BOC - 1996/083. Miércoles 10 de Julio de 1996 - 1115

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial

1115 - ORDEN de 29 de mayo de 1996, por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en la zona calificada “CA” de la manzana del Cabildo Insular (calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires).

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Resultando que, con fecha 26 de enero de 1996, el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en la zona calificada “CA” de la manzana del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires).

Resultando que dicho documento de planeamiento tuvo entrada en la Consejería de Política Territorial con fecha 22 de febrero de 1996 y registro de entrada nº 1.692. Resultando que la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29 de marzo de 1996, adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la aprobación definitiva de la modificación, proponiendo la desestimación de las alegaciones formuladas y requiriendo la aportación de determinada documentación con carácter previo a la resolución del expediente.

Resultando que tal acuerdo colegiado fue debidamente notificado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 24 de abril de 1996.

Resultando que, con fecha 21 de mayo próximo pasado y registro de entrada nº 5.560, tuvo entrada en este Centro Directivo oficio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aportando la documentación requerida por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias.

Resultando que, con fecha 22 del mismo mes y año, ha sido emitido informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Urbanismo en sentido favorable a la aprobación definitiva al entender cumplimentado el acuerdo de la Comisión.

Resultando que se han cumplido los trámites procedimentales establecidos en la vigente legislación.

Considerando que, como reiteradamente se ha venido pronunciando la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 31 de julio y 30 de octubre de 1991; 16 y 30 de noviembre de 1992; 16 y 23 de febrero de 1993; 22 de febrero, 6 de abril, 17 de julio y 7 de diciembre de 1994), hemos de recordar la doctrina, plenamente consolidada, en torno a la naturaleza y significación de lo que ha venido a denominarse el “ius variandi” que compete a la Administración urbanística en la ordenación del suelo, materia en la que actúa discrecionalmente -que no arbitrariamente- y, siempre, con observancia de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución: de tal suerte que el éxito alegatorio argumental frente al ejercicio de tal potestad, en casos concretos y determinados, tiene que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración al planificar ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, o, con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, o la estabilidad y la seguridad jurídica, o con desviación de poder, o con falta de motivación en la toma de sus decisiones.

Considerando que las alegaciones formuladas por D. Luis Bittini Delgado y D. Pedro Bordez Benítez, sustancialmente idénticas, se limitan a discrepar de la potestad modificadora, entendiendo que se produce un trato discriminatorio entre la aplicación de la legalidad urbanística a las Administraciones Públicas “adaptando las normas a sus conveniencias particulares”, frente a la realizada a los ciudadanos, en sus inmuebles particulares, pero sin que resulte probada ninguna transgresión del ordenamiento jurídico.

Considerando que si bien la Memoria adolece de una justificación suficiente, tal defecto resultó subsanado, a raíz del informe emitido por el letrado municipal con fecha 18 de diciembre de 1995, en la aportación de distintos informes facultativos garantes de la oportunidad y conveniencia de la modificación propuesta en atención a la relevancia de la Casa Palacio Insular como hito arquitectónico capaz de ejercer una fuerte influencia en la morfología del entorno urbano inmediato.

Considerando que la afección a las viviendas protegidas se enmarcan dentro de la valoración discrecional que el “ius variandi” otorga a la Administración y que tal opción no es arbitraria sino fundamentada como se deduce del informe elaborado por el Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, en su apartado 2, dice textualmente lo siguiente:

“Las casas protegidas tienen su valor formando parte de la serie de casas construidas desde mediados del siglo pasado que definen la perspectiva de la calle Pérez Galdós; además, la casa de esquina con la calle Buenos Aires constituye un grupo formal con las de las otras tres esquinas. En circunstancias normales estas casas deberían seguir en pie; pero nos encontramos antes un problema específico que debe ser entendido y, sobre todo, explicado en beneficio de la ética ciudadana.

