El Plan Energético de Canarias (PECAN-89), aprobado por el Parlamento de esta Comunidad Autónoma en sesión de 31 de enero de 1990, estableció entre sus objetivos el fomento de la utilización de las energías renovables, con objeto de contribuir al desarrollo mediante el aprovechamiento del potencial energético endógeno.
El elevado potencial existente en Canarias, la maduración de las tecnologías para su aprovechamiento y el decidido apoyo institucional han hecho posible que la energía eólica haya tenido una amplia implantación en el Archipiélago Canario, incrementándose en gran medida la potencia eólica instalada en dicho ámbito territorial, desde el momento de la redacción del PECAN-89 hasta la fecha actual.
Los positivos resultados técnicos y económicos de las instalaciones en funcionamiento han propiciado el interés de diversos promotores, y la subsiguiente proliferación de solicitudes de autorización de nuevos parques que totalizarían potencias incluso superiores a las admisibles en los distintos sistemas insulares.
De otro lado, la experiencia adquirida en este tipo de instalaciones conectadas a sistemas insulares, ha puesto de manifiesto los problemas que podría provocar una excesiva penetración de la energía eólica en la red eléctrica, así como la insuficiencia, en estos aspectos, de las limitaciones técnicas contempladas en la normativa reguladora de dichas instalaciones, y que aparecen recogidas en diversos preceptos de la legislación estatal, cuestión ésta de gran trascendencia en la agilidad de nuestros sistemas insulares, cuya optimización requiere determinadas prevenciones en relación con la amplitud y calidad de las instalaciones eólicas.
Por tanto, se hace necesario dictar una normativa que ordene y planifique el desarrollo de esta energía vertida en las redes eléctricas insulares, asegurando, de esta forma, la calidad y regularidad en el suministro de esta energía, sin que ello deba entenderse como un freno al desarrollo de dicho tipo de energía en Canarias, que debe seguir siendo un objetivo prioritario de nuestra política energética. En tal sentido, se ha procurado ponderar en su justa medida las limitaciones técnicas reales de los sistemas eléctricos convencionales existentes, buscando la maximización del aprovechamiento de los recursos eólicos disponibles y favoreciendo con ello la sustitución de los combustibles convencionales y la reducción definitiva de los principales contaminantes atmosféricos emitidos por las plantas convencionales, en el marco de la política medioambiental a nivel internacional, proponiéndose niveles de penetración de la energía eólica muy superiores a los niveles medios europeos e incluso mundiales, pero posibles tanto por las previsiones técnicas de esta norma, como por las garantías que se desprenden de los estudios que sustentan los parámetros adoptados.
La Orden se ha dictado en consonancia con la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y el Real Decreto 2.366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables.
Asimismo, para el desarrollo de la presente normativa se han tenido en cuenta los datos aportados por los diversos estudios llevados a cabo por la Consejería de Industria y Comercio relativos a la energía eólica, entre ellos el Mapa Eólico de Canarias, los diversos estudios de estabilidad de las redes eléctricas insulares ante la implantación de nuevos parques eólicos efectuados y los relativos a la localización y demarcación de emplazamientos eólicos en Canarias.
La Orden, por tanto, establece en su apartado III la potencia eólica total que puede ser conectada en cada red eléctrica insular, fijando, al mismo tiempo, la potencia máxima conectable en cada subestación del sistema eléctrico canario. Por otro lado, en el apartado IV, se establecen las normas técnicas de interconexión aplicables a las centrales eólicas conectadas a las redes eléctricas. Asimismo, la complejidad de los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la ejecución de una central eólica, hace necesario sistematizar el procedimiento de autorización de las mismas, con objeto de mejorar la eficacia y celeridad del proceso, lo que se recoge en el apartado V de la presente Orden. El apartado VI, por último, regula los aspectos relativos a la puesta en marcha de este tipo de centrales.
La normativa autonómica, por último, respeta las competencias del Estado respecto a la legislación básica del régimen energético y minero, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de Canarias en dicho régimen, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.8 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, competencias de desarrollo legislativo y de ejecución.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas,
D I S P O N G O:
I. DEFINICIONES
Artículo 1.- A efectos de la presente Orden se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
- Potencia nominal (Pnom): potencia característica de cada máquina o aerogenerador, que se corresponde con la potencia que es capaz de generar en condiciones estándar.
