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BOC Nº 074. Miércoles 19 de Junio de 1996 - 1660

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas

1660 - ANUNCIO de 14 de mayo de 1996, de la Dirección General de Obras Públicas, por el que se notifica a la entidad mercantil Somavi, S.A. la Orden Departamental que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial nº 11-93 incoado a instancias de D. Jorge Molina Fumero.

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Habiéndose resuelto por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, el expediente de responsabilidad patrimonial nº 11-93 incoado a instancias de D. Jorge Molina Fumero, en reclamación de los daños sufridos por el vehículo matrícula TF-9559-AN, debido al accidente de circulación ocurrido el 7 de abril de 1993, y como quiera que ha sido devuelta por el Servicio de correos la notificación de la Orden citada, se procede a su publicación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Orden Departamental por la que se resuelve reclamación de responsabilidad formulada por D. Jorge Molina Fumero, por los daños producidos en el vehículo TF-9559-AN.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de abril de 1993, D. Jorge Molina Fumero presentó escrito ante este Departamento por el cual se interesaba la indemnización por los daños sufridos en el vehículo TF-9559-AN, como consecuencia de la colisión con piedras provenientes de un desprendimiento cuando circulaba por la Autopista TF-1, entre el p.k. 13,000 y el 14,000, el día 17 de marzo de 1993, así como el abono de los ingresos dejados de percibir durante los 9 días en que el vehículo estuvo inmovilizado.

2. Con fecha 26 de abril de 1993, la Dirección General de la Guardia Civil informa sobre la denuncia formulada por el reclamante.

3. El Jefe de la Sección de Maquinaria del Servicio de Carreteras informa que ha podido inspeccionar el vehículo dañado, entendiendo que la valoración de la reparación aportada por el reclamante, y que asciende a la cantidad de 175.279 pesetas, coincide con los precios normales del mercado.

4. Mediante escrito de fecha 20 de abril de 1993, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas informa:

a) Que consultada la empresa encargada de la conservación integral de las Autopistas TF-1 y TF-5, manifiesta que el día 17 de marzo de 1993, debido a las intensas lluvias caídas en toda la isla, se originaron destrozos, caídas de árboles y desprendimientos de piedras en ambas vías.

b) Que en la Autopista TF-1 entre los pp.kk. 13,000 y 14,000 en dirección sur, se produjeron caídas de piedras originando actuaciones suplementarias de las cuadrillas de limpieza; dichas cuadrillas no tienen constancia de haber auxiliado a ningún usuario accidentado.

1. Con fecha 18 de agosto de 1993, el Jefe de Sección de Maquinaria, mediante informe complementario, ratifica que ha podido inspeccionar el vehículo afectado por lo que tiene constancia exacta de los daños, deduciendo que el mencionado vehículo ha sido afectado en la caja de cambios, cuna del motor y carcaza diferencial; al tiempo se pronuncia sobre la posibilidad de que los daños sufridos en el vehículo del reclamante obedezcan a colisión con piedras.

2. Con fecha 8 de marzo de 1994, es emitido informe por el Letrado de los Servicios Jurídicos. 3. Otorgado trámite de vista y audiencia a la empresa adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento de la carretera, es presentado escrito de 9 de febrero de 1995.

4. La Dirección General de Obras Públicas propone se desestime la reclamación formulada por D. Jorge Molina Fumero.

5. Recabado informe del Consejo Consultivo de Canarias, es emitido dictamen favorable nº 16/96, de 25 de marzo de 1996.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Concurren en la reclamación las circunstancias determinantes de su admisión a trámite, a saber legitimación activa de la persona que deduce la pretensión indemnizatoria, la legitimación pasiva de la Administración Autónoma de Canarias al ser titular del servicio a cuyo funcionamiento se liga el evento dañoso, la viabilidad de la acción al ejercitarse antes de que hubiera transcurrido el plazo preclusivo de un año desde la producción del daño y la competencia de este Departamento para resolver la reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de Expropiación Forzosa.

2. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en nuestro ordenamiento jurídico, que recibió su consagración legislativa en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, norma de aplicación por ser la vigente al momento de la producción del suceso (R.1957, 1058, 1178 y N. Dicc.25852), y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa (R.1954, 1848 y N. Dicc.12531), y que actualmente alcanza el más elevado rango normativo en el artículo 106, párrafo 2º, de la Constitución (R. 1987, 2836 y Ap. 1975-85, 2875), exige para su efectividad, conforme a una conocida y reiterada doctrina jurisprudencial, el acreditamiento de los siguientes requisitos:

b) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación a persona o grupo de personas.

c) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, existiendo una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso. d) La ausencia de fuerza mayor; es decir, la exigencia de esa responsabilidad supone, siguiendo la terminología mantenida por la jurisprudencia, una actividad administrativa (por acción u omisión), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto entre aquélla y éste, incumbiendo a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración.

3. En el caso objeto de estudio, la reclamación deducida es formulada como consecuencia del accidente de circulación ocurrido el día 17 de marzo de 1993, en la Autopista TF-1 entre el p.k. 13,000 y el 14,000, y en el que se vió involucrado el vehículo matrícula TF-9559-AN, destinado al servicio público.

Así, conforme a la declaración del reclamante el accidente se produjo al colisionar el vehículo de su propiedad con piedras existentes en la calzada. Para acreditar la veracidad de lo alegado aporta fotografías del vehículo siniestrado, al tiempo que pone a disposición de la Administración el mismo, con anterioridad a proceder a su reparación, a efectos de que técnicos especializados pudiesen efectuar las comprobaciones precisas.

Por otro lado, la realidad de los desprendimientos en la zona es confirmada por la empresa que al momento de la producción del siniestro tenía encargado el servicio de conservación y mantenimiento de la vía pública. Así, conforme se expone en escrito de 20 de abril de 1993, la citada empresa informó al técnico del Servicio de Carreteras la producción de desprendimientos en ambas vías en la fecha a la que se refiere la reclamación, originados por las intensas lluvias caídas en toda la isla.

Asimismo y conforme al escrito de referencia, la empresa encargada de la conservación admite haber intervenido en la zona concreta de la carretera en la que se produjo el accidente para efectuar trabajos de retirada de piedras.

Por otra parte, el Jefe de Sección de Maquinaria e Instalaciones considera probable que los desperfectos ocasionados en el vehículo examinado se hayan originado como consecuencia de la colisión con piedras, manifestación que se incorpora en informe de 18 de agosto de 1993.

No se ha dado, sin embargo, en el presente caso una constatación directa por parte del personal de conservación de la carretera del accidente sufrido por el reclamante, ni éste aporta para su justificación más medios probatorios que los ya indicados en los apartados que preceden.

No obstante lo anterior, parece aplicable al caso que se analiza aquí el criterio sostenido por el Consejo Consultivo de Canarias, expuesto entre otros en el Dictamen nº 74/94, conforme al cual “el principio de la carga de la prueba ha de ser interpretado con criterios de adecuación al hecho que se pretende probar, por lo que a diferencia de hechos cuya prueba puede resultar muy fácil (por obrar en documentos públicos, registros oficiales, ser presenciados por agentes de la autoridad, etc.) los que se producen en esta materia no pueden ser demostrados de forma rotunda, debiendo en su consecuencia acudir en cada caso a la conducta seguida por el interesado y por la Administración, ...”.

Conforme a las consideraciones expuestas, también en el caso objeto de análisis puede concluirse que el interesado aportó las pruebas de las que disponía y que pueden considerarse razonables para acreditar la veracidad del daño y el nexo causal del mismo con el funcionamiento del servicio público de carreteras.

Ha de concluirse, por tanto, que en el presente caso la ponderación de las diferentes informaciones que resultan del expediente permiten entender probada la producción del hecho lesivo y su conexión con el servicio público.

