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BOC Nº 056. Miércoles 8 de Mayo de 1996 - 1190

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1190 - RESOLUCIÓN de 1 de abril de 1996, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica Resolución de este Centro Directivo recaída en el recurso ordinario interpuesto por La Bodega, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a La Bodega, S.L. la Resolución de 2 de febrero de 1996 (libro nº 1, folio 9, nº 5), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 2/95 (expediente nº 52/93), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de julio de 1993.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 1 de abril de 1996.- El Secretario General Técnico, p.s., el Viceconsejero de Turismo (Orden de 18.3.96; B.O.C. nº 36, de 22.3.96), Jaime Celso Rodríguez Cíe.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Hartmut Schuster, en representación de la entidad mercantil La Bodega, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Hartmut Schuster, en representación de la entidad mercantil La Bodega, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de julio de 1993, recaída en el expediente sancionador nº 52/93, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en ejercer actividades propias de las Agencias de Viajes sin tener la pertinente autorización de apertura de la Consejería de Turismo y Transportes, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando el sobreseimiento del expediente sancionador incoado, a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos: que no está de acuerdo con la calificación de los hechos recogidos en el Acta de Inspección de 15 de febrero, nº 12.802, dado que en ningún momento se ha tratado de ejercer actividades propias de Agencias de Viajes, sino que por el contrario, para la realización de las propias de su actividad como lo es el comercio, se han valido de agencias de viajes debidamente establecidas con la correspondiente autorización y de manera contractual, siendo por lo tanto rotundamente falsas las imputaciones efectuadas; que podría existir error en la manera de concretar los hechos y no haber considerado lo suficiente la documentación aportada en el escrito de alegaciones pues en él se aporta fotocopia de los contratos efectuados con las diferentes agencias de viajes con las que últimamente ha trabajado y, asimismo, se ratifica en el contenido del escrito de alegaciones anteriormente presentado; que la Constitución Española en su artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad, de seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el artículo 24 garantiza la tutela efectiva de los derechos, prohibiendo la indefensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95), por la que se le delega en el mismo la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materias de turismo y de transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 1 de julio de 1993, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 231/1987, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes en la Comunidad Autónoma de Canarias, según el cual “Cuando una agencia desee abrir establecimientos, deberá solicitar, para cada uno, la oportuna autorización ante la Consejería de Turismo y Transportes, acompañando los documentos exigidos en los apartados c) y d) del artículo seis”.

Teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la infracción sancionada consistente en ejercer actividades propias de las agencias de viajes sin tener la pertinente autorización de apertura de la Consejería de Turismo y Transportes, constan plenamente acreditados en el expediente sancionador tramitado al deducirse directamente del acta de inspección nº 12.802, levantada con fecha 15 de febrero de 1993, cuyo valor probatorio viene amparado por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto en relación con el artículo 5 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, sin que tales hechos hayan sido, en momento alguno, desvirtuados por la entidad recurrente, dado que, por un lado, no se aporta contrato alguno con la Agencia de Viajes del Rosal, y, por otro, consta en el expediente que en un momento determinado, 30 de abril de 1992, la citada agencia, percatada del uso indebido que la entidad expedientada estaba realizando de su inicial autorización para la utilización del GAT de la misma, conminó a dicha entidad para que no continuara con dicha actividad y retirara los folletos donde aparecía mencionada la indicada agencia, haciendo caso omiso de tal comunicación, reiterada el 12 de febrero de 1993 y continuando la entidad ahora recurrente, organizando diversas excursiones por la isla de Tenerife con salida y organización desde una oficina propia del establecimiento y anexa a La Bodega, realizando, por tanto, actividades turísticas propias de Agencias de Viajes careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para la apertura y desempeño de las mismas siendo tales hechos subsumibles en el artículo 9.b), en relación con el artículo 8.Ll) de la referida Ley 3/1986, de 8 de abril, en consecuencia, resulta procedente confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario promovido por D. Hartmut Schuster, en representación de la entidad mercantil La Bodega, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de julio de 1993, recaída en el expediente sancionador nº 52/93, que determinó la imposición de una sanción en cuantía de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.

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