BOC - 1996/043. Lunes 8 de Abril de 1996 - 903

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903 - RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1996, de la Dirección General de Vivienda, sobre notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VP-67/89, dirigida a la entidad Henríquez y Domínguez, S.A., en ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador VP-67/89, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Henríquez y Domínguez, S.A. la Resolución de 24 de octubre de 1995, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:

“Habiendo sido desatendida por usted la ejecución de las obras correctoras impuestas por Resolución firme de esta Dirección General de fecha 7 de marzo de 1991, recaída en el expediente de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32/1976, de 2 de agosto, en relación con el artº. 58 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre, y artº. 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en imponerle multa coercitiva por importe de ciento veinticinco mil (125.000) pesetas, cuyo pago deberá hacer efectivo en el plazo de ocho días, ante la Sección de Régimen Económico, Habilitación y Pagaduría de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, apercibiéndosele de que, de no hacerlo así en el plazo señalado, se procederá a la expedición de certificación de descubierto para su exacción por la vía de apremio.

Igualmente se le significa que de persistir en el incumplimiento de lo ordenado en la citada Resolución, se le podrá imponer sucesivas multas coercitivas hasta su total ejecución, pudiendo dar lugar, asimismo, a la incoación de nuevo expediente sancionador con carácter de urgencia, como medio de ejecución forzosa, de conformidad con lo previsto en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre.

Estas multas coercitivas, como actos de impulsión de procedimiento, no tienen carácter resolutorio y, por tanto, no son recurribles en ulterior instancia.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 1996.- El Director General de Vivienda, José María Senante Mascareño.



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