Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Orden Departamental en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Ten Bel, S.A. la Resolución de 13 de diciembre de 1995 (libro nº 1, folio 1, nº 10), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 118/94 (expediente nº 199/93), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de febrero de 1994.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 1996.- El Secretario General Técnico, p.s. (Orden de 18 de marzo de 1996; B.O.C. nº 36, de 22.3.96), Jaime Celso Rodríguez Cíe.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. Margarita Algora Weber, en representación de Ten Bel, S.A.
Visto el recurso ordinario formulado por Dña. Margarita Algora Weber, en representación de Ten Bel, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Apartamentos Ten Bel (Primavera), contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de febrero de 1994, recaída en el expediente sancionador nº 199/93, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en: no prestar a los clientes de la Agencia de Viajes Barceló el servicio de limpieza durante todos los días de la semana exigidos por la normativa vigente, al tener concertado dicho servicio únicamente por dos días a la semana con la mencionada Agencia, hecho que determinó la imposición de sanción en cuantía de veinte mil (20.000) pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando se dicte Resolución en la que, alternativamente, se declare la caducidad del procedimiento con archivo de las actuaciones o, en su caso, la improcedencia de la sanción por no haberse acreditado la correspondiente infracción a cuyos efectos se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos: el artículo 10 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, dispone que una vez iniciado el expediente sancionador, si el mismo se paraliza por un plazo superior a tres meses entre dos actuaciones por causas no imputables al administrado, se producirá la caducidad del mismo, y examinadas las actuaciones administrativas se constata: - que el Pliego de Cargos fue formulado, registrado de salida y notificado, respectivamente, los días 23 de junio y 12 y 20 de julio de 1993; - que asimismo la Propuesta de Resolución fue formulada, registrada y notificada los días 2, 3 y 9 del mes de noviembre; - que entre ambas actuaciones la oficina sancionadora no ha impulsado el procedimiento de que se trate dictando acto alguno del que haya tenido conocimiento formal la empresa sancionada; que de lo expuesto se concluye que el Pliego de Descargos formulado por esta parte fue presentado extemporáneamente por lo que dicho escrito era inadmisible por falta del requisito formal que exige su presentación en plazo hábil; que cualquiera que sea el criterio que se siga para establecer el inicio y el fin del plazo trimestral de la caducidad del procedimiento, es evidente que ésta se ha producido, lo que implica, obviamente, la imposibilidad de su continuación y el archivo de las actuaciones al devenir éstas nulas y sin efecto alguno. De otra parte, vista la fecha de la comisión de la pretendida infracción 24 de mayo de 1993, es obvia, también, la imposibilidad de reabrir un nuevo procedimiento sancionador por prescripción de la acción de la Administración para exigir responsabilidades por infracciones de carácter leve, como lo es la impugnada, ya que transcurrido con notable exceso el plazo de dos meses exigido por el apartado c) del artículo 10 para que opere el instituto de la prescripción; entrando en el fondo del asunto (pese a desconocerse el contenido del acta de la Inspección pues no figura entre las actuaciones de las que se ha dado traslado a la empresa expedientada, defecto formal determinante de indefensión y, por ende, de anulabilidad, conforme el artículo 48.2 de la Ley Procesal), se reiteran las razones aducidas en el Pliego de Descargos añadiéndose que la pretendida infracción del artículo 34.d) del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, no ha tenido lugar, y, en cualquier caso, no ha sido debidamente acreditada pues del contrato suscrito por Ten Bel, S.A. con la Agencia de Viajes Barceló no puede inferirse la falta diaria de limpieza de los apartamentos pues aunque en el citado contrato la empresa asumió, frente a su cliente, exclusivamente la obligación de limpiar las unidades de alojamiento cinco días semanales, en previsión de que un esporádico fallo del personal de limpieza diera lugar a reclamaciones de sus ocupantes, ello no quiere decir que en la realidad de los hechos no se haya procedido a la limpieza diaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Viceconsejera de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, en