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BOC Nº 118. Lunes 16 de Septiembre de 1996 - 2617

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2617 - RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución de 24 de abril de 1996, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario interpuesto por Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L. la Resolución de 24 de abril de 1996 (libro nº 1, folio nº 17, número 185), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 561/95 (expediente nº GC-0983-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1995.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Valsequillo la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de agosto de 1996.- La Secretaria General Técnica, p.s., el Viceconsejero de Turismo (Orden de 31.7.96; B.O.C. nº 95, de 5.8.96), Jaime Celso Rodríguez Cíe.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José A. Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. José A. Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0983-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo SE-1808-W de autorización de transporte en servicio público de mercancías, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que no efectuó ninguna alegación por desconocer la denuncia; que el vehículo denunciado al igual que el resto de sus vehículos está provisto de tarjeta de transportes y que aporta fotocopia de la autorización expedida el 7 de abril de 1995, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate. A la vista de la infracción facilitada por el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria ha quedado acreditado que con fecha 27 de octubre fue presentada la solicitud de tarjeta de transporte por sustitución siendo rehusada dicha solicitud el 19 de diciembre de 1994, siendo aportados todos los documentos exigidos para su otorgamiento el mismo día en que se produjo la denuncia, esto es, el 8 de marzo de 1995, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 142.a) de la LOTT que establece que se consideran infracciones administrativas leves, la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija la previa autorización administrativa, careciendo de la misma siempre que se incumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento, la cual hubiera podido ser obtenida por el infractor, procede estimar en parte el recurso interpuesto y modificar la Resolución impugnada en el sentido de calificar como leve la infracción cometida y rebajar la cuantía de la sanción impuesta a veinticinco mil (25.000) pesetas.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar en parte el recurso ordinario promovido por D. José Antonio Muñoz Hernández, en representación de Transportes y Excavaciones Rumasa, S.L., y modificar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 31 de julio de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-0983-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a veinticinco mil (25.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.

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