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Habiendo sido intentada la notificación del requerimiento efectuado por este Centro Directivo, en el expediente de la empresa operadora denominada Comercial Juafa, S.L., en el domicilio que figura en el citado expediente, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación:
Examinado el expediente de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la empresa Comercial Juafa, S.L., se observa que:
1º) Para obtener la inscripción en el mencionado Registro, hubo de constituir fianzas para responder de las obligaciones económicas en las que pudiera incurrir en el ejercicio de la actividad con empresa operadora, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, en relación con el artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, modificado parcialmente por el anterior.
2º) Que en la actualidad la cuantía de las fianzas constituidas por esa empresa operadora asciende a la cantidad de 5.870.530 pesetas.
3º) Que el número de máquinas de tipo B en explotación, cuya titularidad ostenta en la actualidad esa empresa operadora, es de 165 máquinas, siendo la cuantía de la fianza obligatoria para tal número de máquinas de 35.000.000 de pesetas, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, ya mencionado. Por lo que se le requiere a Vd. para que, en el plazo máximo de un mes, desde la fecha de la publicación del presente anuncio, complete la cuantía obligatoria correspondiente, apercibiéndosele que de no cumplirse lo anterior, se producirá la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó, en virtud de lo previsto en el artº. 35.2 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, anteriormente citado. Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 1996.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Carmen María Barreto Hernández.
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