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BOC Nº 054. Viernes 3 de Mayo de 1996 - 1145

VI. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1145 - RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

1) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 76, número 91.

Resolución de 12 de febrero de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/154 instruido a D. Javier Fernández Cobos, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Esquina Noruega.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Javier Fernández Cobos, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de mayo de 1995, como consecuencia del acta de inspección nº 5223, de 13 de marzo de 1995.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Que con fecha 13 de marzo de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en C.C. Matagorda (Urbanización Matagorda) en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5223 en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento carecía de Hojas de Reclamaciones, no anunciaba por medio de cartel su existencia y no acreditó haber comunicado a la Administración turística competente los precios que regían en la prestación de los servicios, entre otros cerveza en jarra a 200 pesetas, whisky corriente a 375 pesetas y el especial a 400 pesetas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº 95/154, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 11 de mayo de 1995, por “No haber comunicado a la Administración turística canaria los precios que rigen en la prestación de los servicios, tales como cerveza en jarra a 200 pesetas, whisky corriente a 375 pesetas y el especial a 400 pesetas, según consta en el acta de inspección nº 95/5223, de 13 de marzo de 1995. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio. No anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones”.

Quinta: que el expedientado no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Sexta: que con fecha 7 de septiembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 37.500 pesetas.

Séptima: que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución dentro del plazo establecido, que no obstante se tiene en consideración, en la que en síntesis alega que el 21 de marzo de 1995 presentó toda la documentación en la Consejería de Transferencia del Cabildo de Lanzarote, comunicándole éste el 2 de junio del mismo año la inscripción del bar. Así mismo afirma que el acta se realizó cinco días después de iniciar los trámites para obtener todas las autorizaciones administrativas acompañando documentación.

Octava: que con fecha 20 de noviembre de 1995 se solicitó informe a la Consejería de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre la fecha en la que se gestionó por parte del titular consignado la inscripción en el Registro de Bares, y fecha en la que se efectuó la referida inscripción en dicho organismo.

Novena: que con fecha 19 de diciembre de 1995 se recibió en esta Consejería el informe referido, en el que figura que el titular de la explotación es D. Francisco Javier Fernández Cobos, quien solicitó el cambio de titularidad el 24 de abril de 1995, el cual fue autorizado el 2 de mayo de 1995.

Décima: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Undécima: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Duodécima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 95/5223, de 13 de marzo de 1995, sin que las alegaciones vertidas por el expedientado desvirtúen los hechos infractores, pues las fechas indicadas por el titular consignado no se ajustan a la realidad, habida cuenta que según el contenido del informe referido, por aquel fue solicitado el cambio de titularidad el 24 de marzo de 1995, fecha posterior a la que tuvo lugar la visita de inspección y comprobó los hechos imputados. A mayor abundamiento, significar que consultado el organismo competente, el 8 de febrero de 1996, se comunicó que D. Ramón Reyes Quintana solicitó la inscripción en el Registro de Bares el 12 de abril de 1989, por lo que tampoco coincide con la fecha a la que se refiere el expedientado.

Decimotercera: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 2º y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19.6.70. Artículo 1º de la Orden de 13.11.86, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. Artículo 4º de la Orden de 13.11.86, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y f) en relación con el artículo 7º.d) y artículo 7º.a) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de treinta y siete mil quinientas (37.500) pesetas a D. Javier Fernández Cobos, con N.I.F. 23.780.376-D, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Esquina Noruega. 2) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 75, número 58.

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/257 instruido a Pequeña Habana, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Rincón Cubano.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Pequeña Habana, S.L., por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de julio de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Mateo Domínguez Rodríguez y del acta de inspección nº 5027, de 26 de enero de 1995.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

Que con fecha 26 de enero de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Fernando Guanarteme, 63, Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5027 en la que esencialmente se hace constar que no se pudo comprobar el contenido de la denuncia formulada por D. Mateo Domínguez Rodríguez, toda vez que el bar denominado Esquina Habana al que se refiere el denunciante, cerró sus puertas al público hacía un año.

No obstante lo anterior, se comprobó que el establecimiento denominado Bar Rincón Cubano se encontraba abierto al público en general y realizaba la actividad turística de bar careciendo del Libro de Inspección y las Hojas de Reclamaciones.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86). Segunda: que el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº 95/257, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 17 de julio de 1995, por “Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio. Carecer en el establecimiento del Libro de Inspección”.

Quinta: que la empresa expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos.

Sexta: que con fecha 21 de noviembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 25.000 pesetas.

Séptima: que la empresa expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 5027, de 26 de enero de 1995.

Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artículo 1º de la Orden de 13.11.86, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. Artículos 1º y 3º de la Orden de 31.10.70, con calificación de leve, en base al artículo 8º.f) en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de veinticinco mil (25.000) pesetas a Pequeña Habana, S.L., con C.I.F. B-35347871, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Rincón Cubano.

3) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 75, número 59.

Resolución de 30 de enero de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/258 instruido a Dña. Erundina Guisado Barcia, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Mesón Gallego.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Erundina Guisado Barcia, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 17 de julio de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Carlos Artola Mengod y del acta de inspección nº 5028, de 27 de enero de 1995.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 9 de enero de 1995 se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamación nº 024476 formulada por D. Carlos Artola Mengod, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que no existe correspondencia en la relación calidad-precio, detalla una serie de productos.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 27 de enero de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Gran Canaria, 33, en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5028 en la que esencialmente se hace constar que dicho establecimiento percibía precios superiores a los comunicados y sellados por la Administración turística canaria, entre otros vino Mateus Rosé, parrillada de pescado y chuleta de ternera, siendo los precios autorizados 1.400 pesetas, 4.100 pesetas y 1.500 pesetas, respectivamente, figurando en la carta a 1.600 pesetas, 4.200 pesetas y 1.800 pesetas, respectivamente. Así mismo, el precio del plato de jamón, que según el reclamante se lo cobraron a 1.800 pesetas, no constaba en la relación de precios comunicados a la Administración.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº 95/258, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 17 de julio de 1995, por “No haber comunicado como es preceptivo a la Administración turística canaria el precio del plato de jamón, así como en los productos vino Mateus Rosé, parrillada de pescado y chuleta de ternera percibir precios superiores a los comunicados a la Administración turística competente.

Quinta: que la expedientada no ha realizado contestación al Pliego de Cargos. Sexta: que con fecha 21 de noviembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 75.000 pesetas.

Séptima: que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Carlos Artola Mengod y al contenido del acta de inspección nº 5028, de 27 de enero de 1995.

Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17.3.65, modificado por la Orden Ministerial de 29.6.78, en su artículo 2º, con calificación de leve, en base al artículo 8º.d) y e) en relación con el artículo 7º.d), de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas a Dña. Erundina Guisado Barcia, con D.N.I. nº 76.890.597, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Mesón Gallego.

4) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 75, número 53.

Resolución de 26 de enero de 1996, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 95/341 instruido a D. Manuel Báez Cabrera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Casa Báez.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Manuel Báez Cabrera, por providencia del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de septiembre de 1995, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Miranda y del acta de inspección nº 5925, de 4 de agosto 1995. Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 19 de julio de 1995 se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Miranda, contra el Restaurante Casa Báez, en la que manifiesta una serie de perjuicios, entre otros, diferencia entre lo pagado y lo que se expresa en la lista de precios, negativa a facilitar la lista de precios, etc.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 4 de agosto de 1995 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Trasera Miguel Marrero, en Arguineguín, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 5925 en la que esencialmente se hace constar que en la factura expedida por el establecimiento, no figuran los distintos precios y cantidades servidas, si bien se acompaña la nota de pedido, pero en escritura ilegible.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera: que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92) y la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. nº 42, de 11.4.86).

Segunda: que el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística es el competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95).

Tercera: que se ordenó la incoación de expediente sancionador, que lleva el nº 95/341, previo nombramiento de Instructor y Secretario.

Cuarta: que por el Instructor del expediente se formuló Pliego de Cargos, con fecha 5 de septiembre de 1995, por “No indicar en la factura, la categoría otorgada al establecimiento de referencia, así como los distintos precios y cantidades servidas a su cliente D. Francisco Javier Rodríguez Miranda”.

Quinta: que el expedientado ha realizado contestación al Pliego de Cargos, en la que en síntesis alega que los hechos denunciados son falsos y que los hechos que se redactan en el expediente los cataloga como faltas formales que no dañan ni vulneran los derechos del consumidor.

Sexta: que con fecha 17 de noviembre de 1995, se formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas.

Séptima: que el expedientado ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que reproduce literalmente su escrito de descargo.

Octava: que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Novena: que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Décima: que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base a la denuncia formulada por D. Francisco Javier Rodríguez Miranda y al contenido del acta de inspección nº 5925, de 4 de agosto de 1995, sin que las alegaciones vertidas por el expedientado desvirtúen el hecho infractor, si bien a la hora de considerar la Propuesta de Resolución ha de tenerse en cuenta la circunstancia de carecer de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expediente sancionador al titular, sobre el que haya recaído resolución firme.

Undécima: que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a los artículos 11 y 15.2 de la Orden Ministerial de 17.3.65, con calificación de leve, en base al artículo 7º.a) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C. de 11 de abril de 1986).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de diez mil (10.000) pesetas a D. Manuel Báez Cabrera, con D.N.I. nº 42.667.130, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Casa Báez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de marzo de 1996.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

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