relación con los artículos 11 y 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y siguientes de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en relación a la caducidad del procedimiento no pueden ser admitidas porque si bien es cierto que en el artículo 10 de la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística, se establece que una vez iniciado el expediente sancionador, si el mismo se paralizara por un plazo superior a tres meses entre dos actuaciones por causas no imputables al administrado, se producirá la caducidad del mismo, sin embargo, es evidente que no concurre causa determinante de la caducidad que se pretende, ya que como expresamente se recoge en el citado precepto, la caducidad tan solo puede operar desplegando sus efectos cuando se ha iniciado el expediente y se produce alguna paralización del mismo por causa imputable a la propia Administración, superior a los tres meses, y dado que el Pliego de Cargos fue formulado por el Instructor con fecha 23 de junio de 1993 (notificado el 20 de julio de 1993, habiéndose presentado por la entidad expedientada escrito de contestación a dicho Pliego con fecha 5 de agosto de 1993, que aunque extemporáneo por causa imputable al administrado que no a la Administración sancionadora, fue tenido en cuenta lo alegado en el mismo a la hora de formularse la Propuesta de Resolución con fecha 2 de noviembre de 1993, no existiendo, en consecuencia, durante la tramitación del expediente paralización alguna superior a los tres meses, al tener que considerarse como actuación intermedia entre los actos dictados por la Administración actuante el Pliego de Descargos presentado por la entidad sancionada.
Quinto.- Los hechos constitutivos de la supuesta infracción consistente en no prestar a los clientes de la Agencia de Viajes Barceló el servicio de limpieza durante todos los días de la semana exigido por la normativa vigente, al tener concertado dicho servicio únicamente por dos días a la semana con la mencionada Agencia, constan plenamente acreditados en el expediente sancionador tramitado al deducirse los mismos directamente de las Actas números 14.506 y 14.507, levantadas con fecha 24 de mayo de 1993, cuya valor probatorio viene amparado por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto en relación con el artículo 5 de la ya mencionada Ley Territorial 3/1986, habiendo sido entregados por el Inspector actuante duplicados de tales actas a D. Philippe Bogaerts, en calidad de Director del establecimiento turístico de Hotel-Apartamentos Primavera, figurando en las mismas como compareciente y firmante, no dándose por tanto la indefensión causante de anulabilidad alegada por la entidad recurrente. Consta en la acta nº 14.507, como información dada por el Director del indicado establecimiento que la Agencia de Viajes Barceló, agencia por medio de la cual viajó el cliente, tiene concertado con el establecimiento 2 días de limpieza semanales, constando, asimismo, entre la documentación obrante en el expediente una relación de agencia de viajes donde figura una oferta en la que la Agencia de Viajes Barceló y el Hotel Apartamentos Ten Bel (Primavera) tienen concertado dos días de limpieza a la semana, sin que tales hechos, por otro lado confirmados por el acta nº 14.566, levantada posteriormente por el Servicio de Inspección con fecha 18 de junio de 1993, hayan sido desvirtuados mediante prueba en contrario alguna aportada por la entidad inculpada, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 34.d) del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros y en el anexo I del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, siendo subsumibles en el artículo 7.c) de la Ley 3/1986, de 8 de abril, que tipificadas como infracción de carácter leve las deficiencias leves en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres, habiéndose impuesto sanción en cuantía acorde con tal calificación y de conformidad con los criterios de graduación que se contienen en el artículo 13 de la citada Ley Territorial, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.
Sexto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario promovido por Dña. Margarita Algora Weber, en representación de Ten Bel, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Apartamentos Ten Bel (Primavera) y confirmar la Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de febrero de 1994, recaída en el expediente sancionador nº 199/93, que determinó la imposición de una sanción en cuantía de veinte mil (20.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Viceconsejera de Turismo, María Dolores Rodríguez Mejías.
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