En cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 343/1995, de 21 de diciembre, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por infracción a la vigente normativa sobre el juego, en relación con el artículo 26 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, se da publicidad al primero al haber adquirido firmeza la sanción impuesta:
Decreto 343/1995, de 21 de diciembre, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Examinados los expedientes números 120/95 y 141/95 tramitados por la instrucción de expedientes sancionadores de la Viceconsejería de Administración Pública, incoados a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), por infracción a la vigente normativa sobre el juego.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 20 de julio de 1995 fue levantada acta de infracción por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, dando cuenta de que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), con CIF G-47337118 y con domicilio en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Pi y Margall, 32, bajo, organiza la venta de boletos, denominados Boleto del Discapacitado, al precio de cien pesetas por unidad, en forma diaria, de lunes a viernes, ofreciéndose premios que oscilan entre dos millones quinientas mil pesetas y cien pesetas, según boleto que se acompaña a la referida acta, careciendo de la preceptiva autorización administrativa, haciéndose constar, asimismo, que con fecha 5 de julio de 1995, fue dictada Orden por el Sr. Consejero de Presidencia y Turismo, por la que se denegó expresamente a dicha asociación la venta de boletos en la Comunidad Autónoma de Canarias, en respuesta a la solicitud formulada por su Presidente, D. Dionisio González Otero, provisto del D.N.I. nº 4.139.149.
2º) Con anterioridad a la referida acta, y con fecha 12 de julio de 1995, fue recibida en el Registro de la Consejería de Presidencia y Turismo comunicación de la Dirección General de la Policía, por la que se participaba que el pasado día 7 de julio se instruyeron diligencias en la Jefatura Provincial de la Policía (Brigada Provincial de la Policía Judicial), en Las Palmas de Gran Canaria, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción nº 7, a cuya disposición pasó el detenido, D. Dionisio González Otero, siendo el motivo de la detención el que como Presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), se encontraba organizando en esta capital la venta de boletos similares a los de la ONCE, los cuales se consideraron ilegales por lo que le fueron incautados y remitidos a la Autoridad Judicial. Con fecha 19 de julio de 1995 fueron a su vez remitidas por la misma Dirección General de la Policía actas de incautación de cantidades de dinero intervenidas a vendedores de dicha organización.
3º) El 26 de julio de 1995 tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales escrito de D. Gabriel Lizoaín Bidondo, en su calidad de Delegado Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, denunciando, en síntesis, los hechos anteriormente descritos.
4º) Con fecha 21 de agosto de 1995 fue levantada Acta por el Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas, poniendo en conocimiento de la Viceconsejería de Administración Pública que la Organización Impulsora de Discapacitados, con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida Buenos Aires, 52, bajo, organiza la venta de boletos, denominados Boleto del Discapacitado, al precio de cien pesetas por unidad, diariamente, de lunes a viernes, ofreciéndose premios que oscilan entre dos millones quinientas mil pesetas y cien pesetas, según boleto que se acompaña a la referida acta, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
5º) Mediante Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública de 16 de agosto de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador nº 120/95, en las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria, a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado. 6º) El 22 de agosto de 1995 fue dictada Resolución por el Viceconsejero de Administración Pública, por la que se acordó que por los Inspectores del Juego de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales se girara visita al inmueble situado en la calle Pi y Margall, 32, bajo, Las Palmas de Gran Canaria, sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), a los efectos de que, como medida cautelar a resultas de la Resolución que en su día se adoptara, se levantaran las correspondientes Actas de precinto e incautación del material utilizado para la venta de boletos clandestinos, Resolución esta a la que se dio cumplimiento el día 30 siguiente, según Acta que obra en el expediente.
7º) Mediante Providencia de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 23 de agosto de 1995, se ordenó la incoación de expediente sancionador nº 141/95, en las oficinas de Santa Cruz de Tenerife, a igual entidad, por infracción a la vigente normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el correspondiente Pliego de Cargos al interesado.
