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BOC Nº 123. Viernes 27 de Septiembre de 1996 - 2742

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2742 - RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1996, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Acuerdos de iniciación a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles el Acuerdo de iniciación recaído en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, los Acuerdos de iniciación dictados en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, los correspondientes Acuerdos de iniciación para su publicación en el tablón de edictos.

ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE CONSUMO POR EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.

Visto el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), procédase a la incoación de expediente sancionador a:

INCULPADO: Proyect Consultores Informáticos, S.L. Nº EXPEDIENTE: 38-96/96.

En base a los siguientes

HECHOS: el día 21 de noviembre de 1995, un Inspector de esta Dirección General realizó visita de inspección en un establecimiento de enseñanza de rótulo “Centro superior de formación profesional”, del que es titular la entidad mercantil Proyect Consultores Informáticos, S.L., sito en la calle Blanco, 36, del término municipal de Puerto de la Cruz, levantando las actas números 42.583 y 42.584, instruidas al efecto de comprobar las reclamaciones provistas en el registro interno de inspección con los números 904/95 y 905/95, interpuestas por D. Sergio Pestana Pages, D.N.I. nº 78.617.365-F y por Dña. Iscia R. Brito Díaz, D.N.I. nº 43.377.594-P, ambas por presuntas irregularidades en la prestación de un curso de secretariado turístico que contrataron con el interesado, siendo el precio del curso de doscientas sesenta mil (260.000) pesetas. Que el Inspector actuante al objeto de averiguación de los hechos denunciados requirió al interesado para que en el plazo de diez días, aportase la siguiente documentación: 1. El documento de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 2. Acreditación de la homologación del centro. 3. Escrito haciendo constar el día de comienzo de las prácticas. Que dicha documentación no ha sido aportada en el plazo concedido al efecto, ni fuera de él, con lo que se ha cometido una infracción en materia de consumo. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5.1 del Real Decreto 1.945/1983, en relación con el artículo 34.8 de la Ley 26/1984. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN: conforme al artículo 35 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, existen indicios para calificar la infracción como leve. SANCIONES QUE PUEDAN CORRESPONDER: sanción de multa de hasta quinientas mil (500.000) pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 36, apartado 1, de la Ley 26/1984. En el presente expediente y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 35, apartado 1, de la Ley 26/1984, en el artículo 131 de la Ley 30/1992, y en el artículo 10, apartado 10.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, la infracción presuntamente cometida podrá ser sancionada con una multa pecuniaria de trescientas mil (300.000) pesetas. INSTRUCTOR Y SECRETARIO Y RÉGIMEN DE RECUSACIÓN: se nombra Instructor a D. Germán Grassa Vargas y Secretario a D. Felipe Rodríguez Dorta, quienes podrán ser recusados por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo texto. ÓRGANO COMPETENTE: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Publica de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), y en el artículo 18.2, letra B, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, aprobado por Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio (B.O.C. nº 116), esta Dirección General es competente para la incoación y tramitación del presente expediente, así como para su resolución, al ser calificada inicialmente la infracción como leve, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD: en cualquier momento del procedimiento, el inculpado podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8º del Real Decreto 1.398/1993. MEDIDAS PROVISIONALES: ninguna. Comuníquese este Acuerdo de iniciación al Sr. Instructor del procedimiento, con traslado de las actuaciones, y notifíquese simultáneamente a los interesados, para que en el plazo de diez días hábiles, contado a partir del siguiente al de esta notificación, efectúen, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas, concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, del Real Decreto 1.398/1993, advirtiendo a los interesados que les queda puesto de manifiesto el expediente y que, de no efectuar alegaciones al contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como Propuesta de Resolución, a los efectos previstos en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993. Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de julio de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

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