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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado requerimiento en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 24 de marzo de 1995 fue efectuado requerimiento del tenor literal siguiente:
En relación con la subvención en materia de rentas de subsistencia, concedida a esa Entidad mediante Resolución del Director General de Trabajo con fecha 30 de diciembre de 1991, por importe de un millón seiscientas cincuenta mil (1.650.000) pesetas, de las previstas en el artº. 1 de la Orden de 30 de abril de 1990, de la Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, por la que se establecen subvenciones a Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Anónimas Laborales y a los efectos de poder tramitar la justificación de dicha subvención, cúmpleme comunicarle lo siguiente:
Teniendo en cuenta que la citada Resolución establece en sus apartados tercero y cuarto a), b), y c) y en los mismos términos en los artículos 5º y 6º de la Orden de 30 de abril de 1990, que la Entidad beneficiaria vendrá obligada, a partir de la fecha en que se efectúe la transferencia por la Tesorería Delegada, a entregar a cada socio trabajador fundador, beneficiario de la subvención, diez fracciones iguales de 55.000 pesetas, pagaderas en cada uno de los diez meses siguientes a la citada fecha y también a justificar, mensualmente y durante todo el periodo que abarca la subvención, que el importe de la subvención ha sido invertido en la finalidad para la cual se concede mediante fotocopias del recibo oficial de salarios y documentos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social (Régimen General o Autónomo).
Asimismo, la subvención está condicionada a mantener a la entidad durante tres años como mínimo.
Además la entidad estará obligada durante el plazo de tres años siguientes a su constitución, y para el caso de baja por cualquier causa de alguno de sus beneficiarios, a cubrir su puesto, y dentro del mes siguiente a la baja, con un nuevo socio trabajador en quien concurra alguna de las circunstancias indicadas en las letras a) y b) del artículo 1º de la Orden citada, o reintegrar la totalidad de la subvención recibida.
Por todo ello se le requiere para que en plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente escrito, remitan a este Centro Directivo por medio de dos copias, debidamente diligenciadas con sus originales, la documentación siguiente de los socios subvencionados (Dña. Laura Pino Artigas Verdú, D. Antonio L. Molowny Ortega y D. Francisco Artigas Verdú), boletines de cotización a la Seguridad Social y recibos oficiales de salarios desde el mes de junio de 1992 hasta mayo de 1995.
Se le advierte que de no presentar la documentación requerida y transcurrido el plazo establecido, se procederá al inicio de un procedimiento de reintegro conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 1996.- El Director, Aurelio Ayala Fonte.
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