- Potencia instalada (Pins): suma de las potencias nominales del conjunto de aerogeneradores que constituyen el parque o central eólica.
- Potencia conectable (Pcon): potencia simultánea que la instalación realmente entrega a la red en cada instante, tal que Pcon= - Sistemas eléctricos: en Canarias los sistemas eléctricos son los siguientes: Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Lanzarote-Fuerteventura. - Periodos horarios: son los periodos de valle, punta y llano en los que se distribuyen las horas del día, de acuerdo con lo especificado en la normativa de tarifas eléctricas y de instalaciones en régimen especial. - Parque o Central eólica: instalaciones de producción energética abastecidas por la energía contenida en el viento y constituidas por un aerogenerador o una agrupación de éstos. - Modalidad de explotación de las centrales eólicas: podrá ser alguna de las siguientes:
- Centrales eólicas aisladas: aquellas que no tengan conexión alguna con las redes de las empresas eléctricas.
- Centrales eólicas asistidas: aquellas que tienen sus grupos generadores conectados en paralelo con la red de la empresa eléctrica, pudiendo recibir de ella cierta cantidad de energía eléctrica, y siendo la energía generada mayoritariamente para su autoconsumo. - Centrales eólicas interconectadas: aquellas que tengan sus grupos normalmente trabajando en paralelo con la red de la empresa eléctrica y vuelcan a la misma toda la energía generada. II. ÁMBITO DE APLICACIÓN Artículo 2.- La presente Orden será de aplicación a todas las centrales eólicas de generación eléctrica, conectadas a cualquiera de las redes eléctricas públicas situadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. III. POTENCIA MÁXIMA DE ORIGEN EÓLICO
A CONECTAR A LAS REDES ELÉCTRICAS
DE CANARIAS
Artículo 3.- Como principio general, la potencia eléctrica eólica máxima conectable en cada red eléctrica insular no podrá sobrepasar los valores siguientes:
Gran Canaria 112,8 96,5 80,0
Tenerife 97,5 76,3 55,0
El Hierro 0,4 0,4 0,3
La Palma 3,7 2,8 1,9
La Gomera 0,9 0,7 0,5
Lanzarote-Fuerteventura 17,8 12,7 7,6 Ud: Megavatios
Las instalaciones que utilicen la energía generada para su autoconsumo, pudiendo ocasionalmente verter sus excedentes a la red, no están sujetas a lo establecido en la tabla anterior, salvo que previsiblemente existan periodos horarios en que su balance instantáneo de potencia signifique verter a la red eléctrica más del cincuenta por ciento de la energía generada por la misma. Artículo 4.- La potencia eléctrica eólica máxima conectable a cualquier subestación perteneciente a alguno de los sistemas eléctricos de Canarias, no podrá sobrepasar el 65 por ciento de la potencia de transformación instalada en dicha subestación, respetando en todo caso el límite global del sistema, establecido en el artículo anterior. Artículo 5.- La Consejería de Industria y Comercio actualizará anualmente los valores límites de potencia eléctrica máxima de origen eólico a que se hace referencia en el artículo 3 de esta Orden, atendiendo a criterios de crecimiento de los sistemas eléctricos, en función del desarrollo tecnológico alcanzado o bien en base a los resultados que puedan arrojar los estudios que se lleven a cabo sobre la penetración máxima de la energía eólica en los sistemas insulares. IV. NORMAS TÉCNICAS Artículo 6.- Con el fin de definir el punto de conexión más adecuado de las centrales eólicas, se establecen las tensiones de interconexión (Vc) siguientes, según la potencia instalada (Pins) de la central: Pins =< 6 Megavatios; Vc =< 30 Kilovoltios
Pins > 6 Megavatios; Vc = 66 Kilovoltios Las centrales de potencia menor o igual a 6 Megavatios podrán conectarse a la tensión de 66 kilovoltios siempre que las condiciones técnicas lo permitan y que exista acuerdo entre la empresa distribuidora y el promotor. Artículo 7.- Las protecciones eléctricas de las centrales eólicas permitirán eliminar los defectos que se produzcan con origen en la misma, o en la instalación de interconexión a la red eléctrica. Dichas protecciones se clasifican en tres niveles según el grado de selectividad. a) Nivel I: protecciones afectas a los generadores, de manera individual o grupos de ellos que no superen los 2 megavatios de potencia total, e incluyendo las estaciones transformadoras. b) Nivel II: protecciones afectas a la central eólica en su conjunto, de carácter global. Estarán ubicadas en el centro de maniobra y control de la central. c) Nivel III: protecciones en el punto de interconexión, cuando éste se ubique en estación transformadora o subestación de la empresa distribuidora. Las protecciones instaladas estarán coordinadas y serán selectivas entre sí, tal que cuando se detecte una perturbación eléctrica, actúe la protección local (Nivel I) adecuada para aislar la fuente de la misma, sin alterar el normal