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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 46/96, incoado a Comercial Amaya, S.L., titular de la empresa operadora nº 114, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 13 de marzo de 1996, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Hotel Apartamentos Orlando, sito en San Eugenio, Adeje, se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas del tipo A, TF-A-6891, TF-A-6746, TF-A-8226 y TF-A-75.224, que en el momento de la inspección se encontraban situadas en una sala de estar, bar y discoteca o sala de espectáculos, en un extremo de este lugar.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 25 de marzo de 1996, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Intentada la notificación de lo anterior en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, no fue recibida, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 15 de mayo de 1996; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en el artº. 8.3 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 19.bis.2 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, introducido mediante el Decreto 89/1990, de 23 de mayo, por el que podrá autorizarse la instalación y explotación de máquinas recreativas de tipo A, en el interior de los salones o locales específicamente destinados para juegos y entretenimientos radicados en los establecimientos a que se refiere el apartado anterior, esto es, hoteles, aparthoteles y apartamentos en régimen de explotación turística, sin acceso directo a vías públicas.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 40.1 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de grave, la instalación de máquinas de juego de tipo A, en establecimientos o locales distintos a los autorizados para este tipo de máquinas, relacionados en el artº. 19 del Reglamento, correspondiéndole una sanción de trescientas mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de julio de 1996.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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