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2º) Es competente este órgano para conocer del recurso de conformidad con el artículo 15.21 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación con el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; así como el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3º) Por el recurrente se confunden los conceptos, al pretender que por el transcurso del tiempo se pueda legalizar una edificación, aún incumpliendo con la normativa urbanística en vigor, desconociendo que, en el supuesto de que se justificase en el expediente correspondiente el transcurso de 4 años exigido por la Ley, según se expresa en los fundamentos jurídicos que prosiguen, sin que en este periodo se hayan incoado los expedientes previstos en la Ley 7/1990, de 14 de mayo, su régimen en todo caso sería análogo al establecido para el fuera de ordenación en el artículo 137 del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo y Ordenación Urbana.
4º) El artículo 27 en relación con el 37.1.b), ambos de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, establecen que las actuaciones realizadas sin los permisos legalmente establecidos, están totalmente terminados cuando queden dispuestos para servir al fin previsto sin necesidad de ninguna actividad material posterior referida a la propia obra o cuando así lo reconozca de oficio la autoridad que incoe el expediente, previo informe de los Servicios Técnicos correspondientes. Así mismo el artículo 263 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece que el plazo de prescripción para las infracciones comenzará a computarse a partir de la finalización de la actividad o día del último acto en que la infracción se consume.
5º) En cuanto a la antigüedad de la edificación terminada de la forma expresada anteriormente, la carga de la prueba corresponde al interesado y no a la Administración al haberse colocado éste voluntariamente en situación de clandestinidad en la realización de obras, creando la dificultad para el conocimiento del dies a quo en el plazo, y teniendo en cuenta que el que crea una situación de ilegalidad no puede obtener ventajas de las dificultades probatorias originadas por las mismas, según ha reconocido reiterada Jurisprudencia (Sts. T.S. 14.5.90, 16.5.91 y 3.1.92, etc.).
6º) Lo establecido en los artículos 9.1 y 9.3 de la Ley 5/1987, de 7 de abril,
D I S P O N G O:
1º) Desestimar el recurso presentado por D. José Ferrera Gil contra la Resolución del Director General de Urbanismo de 22 de febrero de 1996, por la que se denegó la legalización de muro y casa-chalet y construcción de piscina, terraza y W.C. en Camino del Rayo (El Palmar), término municipal de Teror.
2º) Confirmar la citada Resolución del Director General de Urbanismo de 22 de febrero de 1996.
3º) Dar traslado de la presente a la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, a los efectos oportunos.
Notifíquese la presente Orden Departamental al Ayuntamiento y al particular, advirtiendo que la misma agota la vía administrativa y que contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. La interposición de recurso contencioso-administrativo contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa al órgano que dictó el acto impugnado, tal como establece el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Remitir la presente Resolución al Boletín Oficial de Canarias para su publicación y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de noviembre de 1996.- El Director General de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.
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