funcionamiento del resto de la central; para las perturbaciones que afecten al conjunto de la central eólica actuarán las protecciones del Nivel II. Ambos niveles de protección estarán bajo la responsabilidad del autogenerador. Las protecciones de Nivel III actuarán bajo la responsabilidad de la empresa eléctrica, y su regulación se realizará conforme a criterios de selectividad y coordinación con las de las subestaciones y centros de producción convencionales, debiendo existir enclavamiento eléctrico entre los interruptores correspondientes a los Niveles II y III, cuando de la distancia entre ambos resulte un alto factor capacitivo de la línea de interconexión. La empresa eléctrica, mediante informe motivado, podrá solicitar de la Dirección General de Industria y Energía adoptar un umbral de regulación de las protecciones distinto al normalizado a nivel nacional, si concurren circunstancias suficientes, y atendiendo a la dimensión del sistema y a la capacidad de respuesta de los grupos convencionales. Tal petición deberá venir refrendada por el titular de la central eólica afectada. A la Dirección General de Industria y Energía le corresponderá, en cualquier caso, resolver sobre cualquier discrepancia respecto a los límites de actuación de las protecciones establecidas.
Artículo 8.- Con carácter general, será requisito imprescindible para la aprobación de los proyectos de centrales eólicas de potencia igual o superior a 5 megavatios la aportación por parte del promotor de un estudio de estabilidad que, entre otras consideraciones: a) Analice y caracterice los parámetros del sistema eléctrico estudiado. b) Simule los supuestos relacionados con las situaciones críticas que sean previsibles durante su explotación, como por ejemplo: el cut-off, sobretensiones de origen externo e interno, subfrecuencias y sobrefrecuencias motivadas por fallos de los grupos convencionales, comportamiento ante el funcionamiento con mínimo estable de dichos grupos, y en general cualquier otro supuesto cuyo estudio contribuya a reducir al mínimo las incidencias de la central eólica en el sistema eléctrico y viceversa. Dicho estudio deberá concluir con propuestas sobre el grado máximo de penetración eólica en la red, para los intervalos horarios de punta, llano y valle, así como los umbrales mínimo y máximo de actuación de las protecciones en los Niveles I, II y III según lo indicado en el artículo anterior. La obligación de presentar el estudio de estabilidad podrá ser extensiva, a criterio de la Dirección General de Industria y Energía, a aquellos parques de potencias menores a la indicada, en el caso de los sistemas eléctricos más débiles, como los de Lanzarote-Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro. Los datos técnicos de partida que sean necesarios para estos estudios, y concretamente los que se refieran a la red eléctrica pública, serán aportados obligatoriamente por la compañía eléctrica en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que le sean solicitados por el promotor del proyecto. Artículo 9.- El factor de potencia de la instalación en régimen permanente, medido en el punto de conexión, será lo más próximo a 1 y, en ningún caso, inferior a 0,95 inductivo, adoptándose para ello las medidas de compensación que sean necesarias. Se prohíbe expresamente la aportación de energía capacitiva a la red pública. En caso de incumplimiento se regirá por lo establecido en la normativa al respecto. Artículo 10.- La central eólica dispondrá de los correspondientes planes de mantenimiento preventivo y de gestión de stocks acordes con su política de explotación, tal que quede garantizada, hasta un nivel aceptable, la disponibilidad de la central. Dichos planes, así como cualquier modificación que pudiera producirse en los mismos, deberán ser remitidos a la Dirección General de Industria y Energía, para su aprobación y a efectos de controlar su cumplimiento. Asimismo, será obligatorio que el mantenimiento esté bajo la responsabilidad de una empresa de reconocida solvencia en la realización de dicha actividad o del titular si acredita disponer de los medios mínimos necesarios. Artículo 11.- Las condiciones de explotación de la central quedarán reflejadas en un documento que se denominará Protocolo, que formará parte de las condiciones específicas del contrato de suministro. Dicho documento regulará las condiciones de funcionamiento entre la entidad explotadora de la central y la empresa eléctrica. En él se determinarán los códigos de actuación de ambas partes en caso de incidencias que, por su naturaleza, intensidad o duración, pudieran dar lugar a alteraciones por encima de las legalmente establecidas o que pudieran afectar a la estabilidad del sistema eléctrico. En especial se definirán: 1. Parámetros eléctricos a controlar (niveles de tensión y frecuencia, efecto flicker, etc.).
