Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución recaída en el expediente sancionador S-1/95, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad Ogarit, S.A. la Resolución de 24 de noviembre de 1995, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
Sancionar a Ecisa Canarias, S.A. con multa de 500.000 pesetas, como autora de una infracción muy grave al régimen legal de Viviendas de Protección Oficial, tipificada en el artº. 153.C).6 del Reglamento aprobado por Decreto 2.114/1968, de 24 de julio (B.O.E. nº 216, de 7.9.68; correcciones de errores en B.O.E. de 20 de septiembre y 30 de noviembre de 1968), por los defectos constructivos constatados en las viviendas 2º, 10-B; 2º A; 1º-13 A y 2º, 9-B, así como en zonas comunes del edificio sito en la calle Sor Concepción Suárez Pérez, 1, Telde.
- Requerir a Ecisa Canarias, S.A., en virtud del artº. 155 in fine del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de un mes ejecute las obras de reparación necesarias en las citadas viviendas y zonas comunes.
- Requerir a Ogarit, S.A., en virtud del artº. 111, párrafo 2º, del Decreto 2.114/1968, de 24 de julio, para que en el plazo de un mes ejecute las obras de reparación necesarias para la corrección de las deficiencias.
Se apercibe a los requeridos de que de no proceder conforme a los requerimientos efectuados, se les irrogarán los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.
Contra este acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes desde la notificación/publicación de la presente Resolución, según establece el artº. 114 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1996.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.
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