Estás en:
Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Joltesa Renta Autos, S.L. la Resolución de 25 de octubre de 1995 (libro nº 1, folio 2, número 31), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 244/95 (expediente nº GC-2479-I-94), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 5 de marzo de 1995.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 1996.- El Secretario General Técnico, p.s. (Orden de 18 de marzo de 1996; B.O.C. nº 36, de 22.3.96), Jaime Celso Rodríguez Cíe. A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por Joltesa Renta Autos, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por Joltesa Renta Autos, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 5 de marzo de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-2479-I-94, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo GC-1305-BD de autorización de transportes de alquiler sin conductor, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que en el local de la empresa antes de iniciar la actividad de alquiler sin conductor se venía ejerciendo la de cambio de divisas y que tres meses antes de comprar los vehículos se presentó ante el Ayuntamiento la documentación para obtener la pertinente licencia y que si no se ha obtenido la misma es debido a la burocracia existente, no imputable a la entidad que no puede tener paralizado un negocio hasta que se le entreguen los permisos y que en la actualidad el vehículo cuenta con autorización provisional, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materias de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materias de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Conforme establece el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para la interposición del recurso ordinario será un mes. Habiéndose notificado la Resolución recurrida el día 11 de abril de 1995, según consta en acuse de recibo unido al expediente y presentado el escrito de recurso con fecha 12 de mayo de 1995 (Registro de Entrada nº 2.152), resulta el carácter extemporáneo del mismo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Transportes de 5 de marzo de 1995, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículos 174 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley y el artículo 3 del Decreto 7/1990, de 9 de enero, regulador de la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Declarar la inadmisión del recurso ordinario promovido por Joltesa Renta Autos, S.L. por interposición fuera de plazo, deviniendo firme e inimpugnable la Resolución de la Dirección General de Transportes, de 5 de marzo de 1995, recaída en el expediente sancionador nº GC-2479-I-94, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Jaime Celso Rodríguez Cíe.
© Gobierno de Canarias