Partiendo de la base de que nada tiene un valor absoluto y olvidando, por ello, cualquier fundamentalismo, habría que preguntarse por lo que se gana y se pierde en la operación que propone el Cabildo Insular. Las casas en cuestión se sitúan al final de la serie: no es lo mismo que si se encontraran en mitades de un frente de fachada; en nuestro caso, la tira se acorta pero no pierde, por ello, su carácter. A cambio, se ha apostado por la monumentalidad: allí, los retranqueos y volumetría adoptadas -que son a nuestro entender conscientemente abstractas- aparecen autónomamente en el solar, sin pretender diálogo alguno con su entorno inmediato y planeadas como remate- en la misma línea que el Cabildo de Miguel Martín- de la ciudad histórica”.

Considerando que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria en la zona calificada “CA” de la manzana del Excmo. Cabildo Insular (calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires), hace viable la restauración, recuperación y revalorización de un edificio como la Casa Palacio, de especial significación arquitectónica y urbanística para la ciudad, el centro histórico y, en particular, el eje racionalista de Bravo Murillo, eliminando del mismo las modificaciones realizadas a lo largo de 60 años, y ampliando dicho valor al resto de la submanzana, a la que permite extender la singular propuesta arquitectónica y urbanística del proyecto original, empeño avalado en tal sentido unánimemente por los informes facultativos que obran en el expediente.

Considerando que el objetivo fundamental del planeamiento histórico moderno en general, y del P.E.P.R.I. de Vegueta-Triana en particular, no residen en la sola conservación o protección de su riqueza arquitectónica y urbana, sino en la recuperación del centro histórico de la ciudad como parte integrante e identificadora de la misma, para lo que se precisa, entre otros, del mantenimiento y consolidación de los usos implantados en la ciudad vieja, y en especial, para el caso de Vegueta-Triana, de los usos administrativos e institucionales existentes.

Considerando que el mantenimiento y potenciación de la institución insular en su actual emplazamiento urbano exige una intervención unitaria y global para resolver los problemas organizativos y espaciales planteados, que no puede materializarse sino en continuidad con el edificio existente, dotando de un marco adecuado a la Casa Palacio, revalorizando su actual entorno inmediato, arquitectónico y socialmente degradado.

Considerando que la singularidad de estas formas de intervención fue expresamente recogida en el P.E.P.R.I., e incorporada a su través al Plan General, mediante la figura de los Edificios Singulares, concebidos como elementos fundamentales de su estrategia urbana, cuya figura tiene por sujetos a “edificios de propiedad y gestión pública que requieren una ordenanza diferenciada”, y por objeto la intervención positiva en puntos estratégicos de la ciudad histórica, con el fin de dinamizar su entorno, circunstancias ambas que concurren en la modificación tramitada, y que cimentan el interés público de la misma.

Considerando que lo anteriormente expuesto y el contenido de los distintos informes obrantes en el expediente justifican adecuadamente la modificación examinada y, en consecuencia, la desestimación de las alegaciones formuladas en contra de la misma, al no apreciarse agravio o trato discriminatorio de ningún tipo. Considerando que compete a este órgano, entre otras funciones, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; del resto de las capitales insulares y de las ciudades de más de cincuenta mil (50.000) habitantes, previo informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, conforme se determina en el artículo 15.5 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, en relación al artículo 118.3.a) del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Considerando que, en virtud de lo preceptuado en el artículo 128.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, ya citado, las modificaciones de cualquiera de los elementos de los Planes, Proyectos, Normas y Ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su tramitación y aprobación.

Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo; el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, sobre Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; Reglamento de Planeamiento; Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial; concordantes y demás normas de general aplicación,

D I S P O N G O:

Primero: aprobar definitivamente, al amparo de lo regulado en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona calificada “CA” de la manzana del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria (calles Bravo Murillo, Pérez Galdós y Buenos Aires) en los mismos términos en que resultó aprobado provisionalmente con las rectificaciones no sustanciales introducidas en el informe de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias.

Segundo: desestimar las alegaciones formuladas por D. Luis Bittini Delgado y D. Pedro Bordes Benítez en base a las consideraciones contenidas en la presente resolución y al entenderse debidamente justificada la modificación en los diversos informes facultativos obrantes en el expediente.

Tercero: el presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado a los alegantes; al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Cuarto: remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el documento de modificación debidamente diligenciado al objeto de que por dicha Corporación se proceda a la publicación de la nueva normativa en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.

Contra este acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir de su notificación según lo dispuesto en el artº. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 1996.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, María Eugenia Márquez Rodríguez.



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