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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 163/95, incoado por esta Viceconsejería a Comercial Juafa, S.L., titular de la empresa operadora nº 103, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 3 de octubre de 1995, fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Arepera El Roque, sito en Garachico, Avenida Tomé Cano, está instalada y en funcionamiento, en el momento de la inspección, la máquina recreativa del tipo B, TF-B-15.106, sin llevar incorporados los distintivos correspondientes al pago de la Tasa Fiscal del Juego del primer, segundo y tercer trimestres de 1995. Por otra parte, el Boletín de Instalación está completamente borrado, no pudiéndose comprobar todos sus datos.
2º) Mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 17 de octubre de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
3º) Intentada la notificación de lo anterior en el domicilio del inculpado, mediante carta con acuse de recibo, no fue recibida, por lo que se instó la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 27 de noviembre de 1995; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia, vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, y 89/1990, de 23 de mayo.
Segunda.- Que de conformidad con lo previsto en el artº. 5 de la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente. Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que todas las máquinas a que se refiere el presente Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporadas a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina, así como, infracción a lo dispuesto en los artículos 12 y 31.1.b) del citado Decreto, por el que el Boletín de Instalación, debidamente cumplimentado y diligenciado, deberá figurar en un lugar visible al público en el local donde se encuentre instalada la correspondiente máquina recreativa.
Quinta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 41.3 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse de leves, esto es la no colocación en la máquina recreativa del distintivo correspondiente al pago de la Tasa Fiscal del Juego, y no disponer el local donde se encuentre instalada la máquina del Boletín de Instalación visible en su totalidad, procediendo sancionar con multa de setenta y cinco mil pesetas por la primera de ellas, y de diez mil pesetas por la segunda, que hacen un total de una sanción de ochenta y cinco mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley.
En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de abril de 1996.- El Viceconsejero de Administración Pública, Ángel Marrero Alayón.
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