Estás en:
Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de la expedición de certificación de descubierto, recaída en el expediente sancionador S-17/94, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, en dicho procedimiento y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a Forjados Canarios, S.A., la expedición de certificación de descubierto de fecha 10 de mayo de 1996, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Para su conocimiento y efectos oportunos, le comunico que, con esta misma fecha, se procedió por esta Dirección General, a la expedición de certificación de descubierto para su exacción por la vía de apremio por importe de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, correspondientes a la multa impuesta por Resolución firme de esta Dirección General de fecha 12 de diciembre de 1995.
Asimismo, se le apercibe de la obligación de proceder a la ejecución de lo ordenado por la referida Resolución, consistente en la reparación de los defectos constructivos existentes en la vivienda sita en la calle El Pino, 12, 1º D de Arucas, a cuyos efectos se le concede un plazo de diez días, transcurrido el cual y desatendido que fuere el presente requerimiento, se reiterará la imposición de nuevas multas coercitivas hasta el total cumplimiento de lo ordenado, de conformidad con lo prevenido en el artº. 96.C) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de julio de 1996.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
© Gobierno de Canarias