4. Verificada pues la existencia de los hechos, queda por determinar quién ha de responder por los daños ocasionados. En el caso que ahora nos ocupa, la intervención de una empresa adjudicataria del servicio de conservación de la carretera, determina la aplicación del artículo 134 del Reglamento General de Contratación, que establece la obligación del contratista de indemnizar los daños que causan como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, siempre que tales perjuicios no hayan sido ocasionados como consecuencia de una orden directa de la Administración competente, circunstancia esta última que no consta se haya producido.

Así, conforme a las condiciones que rigieron en la ejecución del contrato del que resultó adjudicataria la empresa Somavi Española, S.A., ésta venía obligada a actuar de forma inmediata sobre los desprendimientos que pudieran producirse, por lo que resulta razonable imputar a la citada entidad la responsabilidad derivada de los daños que como consecuencia de los desprendimientos existentes en la zona se ha irrogado al reclamante.

5. Determinada, por tanto, la existencia de responsabilidad y la entidad responsable de los daños ocasionados, ha de concretarse el importe al que debe ascender la indemnización.

Así, en primer término se solicita por el reclamante se abonen los gastos ocasionados como consecuencia de los trabajos efectuados en el vehículo siniestrado necesarios para su reparación.

Al respecto, consta en el expediente informe emitido con fecha 20 de mayo de 1993 por el Jefe de Sección de Maquinaria en el que luego de proceder a la inspección del vehículo siniestrado, entiende adecuada la indemnización que por este concepto solicita el reclamante, estimándose que existe una adecuación entre los daños producidos y los trabajos de reparación precisos para su subsanación y cuya valoración asciende a la cantidad de 175.279 pesetas.

Por último, la aplicación del principio de indemnidad formulada en los artículos 106.2 de la C.E. y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que se traduce en el deber de compensar al particular íntegramente por los daños producidos, impone la valoración de los perjuicios padecidos por D. Jorge Molina Fumero como consecuencia de los días en los que estuvo imposibilitado para ejercer su profesión.

Efectivamente queda acreditado mediante la documentación aportada al expediente que el vehículo del reclamante estaba destinado al servicio de auto-taxi.

Asimismo, mediante declaración ante funcionario público D. José V. Rivero Castilla corrobora que el vehículo del reclamante estuvo inutilizado por un periodo de nueve días, los cuales permaneció en los talleres de reparación de la entidad Automotor, S.A.

Asimismo, y para acreditar los ingresos que por tal causa fueron dejados de percibir por el reclamante se aporta los pagos fraccionados del I.R.P.F. correspondientes al ejercicio anterior a aquél en el que ocurrió el accidente, así como el del primer trimestre del año 1993, coincidente con la fecha en la que se produjo el accidente y que responde al sistema de estimación objetiva por signos, índices o módulos. En base a tal declaración se solicita se abone por este concepto un total de sesenta y siete mil pesetas a razón de 7.444 pesetas/día, cantidad que se revela razonable a la vista de los ingresos que conforme la documentación aportada constituyen la renta del reclamante.

A la vista de los antecedentes y fundamentos incorporados en la presente Orden, ha de estimarse concurren los presupuestos determinantes del reconocimiento de responsabilidad, que se ha de imputar a la empresa Somavi Española, S.A. en virtud de lo previsto en el artículo 134 del Reglamento General de Contratación, y resultando obligado el abono de la cantidad solicitada por el reclamante.

En su consecuencia,

R E S U E L V O:

1. Estimar la reclamación de responsabilidad formulada por D. Jorge Molina Fumero, por los daños producidos en el vehículo TF-9559-AN. 2. Ordenar a la empresa Somavi Española, S.A. el abono a D. Jorge Molina Fumero de la cantidad de 242.279 pesetas a la que ascienden los daños originados como consecuencia del accidente de circulación ocurrido el día 7 de abril de 1993.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.”

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de mayo de 1996.- El Director General de Obras Públicas, Adolfo Hoyos-Limón Gil.

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