8º) El 31 de agosto de 1995 tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales Auto del Juzgado de Instrucción nº 5, de Santa Cruz de Tenerife, por el que al no ser constitutivas de infracción penal, se archivaron las Diligencias Previas 1358-95, seguidas a instancias de denuncia de la Organización Nacional de Ciegos Españoles contra la Organización Impulsora de Discapacitados, por un presunto fraude a través de la comercialización de boletos, reservando a la denunciante las acciones legales oportunas en la vía administrativa correspondiente.
9º) En esa misma fecha fue dictada Resolución por la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se acordó que por los Inspectores del Juego se girara visita al inmueble situado en la Avenida de Buenos Aires, 52, bajo, Santa Cruz de Tenerife, sede de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), a los efectos de que, como medida cautelar, a resultas de la Resolución que en su día se adoptara, se levantaran las correspondientes Actas de precinto e incautación del material utilizado para la venta de boletos clandestinos de referencia.
10º) Habiéndose dado traslado de la anterior al Servicio de Inspección del Juego y las Apuestas a los efectos oportunos, el 1 de septiembre de 1995 fue levantada Acta en la que se especificó que la compareciente en el acto, Dña. María Victoria Salas, representante de la Organización en Tenerife, según sus propias manifestaciones, se negó a que los funcionarios actuantes procedieran a cumplir su cometido, por lo que en fechas posteriores se solicitó en el Juzgado correspondiente, autorización judicial de entrada, que fue concedida en virtud de Auto de 8 de septiembre de 1995, tras lo cual, y con el auxilio policial que previamente se había demandado, se procedió al levantamiento del Acta correspondiente de precinto e incautación de diversos boletos.
11º) Notificadas las Providencias de incoación de los expedientes sancionadores números 120/95 y 141/95, por la inculpada, no se presentaron alegaciones en el plazo concedido al efecto, realizándolas con posterioridad, el 8 y el 15 de septiembre de 1995, manifestando, en síntesis, que la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) es una institución sin ánimo de lucro y con un marcado carácter benéfico que, en el desarrollo de su actividad en todo el territorio del Estado, tiene como uno de sus fines el de promover las actividades económicas que posibiliten empleo al mayor número de personas con minusvalía; que al carecer dicha Organización de otros medios con los que cumplir dicho fin, decidió elaborar unas bases para la instauración de un sorteo a nivel nacional denominado Boleto del Discapacitado; que a tal fin la OID, legalmente constituida e inscrita en el Registro General de Asociaciones del Ministerio del Interior, con fecha 15 de marzo de 1994, solicitó del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado que le fuera concedida autorización para la celebración diaria de un sorteo con premios en metálico, teniendo entre sus funciones dicho Organismo la de organizar y gestionar las loterías, apuestas y juegos que sean competencia del Estado y la de autorizar sorteos, loterías y rifas cuyo ámbito se extienda a todo el territorio nacional; que el sorteo organizado por la OID tiene una implantación nacional y, por tanto, la competencia en este caso la tiene atribuida la Administración Central, solicitando, en virtud de lo anterior, se dicte Resolución decretando el sobreseimiento y archivo del expediente.
12º) En distintas fechas (7, 18 y 29 de agosto, y 1 y 11 de septiembre de 1995) fueron presentadas en el Registro de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales Diligencias de la Jefatura de la Policía Local de Telde y de la Dirección General de la Policía, por las que se ponía en conocimiento la venta de boletos por la OID y se procedía a la intervención de los mismos a vendedores callejeros.
13º) El 14 de septiembre de 1995, por la Jefatura de Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Juego, de la Viceconsejería de Administración Pública, se acordó la acumulación de los citados expedientes sancionadores, números 120/95 y 141/95, incoados a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), en ejercicio de la facultad que reconoce el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al existir igualdad sustancial e íntima conexión entre los objetos de uno y otro, por tratarse de la misma conducta punible de la que es responsable la misma entidad, procediéndose al nombramiento de nuevo Instructor.
