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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución, recaída en el expediente sancionador S-13/95, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a D. José Antonio Ramírez Díaz, la Resolución de fecha 19 de abril de 1996, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Sancionar a D. Miguel Jiménez Cabrera y a D. José Antonio Ramírez Díaz, con multa de 50.000 pesetas cada uno, como autores de sendas infracciones graves al régimen legal de viviendas de protección oficial, tipificadas en el artº. 153.B).12 del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, por el techado de los patios de luces, zonas comunes, del edificio al cual pertenecen las viviendas objeto de este expediente.
Requerir a los sancionados para que en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución del presente expediente, procedan a demoler lo ilegalmente ejecutado, bajo apercibimiento de que de no proceder conforme a ello se les irrogarán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.
Contra este acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 1996.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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