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Habiendo intentado la notificación de la resolución del recurso ordinario interpuesto por Unelco, S.A. contra la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 9 de marzo de 1995, a la dirección del interesado D. Jesús Cabrera Tejera que consta en el expediente de referencia, y no habiendo recibido la misma el interesado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Viceconsejería
R E S U E L V E:
1.- Notificar a D. Jesús Cabrera Tejera la Resolución que se adjunta en el anexo de la presente Resolución.
2.- Remitir la Resolución al Ilmo. Ayuntamiento de Arona (Tenerife) para su publicación en el tablón de edictos.
3.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de junio de 1996.- El Viceconsejero de Industria, Domingo Berriel Martínez.
A N E X O
Resolución del recurso ordinario interpuesto por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la empresa Unión Eléctrica de Canarias, S.A., frente al acuerdo de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 9 de marzo de 1995, recaído en el expediente VBT:330/94, relativo a determinación de derechos de acometida eléctrica.
Visto el recurso promovido por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la empresa Unelco, S.A., frente a la Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 9 de marzo de 1995, relativa a determinación de derechos de acometida eléctrica. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 14 de noviembre de 1994, D. Jesús Cabrera Tejera presentó en la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife escrito de reclamación, por medio del cual viene a expresar su disconformidad con la solución técnico-económica confeccionada por la empresa eléctrica para el suministro a una explotación agraria de su propiedad sita en Valle Guerra, término municipal de La Laguna, cuyo importe asciende a la cantidad de 461.236 pesetas, por considerarlo excesivo.
Segundo.- Una vez tramitado el oportuno expediente administrativo, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife dictó Resolución el 17 de octubre de 1994, en el sentido de aceptar la propuesta formulada por el Ingeniero Industrial que deberá cumplirse en las condiciones y plazos indicados, la cual señalaba que el solicitante del suministro debería abonar la cantidad de 46.624 pesetas para los 8 kw solicitados por el interesado, en concepto de derechos de acometida eléctrica.
Tercero.- Frente a la citada Resolución, D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la empresa eléctrica Unelco, S.A., viene a interponer recurso ordinario, en el cual se formulan las siguientes alegaciones:
1. Por tratarse de una zona rural dedicada a explotación agrícola se ha valorado toda la instalación necesaria para atender este nuevo suministro. La empresa eléctrica arguye que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo en aplicación del artº. 87 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas, las instalaciones de extensión a cargo de la empresa suministradora se circunscriben a los suministros en suelo urbano, por lo que aquellos a realizar en zonas que no tengan aquella calificación urbanística deben ser costeados en su integridad por el solicitante.
2. En la solución técnico-económica no se ha valorado el conductor por lo que la valoración final es independiente de la sección de conductor empleado.
3. Conforme a todo lo anterior, la empresa eléctrica considera que el importe de los derechos de acometida eléctrica en el presente caso asciende a la cantidad 461.236 pesetas (incluido el I.G.I.C.).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, dado que el mismo se ha interpuesto dentro del plazo establecido en el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Departamento para conocer este recurso es la Consejería de Industria y Comercio.
Segundo.- La Resolución hoy recurrida tiene su fundamentación jurídica en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 2.942/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas Eléctricas. Dichos preceptos contienen los criterios a aplicar para la determinación de los derechos de acometida eléctrica ante la solicitud de un nuevo suministro de baja tensión formulada por el peticionario.
Tercero.- En el presente caso, se constata la correcta aplicación de las fórmulas polinómicas previstas en los artículos 8 y 9 del Reglamento de Acometidas Eléctricas, a los efectos de determinar los derechos de acometida eléctrica correspondientes al suministro de la citada explotación agraria, lo que conduce a esta Viceconsejería a rechazar de plano la solución técnico-económica elaborada por la empresa eléctrica, puesto que la misma es desproporcionada al suministro solicitado por el usuario, y ello transgrede el artículo 4, punto 4, del antedicho Reglamento, al repercutir todo el coste sobre al primer usuario que solicita el suministro, cuando este artículo indica que las instalaciones correspondientes a redes de extensión deberán corresponderse a la capacidad e índole del suministro, además el propio artículo 1 de este Reglamento establece las Inversiones de Responsabilidad como medio para que Unelco, S.A. traslade la parte de inversión que realiza a los nuevos abonados en la previsión de que existiera más demanda eléctrica futura en la zona.
Cuarto.- Los alegatos de la empresa eléctrica deben ser desestimados en esta vía de recurso por las siguientes razones: 1. Con respecto al primer alegato de la empresa eléctrica de que al ubicarse el suministro en una zona rural el solicitante debe costear toda la instalación de extensión, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, cabe decir que el artº. 87 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas hace mención a la obligación que asumen las entidades suministradoras de ampliar las redes eléctricas en alta o en baja tensión para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que estén servidas por dichas entidades; y por otra parte, el solicitante está obligado a costear parte de la extensión de la red en los términos establecidos en el Reglamento de Acometidas Eléctricas. Por tanto, el argumento empleado por Unelco carece de consistencia al no citar en el recurso sentencias del Tribunal Supremo que avalen su razonamiento para así poder desvirtuar los presupuestos jurídicos de la resolución recurrida. 2. Por lo que se refiere al segundo alegato de la empresa recurrente, conviene subrayar que la aportación gratuita del conductor debe encuadrarse únicamente dentro de la estrategia comercial, sin que tenga especial relevancia este razonamiento para la resolución del presente recurso.
Quinto.- El presente recurso no ha sido dictaminado por la Dirección General del Servicio Jurídico de Canarias por suscitarse en el mismo cuestiones de Derecho que ya han sido resueltas por dicho Centro Directivo en dictámenes anteriores.
Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la entidad Unelco, S.A., frente a la Resolución de 9 de marzo de 1995, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde su notificación, previa la comunicación a esta Consejería de Industria y Comercio exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
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