14º) Con fecha 27 de septiembre de 1995 fue formulada por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, por la que se propuso que, por el Gobierno de Canarias, se impusiera a la inculpada, por la comisión de una infracción muy grave, la sanción principal de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas de multa, y las adicionales de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración, de clausura de los locales donde tiene lugar la gestión del juego y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción. 15º) Notificada la anterior por la inculpada no se presentaron alegaciones en el plazo concedido al efecto.
16º) Con fechas 29 de septiembre, y 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 23 y 26 de octubre, y 2 de noviembre de 1995 fueron remitidas a la Viceconsejería de Administración Pública, Actas de Aprehensión de boletos clandestinos por la Dirección General de la Guardia Civil, puesto de Arucas, y por las Jefaturas de la Policía Local de Telde, Firgas, Las Palmas de Gran Canaria, San Mateo, Puerto de la Cruz, Agüimes y Mogán.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en el Real Decreto 1.116/1985, de 5 de junio, de Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de casinos, juegos y apuestas (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), en el Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), y en la Orden de 18 de agosto de 1995, de desarrollo de las competencias de los órganos creados por el Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 109, de 21.8.95).
Segunda: en la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artículo 7 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre).
Tercera: dispone el artículo 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), que queda prohibida la práctica de todos los juegos que ... aún estando permitidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley.
Cuarta: de conformidad con el artículo 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias (B.O.C. nº 42, de 11.4.86), el juego mediante boletos es una variante de la lotería presorteada en la que, mediante la adquisición de boletos autorizados en establecimientos públicos y privados, a cambio de un precio cierto, puede obtenerse, en su caso, el premio en metálico indicado en el propio boleto.
Quinta: por su parte los artículos 4 del Decreto 57/1986, antes mencionado, 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86), y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se regula el juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86), coinciden al determinar que, salvo en el caso de que el Gobierno de Canarias se reserve la gestión directa del juego mediante boletos, la autorización de explotación del mismo se efectuará mediante concurso público.
Sexta: las alegaciones del interesado no desvirtúan los hechos imputados ni su correspondiente calificación jurídica por cuanto, y sin entrar en consideraciones sobre cuestiones competenciales, carece de la preceptiva autorización administrativa para la práctica del juego cuya organización reconoce.
Séptima: analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/1985, en el artículo 16 del Decreto 56/1986, en el artículo 4 del Decreto 57/1986, y en los artículos 2 y 7 del Decreto 138/1986.
Octava: de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2.1.a) de la Ley 6/1985, en relación con el artículo 25.2.a) del citado Reglamento del Juego mediante Boletos, la infracción debe calificarse de muy grave.
Novena: en consideración a la malicia del infractor, a su voluntad de persistir en la comisión de los actos ilegales y al importe de los beneficios ilícitos obtenidos, procede imponer por el Gobierno de Canarias la sanción en su grado medio de multa de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artículo 25.5 del mismo texto reglamentario, en relación con los artículos 22 y 24 de la referida Ley, y las sanciones adicionales previstas en el apartado cuarto del citado artículo 22 de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración, de clausura de los locales donde tiene lugar la gestión del juego y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
Décima: una vez la sanción impuesta adquiera firmeza, la autoridad competente dará publicidad a este expediente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 6/1985, citada.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 21 de diciembre de 1995,
D I S P O N G O:
Sancionar a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) con multa de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas, por la celebración y organización de un juego mediante boletos carente de la preceptiva autorización administrativa, y con las sanciones adicionales de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración, de clausura de los locales donde tiene lugar la gestión del juego y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
Dicha multa deberá hacerse efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Este acto deberá ser notificado a D. Dionisio González Otero, provisto del D.N.I. nº 4.139.149, en su calidad de Presidente de la referida Organización, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle Manuel González Martín, 22, bajo, Las Palmas de Gran Canaria.
Una vez la sanción impuesta adquiera firmeza, por la autoridad competente se dará publicidad a la misma, mediante la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra este Decreto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su notificación, previa la comunicación exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Dado en Santa Cruz de Tenerife, a doce de enero de mil novecientos noventa y seis.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de abril de 1996.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Carmen María Barreto Hernández.
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