No habiéndose podido practicar la notificación a D. Aniceto Castro Roger de la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria de fecha 20 de marzo de 1996, en los términos del apartado 1º del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado 4º del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Aniceto Castro Roger la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria nº 0023, libro 01, de 20 de marzo de 1996, cuyo texto es el siguiente:
Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador incoado a D. Aniceto Castro Roger.
Resultando que con fecha 24 de noviembre de 1994, el Jefe de Sección de Ordenación Minera del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Energía giró visita de inspección y levantó Acta de la misma haciendo constar la existencia de una explotación minera no autorizada en el paraje denominado El Tequital del término municipal de Tuineje, realizada por D. Aniceto Castro Roger.
Resultando que mediante Resolución de la Dirección General de Industria y Energía se ordena la paralización de la extracción ilegal y desmontaje de instalaciones con advertencia expresa de considerar desacato en caso de incumplimiento.
Resultando que con fecha 30 de enero de 1995, el Director General de Industria y Energía resuelve incoar expediente sancionador nombrando Instructor y Secretario del expediente a los funcionarios José María Varona Arciniega y Amando Montes de Tena, respectivamente, ordenando de nuevo la inmediata paralización con advertencia expresa de desacato en caso de incumplimiento.
Resultando que tras varios intentos de notificación a través de envíos certificados, al no tener constancia de ello por haber sido devueltos, se procedió a realizarlo a través del Boletín Oficial de Canarias mediante edictos en el tablón del Ayuntamiento donde reside tal como señala el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Resultando que dicha notificación se realiza mediante Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 15 de marzo de 1995 siendo publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 79, de 26 de junio de 1995, y expuesta durante 15 días en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Tuineje sin que se presentaran alegaciones a ello.
Vista la propuesta que presenta el Instructor del expediente.
Considerando que la explotación de recursos mineros sin obtener la preceptiva autorización de esta Dirección General de Industria y Energía constituye un supuesto contemplado en los artículos 19 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y 32 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, por cuanto los mismos indican que cualquier explotación no autorizada será considerada ilegal, ordenándose la inmediata paralización de los trabajos y la imposición de las sanciones que correspondan.
Considerando que la Ley 21/1992, de 16 de julio, en su artículo 31.2.b) califica la citada infracción como de carácter grave pudiendo corresponderse según el artº. 34 de la misma Ley una sanción entre 500.001 hasta 15.000.000 de pesetas.
Considerando que en el Decreto 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, y el Decreto 37/1995, de 10 de marzo, que modifica parcialmente el anterior, otorga competencias para imponer sanciones por faltas calificadas como graves en materia minera al Viceconsejero de Industria.
Por todo ello, esta Viceconsejería de Industria, en virtud de las competencias otorgadas por la legislación vigente,
R E S U E L V E:
Imponer a D. Aniceto Castro Roger una sanción por importe de 500.001 pesetas como señala el artº. 34 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por infracción grave de lo prescrito en el artículo 19 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y artículo 32 del Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, y 32.2.b) de la citada Ley de Industria.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Consejero de Industria y Comercio, con independencia de cualquier otro que pudiera interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 1996.- El Director General de Industria y Energía, Luis García Martín.
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