Resultando que la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 157, de 24 de diciembre de 1994, estableció, en su Disposición Adicional Primera 5, que los suelos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar en los Espacios Naturales que en dicha norma se reclasifican, pasarían a clasificarse como suelo rústico de protección, siempre que no contaran con un Plan Parcial o, contando con el mismo, sus etapas no se hubiesen ejecutado en los plazos establecidos, por causas imputables a sus promotores.
Resultando que la misma Disposición citada, en su último párrafo, otorgó, a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, la competencia para tal supuesto de declaración de caducidad en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley.
Resultando que, incoados los oportunos expedientes, se procedió a emitir informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Urbanismo, determinando, inicialmente, los ámbitos afectados por la delimitación establecida en la nueva Ley de Espacios Naturales.
Resultando que, fruto de esa primera determinación, se detectó la existencia de ámbitos de suelo clasificados como aptos para urbanizar o urbanizable programado con Plan Parcial aprobado, por lo que se solicitó de los respectivos Ayuntamientos, informe comprensivo de los siguientes aspectos:
- Plazos de ejecución establecidos para el desarrollo del Sector de planeamiento referido.
- Grado de cumplimiento de sus etapas.
- En caso de incumplimiento, indicación de las causas del mismo y, especialmente, si son imputables al promotor.
- Datos de identificación del promotor con indicación de domicilio a efecto de notificaciones.
Resultando que, ante la proximidad del vencimiento del plazo legalmente otorgado, y a instancia del titular de la Consejería de Política Territorial, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada los días 21 y 22 de diciembre de 1995, adoptó, entre otros, el acuerdo de ampliar en seis meses el plazo de tramitación y resolución de los expedientes afectados por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994.
Resultando que, de conformidad con la información aportada por los Ayuntamientos, así como, en su caso, la recabada por los Servicios de la Dirección General de Urbanismo, se procedió a emitir informes técnicos y jurídicos de los ámbitos afectados por la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994. Resultando que de tales informes se dio traslado a los promotores y/o propietarios conocidos y, para los desconocidos, se procedió a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 70, del lunes 10 de junio de 1996.
Resultando que, dentro de los plazos otorgados al efecto, se presentaron diversas alegaciones a cuyo contenido se hará referencia posteriormente.
Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 19 de junio de 1996, adoptó, entre otros, el acuerdo de delegar en este órgano la resolución definitiva de los expedientes de caducidad, dado que en la fecha de tal sesión no se entendía concluso el plazo de audiencia anunciado en el Boletín Oficial de Canarias aunque sí lo fueron los otorgados expresamente.
Resultando que se han seguido los trámites procedimentales oportunos.
Considerando que, a tenor de los informes elaborados y de las alegaciones formuladas por los respectivos Ayuntamientos, los ámbitos de suelo apto para urbanizar o urbanizable programado que resultan afectados por la Ley 12/1994, son los siguientes:
- S.A.U. Sector Costa Botija. Término municipal de Gáldar (Gran Canaria), con Plan Parcial aprobado el 7 de julio de 1992.
- S.U.P. Sector 7 San Lorenzo I. Término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con Plan Parcial aprobado el 9 de junio de 1994.
- S.U.P. Sector Ciudad del Campo. Término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con Plan Parcial aprobado el 30 de noviembre de 1990.
- S.A.P.U. Playa de Santa Inés. Término municipal de Betancuria (Fuerteventura), con Plan Parcial aprobado el 29 de mayo de 1972.
- S.A.P.U. El Cangrejo. Término municipal de Betancuria (Fuerteventura), con Plan Parcial aprobado el 15 de febrero de 1974.
- S.A.P.U. P.A.-2. Término municipal de La Oliva (Fuerteventura), con Plan Parcial aprobado el 17 de noviembre de 1987.
Considerando que, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 1995, sentó el criterio de entender que el mandato establecido en la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994 se refería, pura y exclusivamente, a la declaración de caducidad de los Planes que, a la entrada en vigor de la citada Ley, hubiesen incumplido sus Planes de Etapas por causas imputables al promotor, debiéndose considerar, por el contrario, que las que lo incumpliesen con posterioridad a dicha entrada en vigor podrían declararse caducados por los procedimientos específicos regulados en la legislación del suelo, que, a priori, otorga la competencia a los Ayuntamientos.
Considerando que, a tenor de tal criterio, en la misma sesión del citado órgano colegiado, se declaró que el Plan Parcial Ciudad del Campo no había incumplido, en la fecha de entrada en vigor de la Ley 12/1994, sus Planes de Etapas.
Considerando que igual criterio sustentó la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en su sesión del día 19 de junio de 1996 respecto de los Planes Parciales de Costa Botija (término municipal de Gáldar) y Sector 7 San Lorenzo I (término municipal de Las Palmas de Gran Canaria).
Considerando que, con respecto al Sector PA-2 del término municipal de La Oliva, la Comisión, en dicha sesión, consideró que la delimitación del ámbito del Plan Parcial inicialmente correcto fue rectificado por las Normas Subsidiarias de dicho municipio de forma lineal, afectando parcialmente al Espacio Natural Protegido, por lo que, entendiendo que se trata de un error, deberá modificarse tal límite ajustándose a la delimitación inicialmente contenida en el Plan Parcial aprobado definitivamente, que excluyó de su ámbito al Espacio Natural Protegido a la vez que estableció un colchón de protección entre él mismo y la futura urbanización.
