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Examinado el expediente incoado a instancia de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, para declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa para la ejecución del proyecto Circunvalación a Tafira, isla de Gran Canaria, clave: 02-GC-087 y teniendo en cuenta que se acreditan los requisitos exigidos para aprobar tal declaración que se contraen a:
1.- La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados por la expropiación, resultan implícitos en la aprobación del proyecto de referencia a tenor de lo establecido en el apartado uno del artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
2.- La urgencia viene motivada porque en el tramo a que se contrae la obra se produce una alta intensidad de tráfico por ser entrada y salida al centro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que provoca grandes congestiones en su funcionamiento que, en muchas ocasiones trae consigo que quede colapsado, produciéndose colas y retenciones en dichas entradas y salidas con el enorme peligro de accidentes que esto supone, siendo una necesidad prioritaria ampliamente demandada por sus usuarios.
En efecto, los datos obrantes en el Servicio de Carreteras de Las Palmas sobre la intensidad de media diaria de vehículos en el tramo que comprende la obra, para el periodo comprendido entre 1983 y 1993 ha pasado de 16.248 a 26.142 vehículos/día, lo que ha supuesto un incremento del 59% durante dicho periodo, estimándose en la memoria del proyecto en cuestión que va a pasar de 37.860 vehículos por día en 1997 a 83.120 para el año 2017, lo que producirá la saturación de la vía.
Asimismo se acredita la alta siniestrabilidad en el tramo en cuestión reseñándose datos referidos a los años comprendidos entre 1975 y 1995 y concretados a los pp.kk. 7,7 y 9,9 en que se han producido 82 accidentes, de los cuales 10 son atropellos, 73 colisiones, con un total de 3 muertos y 104 heridos, debidos principalmente a la carencia de arcenes y a tratarse de una vía estrecha con gran afluencia de peatones que disponen de aceras de menos de 0,50 m junto a hileras de viviendas continuas a ambos márgenes, lo que resulta extremadamente peligroso para el paso de los moradores de las referidas viviendas, habiéndose producido innumerables roces de vehículos pesados con las citadas viviendas. 3.- Se ha oído a los titulares de los bienes y derechos afectados, mediante la información pública tramitada según lo establecido en los artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias, nº 117, de 8 de septiembre de 1995, en dos de los diarios de mayor difusión de la provincia y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida, habiéndose presentado alegaciones sobre las que se dictó Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de fecha 8 de agosto de 1996.
Visto el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y los artículos 56 y siguientes del Reglamento para su desarrollo, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 26 de septiembre de 1996,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de Circunvalación a Tafira, isla de Gran Canaria, clave: 02-GC-087, aprobado definitivamente por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas con fecha 31 de julio de 1996.
Los bienes y derechos, cuya urgente ocupación se declara, quedan descritos en forma individualizada con indicación de sus titulares en el anexo al presente Decreto.
Dos.- Los interesados podrán formular ante el Organismo competente y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Tres.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en su caso, previa la comunicación al Gobierno de Canarias exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de septiembre de 1996.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Antonio Ángel Castro Cordobez.
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