2. Delimitación de los umbrales de estabilidad del sistema eléctrico. 3. Mínimos estables de los grupos convencionales existentes en el sistema eléctrico. 4. Código de actuaciones en las situaciones críticas preestablecidas. 5. Personal autorizado y vinculado al control de las centrales por cada empresa. 6. Sistema de registro de órdenes e incidencias, por cualquier medio que permita tener constancia del hecho. Si la importancia y dimensión de la central eólica lo requiere, la Administración podrá exigir la instalación de un osciloperturbógrafo. 7. En su caso, números de teléfono ubicados en los centros de mando de ambas centrales (la convencional y la eólica) para casos de emergencia o maniobra. 8. Identificación y razón social de la empresa de mantenimiento. El Protocolo, una vez firmado por ambas partes, y antes de la puesta en servicio definitiva de la instalación, será ratificado por la Dirección General de Industria y Energía. En caso de discrepancia será dicho órgano el que resolverá, en el plazo máximo de un mes, sobre el contenido de este documento, sin perjuicio de las de las acciones legales que alguna de las partes pudiera adoptar. Artículo 12.- En función de la dimensión del sistema eléctrico y de la potencia y características de la central eólica se fijará, por parte de la Consejería de Industria y Comercio, en la resolución de aprobación del proyecto de ejecución, el sistema de control y seguimiento de la explotación del parque. El grado de exigencia requerido para el control de la central eólica estará condicionado por la modalidad de explotación, elegida por el promotor, de entre las establecidas en el artículo 1, y será uno de los siguientes: Grado A: control y seguimiento de la explotación a cargo exclusivamente del promotor. Grado B: control de la explotación a cargo del promotor y seguimiento por parte de la empresa eléctrica, la cual podrá ordenar ciertas actuaciones preestablecidas, que ejecutará el promotor. Grado C: control y seguimiento de la explotación por parte de la empresa eléctrica mediante un sistema de telemando que permita regular la potencia conectable según la evolución de la demanda de carga del sistema, debiendo existir un sistema redundante de adquisición de información en el lado del promotor.
Artículo 13.- La Consejería de Industria y Comercio pondrá a disposición de los titulares y promotores de este tipo de instalaciones los mapas eólicos disponibles y los planes de actuación en energías renovables aprobados, así como cuanta otra información de carácter general esté disponible sobre el tema. Artículo 14.- Las centrales eólicas que se instalen, deberán alcanzar unos niveles mínimos de eficiencia energética que estarán en función de: a) los objetivos eólicos de los Planes de Energías Renovables, Plan Energético de Canarias y Plan Energético Nacional; b) el rendimiento del aerogenerador; c) las características eólicas de la zona y d) el emplazamiento de otros parques eólicos próximos. En lo referente al aerogenerador y con independencia del rendimiento energético de la máquina también se valorará su comportamiento en sistemas eléctricos aislados y pequeños, como los existentes en Canarias. En este sentido, el nivel de respuesta del aerogenerador debe garantizar: a) Una óptima calidad de la energía eléctrica entregada a la red. Es decir, su índice de calidad será igual o superior al de la red, medido en el punto de interconexión. b) Que las fluctuaciones que existan en la red eléctrica debido a sus condiciones intrínsecas sean soportadas, hasta un nivel aceptable, por el aerogenerador sin que pierda su estabilidad respecto de la misma.
V. NORMAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 15.- La implantación de una central eólica, cuando se prevea su conexión a las redes de los sistemas eléctricos insulares, deberá someterse a los siguientes procedimientos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la presente Orden: 1. Autorización administrativa de las instalaciones eléctricas, regulada según el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. 2. En caso necesario, reconocimiento de la instalación en Régimen Especial, regulado según Real Decreto 2.366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables. 3. Cuando se proyecte realizar la instalación en suelo rústico, se someterá igualmente al procedimiento de Declaración en concreto de utilidad pública, regulado según Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. 4. Aprobación del Proyecto de Ejecución, regulado según Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. 5. En su caso, Evaluación y Declaración de Impacto Ecológico, regulado según Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, que será previa a la autorización administrativa.
Los procedimientos 2, 3 y 4 quedan supeditados al primero de ellos, y se podrán tramitar simultáneamente con éste. Junto a la documentación requerida por dichos procedimientos, se exigirá la siguiente:
A) Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos en los que vaya a ubicarse la central. B) Plan de financiación de la central, debidamente acreditado, y distribución temporal de las inversiones a realizar. Artículo 16.- En la autorización administrativa de las centrales eólicas se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 1. Los requisitos mínimos de eficiencia a cumplir por las centrales eólicas. 2. El posible impacto visual y medioambiental que pudiera causar la instalación en el entorno. 3. La capacidad técnica y financiera que presente la entidad peticionaria para la ejecución de la central. 4. Los posibles efectos que la central eólica pueda tener sobre el funcionamiento de otras centrales autorizadas. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero, se deberá tener en cuenta no sólo la potencia conectada a cada red eléctrica insular, sino también la potencia que se encuentre autorizada. Asimismo, en la correspondiente autorización administrativa se establecerá un plazo de tres meses dentro del cual el titular de la instalación tendrá que aportar el correspondiente proyecto de ejecución, en su caso. Artículo 17.- Dentro de los límites de potencia eléctrica eólica de cada sistema insular previsto en el artículo 3º, y teniendo en cuenta criterios de planificación industrial, energética y medioambiental, así como los de eficiencia y garantías del artículo 16º, la Consejería de Industria y Comercio determinará anualmente las potencias autorizables y su asignación a los solicitantes mediante selección a través del correspondiente concurso público. Artículo 18.- Las resoluciones de aprobación de los proyectos de ejecución incluirán una cláusula estableciendo un plazo máximo de un año para la solicitud de puesta en marcha provisional de la central, contado a partir de la fecha de aprobación del proyecto de ejecución.
Artículo 19.- Los plazos establecidos en los artículos 16 y 18 podrán ser prorrogados de acuerdo con la legislación vigente. El incumplimiento de los mismos, así como de las prórrogas concedidas, provocará la revocación de la autorización y la pérdida de los beneficios derivados de la misma. Dicha revocación se producirá por resolución expresa y será publicada en el Boletín Oficial de Canarias. VI. PUESTA EN SERVICIO Y CONEXIÓN A LA RED Artículo 20.- Atendiendo al tamaño de la central eólica, la puesta en servicio de la misma podrá realizarse en dos etapas, una provisional o de prueba por un periodo máximo de 3 meses, en la que se irán conectando a la red paulatinamente los correspondientes escalones de potencia que se establezcan, y otra de puesta en servicio definitiva, una vez garantizada la estabilidad del sistema eléctrico al que se conecte. El técnico director de obra se hará responsable durante el periodo de prueba del buen resultado de la misma, mediante el correspondiente certificado. Artículo 21.- La etapa de prueba se desarrollará en una o más fases, estableciéndose el escalonamiento que se considere necesario en la conexión a la red de la potencia total autorizada. En estas fases se procederá a la comprobación, ajuste y regulación de todos los equipos de generación, transformación, protección e interconexión. Artículo 22.- Superada la etapa de prueba con resultado satisfactorio, se presentará la correspondiente solicitud de puesta en servicio definitiva de la central, adjuntando a la misma la siguiente documentación: a) Certificado final de obra, donde se incluyan, además de los datos de la instalación, los resultados de la medida de las tensiones de paso y contacto en toda la zona de influencia de la central. b) Certificado de conformidad a norma de los transformadores, celdas y demás elementos de importancia. c) Impresos de inscripción en el Registro Industrial. d) Curvas de funcionamiento de los grupos aerogeneradores y demás componentes importantes. e) En su caso, contrato de mantenimiento con instaladora de reconocida solvencia en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Examinada la documentación presentada, y previa inspección de las instalaciones, se procederá, en su caso, a emitir la correspondiente autorización de puesta en marcha definitiva.