Considerando que, por el contrario, los Planes Parciales de Playa de Santa Inés y El Cangrejo, en el término municipal de Betancuria, han concluido sus plazos de ejecución con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/1994 sin que, de las alegaciones formuladas, se deduzca causa alguna que exima de responsabilidad a sus promotores.
Considerando que el mandato de la Disposición Adicional Primera 5 confiere a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias la competencia para declarar la caducidad de los Planes Parciales no ejecutados por causas imputables a los promotores.
Considerando que esa atribución competencial puede ser delegada, conforme se deriva del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Considerando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias delegó, en este órgano en su sesión de 19 de junio de 1996, la resolución de declaración de caducidad de los Planes Parciales de Playa de Santa Inés y El Cangrejo, en el término municipal de Betancuria, al objeto de que se cumpliesen los plazos de las alegaciones otorgados a propietarios y promotores desconocidos mediante publicación efectuada en el Boletín Oficial de Canarias del día 10 del mismo mes.
Considerando que la presente resolución, adoptada por delegación, tiene, conforme a lo previsto en el artículo 13.4 de la Ley 30/1992 citada, la consideración de dictada por el órgano delegante.
Considerando que la declaración de caducidad conlleva, como efecto derivado de la aplicación de la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, la reclasificación de los suelos aptos para urbanizar de Playa de Santa Inés y El Cangrejo, incluidos dentro de los límites del Parque Natural de Betancuria, como suelos rústicos de protección, permaneciendo los suelos exteriores al citado Espacio Natural con la misma clasificación y calificación que poseían.
Considerando que la alegación presentada por el Sr. Norwig Zwerenz, sobre el Plan Parcial Playa de Santa Inés, se limita a manifestar su disconformidad con el trazado y delimitación del Parque Rural de Betancuria y, en su lugar, propone la del Plan Parcial aprobado, a la vez que manifiesta que se están realizando obras de infraestructura en las parcelas C-16, C-17, C-20, C-21 y C-22.
Considerando que no corresponde ni a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, ni mucho menos a este órgano que actúa por delegación, cuestionar la idoneidad de la delimitación del Parque Rural de Betancuria establecida por la Ley 12/1994, sino que, por el contrario, como ordenamiento vigente debe aplicarse con pleno respeto a sus determinaciones.
Considerando que el Plan Parcial Playa de Santa Inés fue aprobado definitivamente el 29 de mayo de 1972, y su Proyecto de Urbanización lo fue el 17 de julio de 1975, estableciéndose un Plan de Etapas de 15 años a partir de esta última aprobación.
Considerando que el Sector se ha desarrollado parcialmente en una zona próxima a la carretera de acceso y fuera de los límites del Parque Rural, tal y como se constata en el informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Urbanismo, presentando viales realizados, aunque sin asfaltado ni encintado de aceras, con cuadros para enganche de electricidad y abastecimiento de agua, realizado con bloque de hormigón vibrado, enfoscado y sin pintar, con puertas de registro en color verde. Considerando que el plazo de ejecución de 15 años concluyó, a tenor de los datos obtenidos, el 17 de julio de 1990 por lo que, el día 25 de diciembre de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 12/1994, habían transcurrido en exceso los plazos de ejecución legalmente otorgados por lo que se produce un claro incumplimiento de los deberes del promotor o promotores de la referida urbanización.
Considerando que no se ha demostrado que tal incumplimiento no sea imputable al obligado a ejecutar la urbanización.
Considerando que el Plan Parcial El Cangrejo, aprobado definitivamente el 15 de febrero de 1974, y su proyecto de urbanización, aprobado el 17 de julio de 1975, tenía, igualmente previsto un plazo de ejecución de 15 años, esto es, hasta el 17 de julio de 1990.
Considerando que dicho Plan no ha sido ejecutado ni siquiera parcialmente por lo que resulta evidente el incumplimiento producido.
Considerando que no se han presentado alegaciones que desvirtúen las consideraciones precedentes.
Vistos los expedientes administrativos, informes y alegaciones contenidas en los mismos, la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y demás disposiciones y preceptos citados, sus concordantes y normas de general aplicación,
D I S P O N G O:
Primero: declarar, al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera 5 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, y en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias con fecha de 19 de junio de 1996, la caducidad de los Planes Parciales del Sector Playa de Santa Inés, aprobado definitivamente el 29 de mayo de 1972, y El Cangrejo, aprobado definitivamente el 15 de febrero de 1974, ambos del término municipal de Betancuria (Fuerteventura), al no haberse ejecutado en los plazos legalmente establecidos por causas imputables a los promotores, y por encontrarse en situación de caducidad el día 25 de diciembre de 1994, fecha de entrada en vigor de la citada Ley 12/1994.
Segundo: los ámbitos territoriales de suelo de tales planes que han quedado afectados por su inclusión en la delimitación del Parque Rural de Betancuria pasarán a reclasificarse como suelos rústicos de protección. Tercero: el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado a los promotores, Ayuntamiento de Betancuria y Cabildo Insular de Fuerteventura.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir de su notificación según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1996.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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