BOC - 1996/080. Miércoles 3 de Julio de 1996 - 1838

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1838 - RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1996, de la Dirección General de Consumo, sobre notificación de Resoluciones a personas jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O: 1.- Notificar a las personas jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-47/96. INSTRUIDO A: Olope, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38257861.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de octubre de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó visita de inspección en Supertrébol, sito en Avenida Penetración, s/n, Edificio Simón, Los Cristianos, del término municipal de Arona, y mediante acta nº 42379 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público en expositores productos de charcutería: jamón cocido Montesano, paleta cocida Montesano, jamón cocido Argal, panceta La Campiña, pechuga de pavo Argal, pechuga de pavo cocida Campofrío, fiambre de magro Macías, etc., diversas variedades de quesos: queso fundido con pimienta verde Jermi, queso Saint Albray, queso fundido con hierbas Jermi, queso Belle des champs, queso Dirnisse Blue Chesse, etc., y de paté: paté Brusels Argal, paté a la pimienta negra Argal, etc., que carecían en su totalidad de marcado de precio de venta al público. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de protección de los consumidores. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 4, apartado 1, y 8, apartado 1, del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artículo 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: habiéndose intentado la notificación del Acuerdo de iniciación del presente expediente a través del Servicio de Correos, el mismo ha sido rehusado con fecha 16 de febrero del año en curso, teniéndose por efectuado el trámite, y continuándose con el procedimiento, de conformidad con el artículo 59, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO

Imponer a Olope, S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

PROVIDENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO Por traslado a otra Consejería del funcionario D. Francisco Javier Ramos García, Instructor del presente expediente nº 38-47/96, ACUERDO

Sustituirlo por Dña. María Asunción Falcón Fernández, que desde esta fecha 17 de mayo de 1996, seguirá la correspondiente tramitación del expediente. El Instructor nombrado podría ser recusado por los motivos establecidos en el artículo 28, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, B.O.E. nº 285, y en la forma prevista en el artículo 29 del mismo cuerpo legal.

Lo que notifico a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. 2) VISTO EL EXPEDIENTE NÚMERO: 38-38/96. INSTRUIDO A: Crispasur, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B-38330536.

MOTIVACIÓN Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de agosto de 1995, un Inspector de esta Dirección General practicó una visita de inspección en Boutique del Pan II Onza, Crispasur, S.L., sita en la Avenida Suecia, 4, de Los Cristianos, en el término municipal de Arona, y mediante acta número 42.050 instruida al efecto, comprobó que tenía dispuesto para su venta al público, en expositor, un total de 56 bandejas que contenían diferentes tipos o variedades de productos de pastelería dulcería, de las cuales, sólo 4 de ellas tenían marcado su correspondiente precio de venta al público. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de protección de los consumidores. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 4, apartado 1, y 8, apartado 1, del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, B.O.E. nº 29, en relación con el artículo 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, B.O.E. nº 168, y artículo 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, B.O.E. nº 176. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el Acuerdo de iniciación ha sido contestado, alegándose: Primero.- Que, con fecha de 5 de febrero de 1996, se me ha notificado el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador 38-38/96, contra la entidad Crispasur, S.L. Mediante dicha notificación tengo conocimiento de que con fecha de 11 de agosto de 1995, se personó un Inspector de la Dirección General de Consumo en la Boutique Pan II Onza, propiedad de Crispasur, S.L., sita en la Avenida Suecia, Los Cristianos, y mediante acta número 42.050, comprobó que algunos productos de pastelería dulcería no tenían marcado su precio. Segundo.- Que, por Diligencia de 24 de mayo de 1995, se ordenó el embargo de la empresa de panadería sita en la Avenida de Suecia y se entregó la empresa Crispasur, S.L. en Administración Judicial a D. Mario Blanco Martín, hasta el 24 de noviembre del mismo año. Tercero.- Que en la fecha en que se llevó a cabo la Inspección -11 de agosto de 1995- el encargado de llevar a cabo la gestión del negocio era el Administrador Judicial D. Mario Blanco, siendo éste con su actuación negligente, el único responsable de los hechos que ahora se reclaman a Crispasur, S.L. Cuarto.- Por todo lo expuesto, resulta que esta parte no es responsable de los hechos que se le imputan en el acta de inspección 42.050, puesto que la gestión y administración del negocio no estaba en sus manos, y por ello solicitó que se tenga por presentado este escrito y en su virtud ordene el archivo del expediente 38-38/96 iniciado contra Crispasur, S.L. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: con independencia de que el Sr. D. Mario Blanco Martín llevase la gestión del negocio como Administrador Judicial, consecuencia de un embargo, la personalidad jurídica de la empresa expedientada sigue siendo la misma, Crispasur, S.L., no teniéndose en consideración las manifestaciones contenidas en el escrito de alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 8 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 109), en conexión con el artículo 11, apartado f), y artículo 18, apartado 2.B), letras k) y m), del Decreto Territorial 228/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio (B.O.C. nº 116, de 10 de septiembre), ACUERDO Imponer a Crispasur, S.L. la sanción de multa de treinta y cinco mil (35.000) pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de febrero de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen. Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 1996.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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