Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 100/96, incoado a D. José Vicente Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 10 de junio de 1996, fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Tamarco, sito en Tegueste, Carretera El Socorro, 17, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-11.647, que en el momento de la inspección, carece de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres de 1996. Asimismo, consultados los archivos obrantes en el Negociado de Máquinas Recreativas y de Azar de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, resulta que la citada máquina recreativa carece del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento Bar Tamarco, teniendo diligenciado un Boletín de Instalación de almacén de fecha 29 de junio de 1994.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública, de fecha 18 de junio de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado; ordenando con carácter cautelar el precinto de dicha máquina recreativa, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, así como la incautación del Boletín de Instalación de la misma.
3º) Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del interesado, sin que haya podido practicarse, con fecha 9 de agosto de 1996, se procedió a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 97, sin que por el inculpado y en el plazo concedido al efecto, se hayan presentado los correspondientes descargos.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo. Quinta.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 39.6 y 41.3 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, y como falta leve, la no incorporación en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego, procediendo sancionar con multa de un millón cincuenta mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octubre de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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