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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 78/95, incoado por esta Viceconsejería a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Examinado el expediente nº 78/95, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Viceconsejería de Administración Pública, incoado a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes,
I. ANTECEDENTES
1º) En las actas de infracción levantadas por funcionarios de la Inspección del Juego de fechas 2 y 16 de junio de 1995, en el establecimiento Bar Restaurante Casa Vieja, sito en La Matanza, Carretera General, nº 122, se denuncia que se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-12.955, que en el momento de la inspección carece del preceptivo Boletín de Instalación. Asimismo la citada máquina recreativa carece de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres del año 1995.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería para las Administraciones Públicas de fecha 6 de junio de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Dentro del plazo concedido al efecto, el inculpado formuló los correspondientes descargos, manifestando en síntesis que la empresa estaba a la espera de que el titular del establecimiento le entregara la escritura de la sociedad que él preside con el fin de tramitar el Boletín de Instalación, pero sin funcionamiento. Asimismo, la pegatina de abono del segundo plazo de la Tasa Fiscal sobre el Juego, de la que aporta fotocopia, iba a ser colocada en el aparato en el momento en que fuera a ser instalado el Boletín de Instalación y con ello el funcionamiento del juego con el fin de evitar el trayecto y consiguiente gasto, por lo que solicita el archivo del presente expediente sancionador.
4º) A la vista de los descargos formulados por el interesado, por el Instructor del expediente se procedió a dictar Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se sancione a D. Andrés Acosta Castañeda, titular de la empresa operadora nº 71, con multa de un millón veinte mil pesetas por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a los artículos 12 y 31.1.b) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que el Boletín de Instalación debidamente tramitado y cumplimentado, amparará la legalidad individualizada de la máquina correspondiente, en cuanto a su correcta ubicación en establecimiento autorizado para la instalación de máquinas de juego, del tipo que corresponda, debiendo figurar en todo momento en el local donde estuviere en explotación las máquinas recreativas, así como infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del citado Decreto, por el que todas las máquinas en que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporadas a las mismas y de forma visible desde el exterior, el justificante de pago de la Tasa Fiscal del Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.
5º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución, mediante carta con acuse de recibo en el domicilio del inculpado, no fue recibida, por lo que se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 130, de 9 de octubre de 1995; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), y 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90).
Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artº. 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, presentándose por el interesado los correspondientes descargos y alegaciones en tiempo y forma, y procediéndose a resolver el mismo de conformidad con lo establecido en el artº. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.- No fueron admisibles los descargos formulados por el interesado, toda vez que los mismos no desvirtúan los cargos imputados, ni su correspondiente calificación jurídica, por cuanto en el momento de la inspección la máquina recreativa TF-B-12.955, se encontraba en funcionamiento y carecía del preceptivo Boletín de Instalación para el establecimiento en que se encontraba instalada. Asimismo carecía, no los llevaba incorporados, de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres de 1995.
Quinta.- Contrastados los datos de la denuncia formulada por la Inspección del Juego con las alegaciones aportadas por la parte, no se aprecian en los fundamentos de éstas, hechos o circunstancias que modifiquen el contenido de la falta, habiendo quedado probado que en el citado establecimiento, en el momento de la inspección se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa TF-B-12.955, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación. Asimismo carecía, no los llevaba incorporados, de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres de 1995. Sexta.- Los hechos descritos supone infracción a los artículos 12, 30.1.d) y 31.1.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; tipificándose como falta muy grave, la carencia de la autorización administrativa en que consiste el Boletín de Instalación, y como infracción leve, la carencia en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego, a tenor de lo dispuesto en los artículos 39.6 y 41.3 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo; y sancionándose con una multa de un millón de pesetas por la infracción muy grave y otra de veinte mil pesetas por la infracción leve, que hacen un total de una sanción de un millón veinte mil pesetas, conforme a los artículos 42 del mismo texto reglamentario, y 22 de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Sancionar a D. Andrés Acosta Castañeda, como titular de la empresa operadora nº 71, con multa de un millón veinte mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Bar Restaurante Casa Vieja, sito en La Matanza, Carretera General La Matanza, nº 122, en el momento de la inspección, se encontraba instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-12.955, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación. Asimismo, la citada máquina recreativa carecía de los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer y segundo trimestres del año 1995.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, desde la publicación, previa la comunicación a esta Consejería, exigida en el artº. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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