Artículo 23.- En los supuestos de incumplimiento de las condiciones de esta norma o de las fijadas específicamente en la autorización administrativa o en la aprobación del proyecto de ejecución, la Dirección General de Industria y Energía procederá de acuerdo con las leyes vigentes, previa incoación del correspondiente expediente sancionador. En particular, en el caso de que se incurra en incumplimiento respecto a: a) Superar los límites de potencia autorizados para cada periodo de discriminación horaria. b) No alcanzar el nivel de eficiencia energética establecida para la instalación. c) No cumplir las características individuales garantizadas para el aerogenerador. el promotor estará obligado a adoptar las medidas correctoras necesarias para alcanzar tales objetivos. En el caso de que en el plazo requerido por la Administración no lo lograse, se podrá revocar la autorización para la totalidad de la instalación. Ahora bien, si se aportan razones suficientemente justificadas de los motivos de tales incumplimientos, la Administración podrá, a la vista de las nuevas condiciones existentes, modificar la potencia conectable de la instalación. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.- Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para modificar los valores límite de potencia eléctrica eólica máxima a que se hace referencia en el artículo 3 en función de los índices de crecimiento de los diferentes sistemas eléctricos canarios. Segunda.- La empresa propietaria de la red eléctrica presentará, en la Dirección General de Industria y Energía, un informe trimestral en el que se dé cuenta de las anomalías observadas en la red, y que pudiesen ser achacables al funcionamiento de las centrales eólicas, extremo que deberá ser convenientemente justificado por la misma. Tercera.- Los titulares de las centrales eólicas quedan obligados a suministrar a la Dirección General de Industria y Energía toda la información estadística que respecto a dichas instalaciones se les solicite. Cuarta.- Cualquier incidencia que se produzca y que dé lugar a la desconexión de la central eólica desde la subestación o centro de transformación de la empresa distribuidora (Nivel III), deberá comunicarse por ésta, en un plazo máximo de 24 horas, a la Dirección General de Industria y Energía. Al efecto, la empresa distribuidora queda obligada a aportar toda la documentación solicitada por dicho órgano, a efectos de resolver sobre la verdadera causa de la desconexión.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 1. Los procedimientos a que se hace referencia en el artículo 15, y en concreto los procedimientos 1, 3 y 4, se aplicarán en tanto no se dicten las normas reglamentarias que los sustituyan, en cuyo momento quedarán referidos a dichas normas, todo ello conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y en relación con el primer párrafo de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 2. A los efectos del concurso público de asignación de potencias a que se refiere el artículo 17, las autorizaciones de instalaciones solicitadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, que se encuentren pendientes de resolución, se incorporarán a dicho procedimiento concursal, constituyendo criterio adicional de selección la fecha de orden de entrada de las solicitudes en la Consejería de Industria y Comercio. DISPOSICIONES FINALES Primera.- Se faculta a la Dirección General de Industria y Energía para dictar las disposiciones administrativas necesarias para el desarrollo de la presente Orden. Segunda.- En todo lo no regulado por la presente Orden se estará a lo dispuesto, en lo que le afecte, a la Orden de 5 de septiembre de 1985, sobre normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica. Tercera.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 1996. EL CONSEJERO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO,
José Manuel Fiestas Coll.
Horas Horas Horas
punta llano valle
© Gobierno de Canarias