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ANTECEDENTES
1º) El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1993, adoptó, entre otros, el acuerdo, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Turismo, de aprobar el Decreto 323/1993, de 23 de diciembre, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada por el Ayuntamiento de Ingenio, con motivo de la ejecución de la obra Cancha Deportiva en Barrio Nuevo 1ª Fase, Decreto que fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 10, de 24 de enero de 1994. 2º) Contra el citado Decreto, interpuso recurso contencioso-administrativo la propietaria de los terrenos expropiados, Dña. María del Pino Lozano Morales.
3º) En fecha 18 de abril de 1996, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha dictado Sentencia número 338/96, fallando el mentado recurso, la cual en su parte dispositiva señala literalmente:
1º) Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. María del Pino Lozano Morales contra el Decreto del Gobierno de Canarias de 23 de diciembre de 1993, que se anula y con él cuantos actos sean consecuencia del mismo por ser contrario a Derecho.
2º) No imponer las costas del recurso.
La citada Sentencia ha adquirido firmeza.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1º) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la ejecución de las sentencias corresponderá al órgano que hubiere dictado el acto o la disposición objeto del recurso.
2º) Por otra parte, dispone el artículo 105.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que el órgano a quien corresponda acusará recibo de la sentencia en el plazo de 10 días, y en dos meses, que es la que se recoge en este caso, adoptará la resolución de ejecución del fallo, tomando a la vez las medidas necesarias al efecto.
3º) El artículo 32 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los Consejeros, como miembros del Gobierno, tienen, entre otras, la función de preparar y presentar al Gobierno los proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 12 de septiembre de 1996,
D I S P O N G O:
1.- Ejecutar la Sentencia número 338/96, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede en Las Palmas de Gran Canaria, en fecha 18 de abril de 1996, en virtud de recurso contencioso-administrativo número 492/1994. 2.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de su notificación/publicación en el Boletín Oficial de Canarias, previa comunicación al Gobierno, exigida por el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 1996.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Manuel Hermoso Rojas.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, Ignacio Manuel González Santiago.
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